La Corte Constitucional ha anunciado, en una época que se presta a suspicacias, que revisó el texto de la Ley Estatutaria de Salud. Las informaciones y los conceptos aparecidos desde el jueves pasado han sido fragmentarios. Unos se ufanan del articulado, otros se vanaglorian de sus acciones como gobernantes, otros se atribuyen responsabilidades benéficas en los textos, otros más se satisfacen con las supresiones a las limitaciones impuestas a la ley desde el gobierno y confirmadas por el Congreso. ¡Todo es una esperanza!

Lo fundamental de la norma es la confirmación constitucional de que los colombianos tienen el derecho fundamental a la salud. Lo demás debe servir para apoyar este hecho que ha sido vulnerado millones de veces por el Estado, las Empresas Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud, los funcionarios del sector de la salud y muchos más que han ignorado el deber que tienen de cumplir con la solidaridad hacia la salud propia y de los demás.

Lo importante es analizar todo el texto de la nueva ley, haciendo reflexiones sobre los diferentes artículos y sus impactos en la vida cotidiana de los colombianos a través de la Promoción de Salud, la Prevención de la Enfermedad, la conservación de la salud con todos sus factores y elementos involucrados, la rehabilitación personal y comunitaria y así pueden enumerarse tantos acápites que es imposible listarlos en este espacio y momento.

Ahora bien: ¿Cómo deben llegar hasta el simple ciudadano, pero el objeto esencial del Estado, los beneficios consagrados en la ley que superado el análisis de la Corte, deberán ser ratificados y reglamentados por el proyecto de ley que cursa en estos momentos en el Congreso y que posteriormente deberá consolidarse en los decretos reglamentarios?

Ahí estará la identificación de la fortaleza de los gobiernos nacional, departamental y municipal para hacer cumplir lo establecido. Sobran la palabrería y los deseos solitarios o múltiples plenos de solo buenas intenciones entregadas al vacío. Porque si ello continúa, millones de tutelas seguirán reclamando derechos conculcados.

El ciudadano, el paciente y su familia o allegados deben tener a su alcance un servicio de salud más identificado con las necesidades y sus soluciones oportunas con calidad. Lo demás es teoría legal o politiquera.

No deberán continuar expresiones derivadas de la realidad como éstas:

Hice fila desde las 4:00 de la madrugada para obtener un turno de atención.

Me empapé hasta los interiores esperando que me atendieran.

El portero no me dejó pasar a urgencias.

Refiriéndose al médico que lo atendió: ¡Ni me miró!

Tuve que solicitar un préstamo para pagar los medicamentos que me solicitaron en urgencias, observación y hospitalización.

Estuve 12 horas sin atención.

Me acostaron en el suelo porque no había camillas.

Durante tres días estuvieron buscando una cama para mí, por eso no me remitieron desde el pueblo, a pesar de la urgencia.

La ambulancia no tenía oxígeno, ¡Se acabó!

Mi hija se murió porque no había recursos para su postparto.

Firmé el consentimiento informado bajo la lámpara del quirófano, cubriéndome únicamente con una batica porosa y sin lentes.

El médico sólo me atendió una vez y estuve hospitalizado cinco días.

Tengo dolor y me dieron una cita con el especialista para dentro de tres meses.

No me atendieron en urgencias porque no aparezco en las bases de datos.

La clasificación, triage, me lo realizó una persona no capacitada y sin experiencia.

No encontré agendas abiertas, dijeron que volviera en un mes.

Mi padre murió transitando de un hospital para otro en un vehículo.

Me reclaman diariamente el pago de la cuota como independiente.

Los medicamentos me los entregan en cuatro semanas.

Me enviaron para tratamiento a la capital vecina, asumiendo personalmente ciertos costos.

Lo expresado no es sino la muestra de lo que sucede a cada instante. Al paciente no le interesa si hay o no dinero y si este tiene impacto en las instituciones, lo que impera es la atención a su salud, con un paciente y su familia bien disciplinados.