"Yo pensé: pues si Bernardo Jaramillo se fue para Apartadó (Urabá), a donde mandaba la guerrilla, yo me voy a Puerto Boyacá; cada cual a su vaticano". Así recuerda Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, cómo decidió en abril de 1989 irse de Caldas -donde había sido alcalde de La Merced- a la ya conocida entonces como "capital antisubversiva de Colombia", en pleno Magdalena Medio, a un paso de La Dorada. Se lo contó a María Teresa Ronderos, que lo escribió en el libro Guerras recicladas: una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. El texto es una impresionante trama de datos de 400 páginas que Ronderos convierte con juicio, lógica y responsabilidad en el desconsolador relato de la barbarie paramilitar que se extendió por cerca de 30 años, desde Henry Pérez en Puerto Boyacá hasta las bacrim que ocuparon los territorios de dominio ‘para’ tras las desmovilizaciones que impulsó el gobierno Uribe. Es interesante leerlo para precisar hechos, aunque algunos permanecen en una sospechosa y dañina ambigüedad.

Quise leerlo con ojos de caldense, buscando uno que otro dato nuevo que permita entender mejor qué papel jugó el departamento en esa guerra, y aunque por su carácter abarcador y por la mayor relevancia que adquirieron otras regiones no entra en detalles sobre lo que aquí se vivió, es interesante toparse con frases como aquella con la que comienza esta columna, con nombres locales y situaciones ocurridas en esta parte del país, que hemos conocido por separado y en el libro quedan engranadas. Está la historia de Báez, el aguadeño abogado de la Universidad de Caldas que terminó como comandante (solo político, dice él) del Bloque Central Bolívar y como formador de la personalidad política de Carlos Castaño, más de una década después de que en Manizales controvirtió cara a cara con Jaramillo, el líder de la UP, y de que fungió como secretario de Acdegam, la asociación de ganaderos con sede en Puerto Boyacá que le sirvió de fachada a las autodefensas surgidas en esa región. Ronderos también retrata a Ramón Isaza, nacido en Sonsón (Antioquia), pero que extendió el alcance de su artillería hasta Caldas, donde sus víctimas lloraron en el oriente y donde consiguió aliados como el liberal Justo Capera, cuatro veces alcalde de La Dorada. Y ahí está Hernán Giraldo, nacido en San Bartolomé, corregimiento de Pácora, luego rey paraco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Nombra al narcotraficante Jairo Correa Alzate, cercano a Rodríguez Gacha y que terminó aliado con los ‘paras’ de Henry Pérez. ¿Lo recuerdan? El libro no lo dice, pero, como se sabe, es primo del exalcalde de La Dorada César Alzate, fue dueño de la Hacienda El Japón, ubicada en ese municipio y cuyas tierras reclamaron campesinos que sufrieron el asesinato de uno de sus representantes, Jhon Jairo Builes. Correa también se alió con ganaderos que fundaron lo que luego se conoció como el Movimiento del Pueblo, hoy Partido de la U (LA PATRIA, 1/9/2013). No falta Yahir Klein, el impune mercenario israelí que entrenó paras en el Magdalena Medio y fue condenado con otros tres extranjeros por un juez de Manizales. Ronderos cuenta, sin embargo, algo que no es muy recordado: la Fiscalía de esta ciudad abrió un proceso contra cinco mercenarios que trabajaron con el británico David Tomkins, quien llegó a Colombia en dos ocasiones con el apoyo de militares para, primero, entrenar ‘paras’ con el fin de asestarle un golpe a la cúpula de las Farc a finales de los 80, en plenas negociaciones de paz; y luego, para matar a Pablo Escobar.

"El proceso, no se sabe por qué, terminó en sentencia absolutoria en diciembre de 2001", concluye la autora. Por último, cuenta que la razón por la que no se desmovilizó el Bloque Central Bolívar (BCB) -que en Caldas delinquió sobre todo en el occidente y norte por medio del Frente Cacique Pipintá- fue el desacuerdo de su comandante, alias Macaco, con Carlos Castaño, quien lo invitó a dejar el narcotráfico para entrar con mayor legitimidad a negociar con el gobierno Uribe. Hoy muchas víctimas del BCB sufren incertidumbre porque sus verdugos no están obligados a contar la verdad. Esta semana conocimos la confirmación de la condena al exalcalde de Villamaría Jairo Llano por sus relaciones con el Cacique Pipintá, y recordaba este diario que ya son cuatro los alcaldes de Caldas condenados por parapolítica (se le suman Capera, de La Dorada; Orlando Ríos, de Pácora, y Román Aristizábal, de Filadelfia, todos liberales). Guerras recicladas es la mejor introducción a lo ocurrido con el paramilitarismo en el país, pero para el caso caldense valdría la pena una revisión más detallada que compendie y trascienda los informes de prensa para dar cuenta, por ejemplo, de cómo ciertos sectores de la clase política terminaron involucrados con un fenómeno que no se gestó aquí.