Anuncia el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, que en el segundo gobierno de Santos habrá reforma política, y que un punto importante será reducir a su mínima expresión la circunscripción nacional para el Senado. Es decir: que por la mayoría de candidatos a senadores ya no se pueda votar en cualquier municipio del país, como lo permite la Constitución del 91, sino solo en los departamentos por los cuales se presentan. Tal como se elige la Cámara de Representantes.

La justificación está basada, sobre todo, en la necesidad de darles mayor representación en el Congreso a departamentos que carecen de ella. Pero eso es discutible.

Es cierto que la estrategia por la que ha optado la mayoría de candidatos al Senado es concentrar sus votos en uno o dos departamentos, como mecanismo entendible ante el alto costo de una campaña que implique montar tablados y sedes a lo largo del país. Tanto es así que a los senadores se les suele identificar como representantes de una región en particular. Para poner un ejemplo local, cabe recordar que Víctor Renán Barco poco o nada se interesó por cautivar electores fuera de Caldas.

Análisis del programa Congreso Visible indican, sin embargo, que son más las leyes de alcance nacional, y no local, las que se aprueban en el Congreso. O sea: no porque un legislador concentre la mayoría de su votación en un departamento querrá presentar únicamente proyectos de ley que favorezcan a la población de esa región, o, si lo hace, es menos probable que a estos les den prelación sobre aquellos enfocados en beneficiar a la nación entera.

La circunscripción nacional implica, por otra parte, que los senadores deben abogar por intereses nacionales; al fin y al cabo por ellos pueden votar en cualquier parte. Otra cosa es que, cuando el ministro afirma que hay departamentos sin representación en la cámara alta, entienda la representación como la capacidad de los congresistas para gestionar, ante el Ejecutivo, recursos que beneficien a las regiones que más votaron por ellos. Insisto, como en columnas anteriores, que por arraigada que sea esa práctica, en mi concepto fomenta la distribución selectiva, inicua y sin planeación de recursos públicos. Gestionar no debe ser el grueso del trabajo de un congresista. Su deber ser es legislar y hacerle control político al Gobierno, y este precepto, como postulado moral, hay que cuidarlo y defenderlo. Que un departamento requiera dos o tres congresistas más para que el Estado central lo mantenga en su radar evidencia un mecanismo anómalo de inclusión.

Limitar la circunscripción nacional, por otra parte, restringiría a su vez la posibilidad de que lleguen al Senado congresistas que no arrasan en ningún departamento y cuyo acceso a la curul depende de un apoyo disperso en muchas regiones. Esto implica que los ciudadanos vean limitadas sus posibilidades, al recibir un tarjetón en el que figuren los caciques de su terruño junto a uno que otro espontáneo sin posibilidades. Eso es muy desalentador para un departamento tan cerrado políticamente como Caldas. Aquí hay quienes, para quedar tranquilos, preferimos votar por quienes no son de la casa: de La U, ni por Mauricio Lizcano ni por Jaime Alonso Zuluaga; de los godos, ni por Luis Emilio Sierra ni ningún yepista; de los liberales, ningún barquista ni mariocastañista; del Polo, por ningún intransigente del MOIR, que aquí manda en la izquierda. Preferimos a los políticos buenos por conocer, así lleguen de otra parte, que a los malos conocidos, vecinos incluso, cuyos prontuarios nos hacen detestar la política.