Quizá haya una forma de hilvanar tres hechos políticos y judiciales conocidos recientemente en Caldas, a pesar de que parezcan independientes entre sí. Uno, la decisión de que la campaña de Juan Manuel Santos en el departamento tenga una dirección colegiada, y no unipersonal. Dos, la absolución disciplinaria, en segunda instancia, del exgobernador Mario Aristizábal por el caso Susuerte. Y tres, la petición que la Corte Suprema de Justicia le hizo a la Fiscalía para que investigue a la representante liberal Adriana Franco por supuestos vínculos con paramilitares. El común denominador, a mi parecer, es la lentitud del sistema judicial.

Me explico. Llama la atención, por lo menos, que dentro del nuevo equipo directivo de la campaña de Santos en el departamento estén Pedro Javier Misas Hurtado y Jorge Hernán Mesa Botero. A Misas la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años por participar, como secretario de Hacienda durante la Administración de Mario Aristizábal (2008-2011), en la compra irregular de 13 vehículos oficiales que costaron $1.013 millones. El fallo de primera instancia es de finales del 2012, por lo que él espera (mientras hace campaña) una decisión de segunda instancia.

Mesa, por su parte, debería ser congresista en este momento. Renunció después de que lo detuvieron, en septiembre del 2012, para enjuiciarlo por un presunto peculado que cometió cuando fue gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales. Hoy espera su juicio en libertad (y haciendo campaña).

Parece ser que la gravedad de esos enredos, que es mucha, se atenúa con el argumento implícito de que faltan decisiones definitivas. Y ese atenuante permite, entonces, verlos hoy a ambos haciendo campaña con aparente tranquilidad. ¿Debe uno, como periodista o simple ciudadano, condenarlos públicamente por eso a sabiendas de que la justicia podría darles la razón en un futuro y determinar que siempre fueron inocentes? Quizás no, sobre todo en el caso de Mesa, contra quien ni siquiera hay una decisión de primera instancia. El caso de Misas es más ambiguo: ¿solo será culpable cuando la Procuraduría ratifique el primer fallo, y mientras tanto se sigue presumiendo su inocencia? ¿O seguirá siendo culpable hasta que el organismo de control demuestre lo contrario en la segunda decisión? ¿Cuánto habrá que esperar para resolver esa inquietud?

Parece que la expresión "condenado en primera instancia" (que aunque trata de respetar el debido proceso tiene una connotación esencialmente negativa) pasa a ser algo así como "condenado provisionalmente, es decir, inocente todavía" (que tiene una connotación de duda y, si se quiere, más benévola, que permite darse licencias sociales y políticas como las mencionadas).

Fue una ambigüedad propia de la situación que vivió el exgobernador Mario Aristizábal, y ahí paso al segundo caso. El fallo de primera instancia en su contra fue en enero del 2012, hace más de dos años, y durante ese tiempo él también se dio licencias políticas. En la pasada campaña al Congreso, por ejemplo, mientras era un "condenado en primera instancia", lo vimos, en una foto difundida en el Facebook de Adriana Franco, en un acto simbólico en el que cortó con ella la cinta para "inaugurar" el cable aéreo Manizales-Villamaría. Leí un par de comentarios de indignación que, en mi concepto, no eran para menos, sobre todo porque fue un gobernante profusa y profundamente cuestionado. Pero vuelve y juega: ¿era él, entonces, "inocente todavía"? Aparentemente sí, de acuerdo con el fallo a su favor conocido, apenas, esta semana.

Ahora bien, no se trataba de su único enredo. Aristizábal también fue destituido e inhabilitado por 13 años, en primera instancia, por la mencionada compra de carros oficiales. Le solicité a la Procuraduría información sobre el avance de ese proceso y ayer la Oficina de Prensa me respondió por escrito que él y Misas "presentaron recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de proferirse fallo de segunda instancia a cargo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación". (De esto se desprende que, por otro lado, no está definido si el exmandatario puede volver a aspirar a cargos de elección popular, al menos por el tiempo de la sanción, como se ha sugerido erróneamente. De nuevo: hay que esperar).

Un experimentado periodista al que le pregunté si a estos personajes es mejor dejarlos quietos, no molestarlos ni condenarlos públicamente hasta que la justicia emita fallos definitivos, me respondió: "esos son los problemas que deja la no pronta justicia, pues los cuestionados quedan sub judice por largos periodos. Por eso una justicia extemporánea nunca cumple con su objetivo".

Se trata de eso: de la falta de una justicia pronta que brinde certezas (partiendo de que los jueces, disciplinarios, penales, civiles…, hacen su trabajo honestamente, una condición puesta en duda, en una cantidad considerable de casos, en años recientes, sobre todo al nivel de la magistratura y de la propia Procuraduría).

Como coletazo de lo anterior, y pasando al tercer caso: ¿cuánto tiempo habrá que esperar para conocer medidas definitivas (absolución o condena) sobre Adriana Franco y los paras? La decisión de ordenar su investigación llega dos años y medio después de que alias Ernesto Báez le anunció a El Espectador que declararía en estrados judiciales lo que al parecer sabe de este asunto. Para tener un referente, la excongresista caldense Adriana Gutiérrez debió esperar (y también la opinión pública) más de cuatro años desde que la Corte Suprema le inició una investigación preliminar hasta que decidió archivarla, también sobre presunta parapolítica.

Con la lentitud de nuestra justicia pierde todo el mundo. O no. Quizá haya quienes ganan: aquellos que, a sabiendas de que actuaron mal, se aprovechan de los periodos muertos entre una instancia y otra, periodos en los que son "inocentes todavía", para seguir actuando como si nada. Vergüenza.