En esta campaña electoral se está hablando de cultura más de lo usual. Manizales parece estar avanzando en su percepción acerca del mundo del arte y sus múltiples expresiones, mas creo que falta mucho por recorrer y debatir. 
Soy un convencido de que la cultura debe tener, en nuestro medio, una gran base social. El Estado no podrá crear ganadores de premios Nobel, pero sí podrá cimentar público que comprenda literatura. Manizales debe volcarse hacia su periferia y desarrollar programas que ayuden a tejer red social. El futuro alcalde o alcaldesa debe pactar con instituciones como universidades, cajas de compensación, institutos de idiomas, trabajos que estén encaminados a este álgido frente. Iniciativa que no tenga ese propósito la debería ignorar y así liderar una política sencilla de cultura social. 
Así mismo, el futuro gobierno local debería enrutar a los gestores culturales independientes por este sendero para alcanzar una actividad coherente y que sumada logre un impacto definitivo. Si el Gobierno encauza, orienta, lidera, la fuerza es mayor, pero si cada institución hace y no articula con las otras, continuaremos con el desorden actual. La cultura en Manizales debería, cada año, tener un lema y desarrollarlo conjuntamente todo el sector. Con ese sencillo punto de partida se consolidaría una política de cultura abierta y lógica con la cual el Gobierno tendría argumentos para apartar tanto zángano enquistado en el presupuesto y cumplirle a la población ansiosa de arte y cultura. 
Por su cuenta, la Alcaldía de Manizales debería sacar una colección de libros de repartición gratuita en los colegios públicos y los medios masivos de transporte. En Bogotá se llaman Libros al Aire, nombre poético y etéreo que yo reemplazaría con el de libros arrieros. Fueron los arrieros los que llevaron desarrollo a todo este ramillete de pueblos que surgieron durante la Colonización Antioqueña. El arriero es práctico, sencillo y honesto porque tiene sus raíces bien ancladas en el pueblo. 
Cada mes, con un tiraje de 5.000 ejemplares, saldría un libro de 150 páginas escritas por un autor local. El aporte a la colección se le retribuye al autor con la contratación para dictar charlas acerca de su libro en 30 colegios públicos, a la vez que es el autor el encargado de repartir sus libros. De esta manera no se estarían repartiendo 5.000 libros, sino la mayor parte de ellos serían “sembrados” por su autor en el interés de un joven público. 48 meses de administración significan 48 títulos que irían desde la poesía, pasando por la historia, incluyendo la novela, ¿por qué no publicar unos clásicos locales?, abarcando textos de autoayuda, gastronomía o música. En Manizales hay autores destacados en todos estos campos. Lograría la Alcaldía, con una iniciativa tan sencilla como esta, impulsar a los escritores locales, pero especialmente formar lectores, lectores en la periferia, la cual siempre se ha discriminado. El costo de un proyecto de estos es de $20 millones al mes, incluyendo impresión, honorarios del autor y costo de transporte de los libros. ¿Quiénes podrían ser los coauspiciadores de este proyecto? Las empresas de transporte y la empresa del Cable Aéreo, tributando con responsabilidad social, serían los idóneos cooperadores para hacer “caminar” estos libros, ya que en sus vehículos, al emprender la ruta el conductor por la mañana colocaría un ejemplar en cada silla para que el pasajero lo tome y, si lo tiene a bien, lo devuelva en su próximo recorrido o se lo lleve para su casa para sumarlo a su “patrimonio” cultural. Concluiría un periodo de gobierno municipal dejando por buen camino 240 mil libros arrieros; 48 autores satisfechos de haber encontrado tantos lectores y Manizales podría ufanarse de tener, casi, un libro per capita, muy por encima del promedio nacional. El costo sería de 240 millones al año, cifra irrisoria para una empresa de tanto impacto social. 
Retomando una pica que dejé en Flandes, diría que a lo largo de un proceso de esta índole, ahora sí, sería pertinente llevar a cabo una feria del libro. Evento que no aporte su respectivo proceso no debería contar con el apoyo económico del Gobierno.