A pesar de que en Colombia la salud es un derecho  amparado por la Constitución Política y ratificado por la Corte Constitucional como derecho fundamental autónomo, la realidad es que este derecho depende de distintas circunstancias, entre otras, del desarrollo de políticas públicas, de los recursos existentes y en particular de la decisión y voluntad política de los funcionarios de turno. En gran medida la efectividad de este derecho depende de la capacidad adquisitiva de la gente porque en la vida real el sistema está en quiebra y los burócratas trabajan incansablemente para disminuir sus costos, incluso, si para ello hay que arriesgar la vida de los pacientes.  A 14 billones de pesos asciende la deuda que tienen las EPS con las clínicas y hospitales del país. 
Resulta lamentable por decir lo menos que las decisiones burocráticas incluyan la vida de las personas. ¿Quién se cree con el derecho de tomar decisiones que pongan en riesgo la vida de un ser humano? 
Por nombrar sólo algunos casos, en Colombia más de la mitad de los enfermos de cáncer, 37.894 de los 71.442 diagnosticados, murieron por falta de prevención y atención. Cifras de Globocan para 2012, indican que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños entre los 2 y 14 años y la tercera en adultos.  Mientras que en países desarrollados el 70% de los niños supera la enfermedad, aquí sólo el 40% lo logra.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría,  Nicolás Ramos, las EPS han disminuido la cantidad de camas para niños por considerar que no son rentables. La situación resulta tan alarmante que en el país hay 14 camas por cada 10.000 habitantes, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que haya 26. De acuerdo con cifras tomadas de distintos medios de comunicación, en los últimos cinco años se han cerrado más de 750 camas pediátricas por considerarlas “mal negocio”. 
Alarma  que en el país se volvió regla que para acceder al sistema de salud, los pacientes tienen que acudir a acciones judiciales como tutelas y quejas: 115.147 tutelas (320 por día)  y 645.147  quejas (1.768 por día) presentaron los ciudadanos durante el 2013. El 70% de las tutelas de salud fueron por procedimientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que demora la atención efectiva y arriesga la vida de las personas. 
En Bogotá, la administración distrital tomó la decisión de reducir el número de ambulancias por considerar que el uso de la misma causa un detrimento patrimonial y que éste es un servicio privado que deben pagar los ciudadanos de su bolsillo o a través de sus EPS.  Cifras de la OMS, indican que el promedio de ambulancias por habitante es de 1 por cada 25 mil; en Bogotá hay una ambulancia por cada 100.000 personas. La atención de urgencia que brinda una ambulancia puede hacer  la diferencia entre la vida y la muerte. 
 De otro lado, En este momento las cárceles están en emergencia por la situación de salud de más de cinco mil presos afectados por enfermedades como VIH, cáncer, diabetes y problemás psiquiátricos.  La crisis en la prestación del servicio de salud tiene afectados a 74 centros penitenciarios. En La Dorada (Caldas),  presos decidieron coserse la boca y hacer huelga de hambre por la precaria situación de salud y hacinamiento en que viven. 
 A pesar de los anuncios del Presidente Santos que la ley estatutaria cambiaría el rumbo de la salud en Colombia, su ministro  Alejandro Gaviria,   criticó a la Corte Constitucional cuando a través de la Sentencia C-313 de 2014 amplió el Plan Obligatorio de Salud al punto de casi eliminarlo para que se provea lo que el paciente necesite y afirmó que  “la Corte quiere que todos coman langosta”, como si ello fuera por ley un privilegio de pocos.  
En Bogotá, por su parte, el Alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, decidieron reducir en cerca  de la mitad el número de ambulancias y condenar a muerte a ciudadanas y ciudadanos que requieran el servicio porque según dijo Peñalosa en el Congreso: “(…) en todas las ciudades del mundo mueren personas esperando una ambulancia (…)” a lo que su Secretario Morales añadió:  “(…) seguro habrá más casos de muertes por no despachar ambulancias”.
Me pregunto ¿será que a estos funcionarios les podemos aplicar el artículo 131 del Código Penal denominado Omisión de Socorro y según el cual  “el que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años”? Estos señores en lugar de cuidar la vida, se dedican a administrar la muerte.