La división en el país entre sectores que adoptan una u otra posición frente a temas de actualidad se hace cada vez más grande. Son frecuentes las polémicas sobre decisiones políticas y judiciales, especialmente de la Corte Constitucional, porque están relacionadas con los derechos fundamentales y la interpretación de normas a la luz de la Constitución.

La última de estas polémicas apenas empieza, con el trámite que cursa en el Congreso del referendo que busca limitar la adopción a parejas heterosexuales, proyecto presentado por la senadora Viviane Morales. Por un lado están quienes ven en esa iniciativa la posibilidad de definir la posición de los colombianos frente al tema y establecer de una vez por todas, con una reforma constitucional, las reglas de juego para los trámites de adopción de cientos de niños, niñas y adolescentes abandonados y que esperan gozar del amor y respaldo de una familia. De otro lado se encuentran quienes opinan que esta es una manera de excluir de la adopción a personas que tienen todo el derecho de formar una familia, entre ellas parejas del mismo sexo y solteros, quienes también perderían toda posibilidad de adopción. Algunos de los que se oponen a la convocatoria de un referendo manifiestan que un proyecto que limite la adopción afectaría a los menores que esperan por una familia, porque se negaría la oportunidad de que más niños tengan un hogar.

Justamente son los niños los más perjudicados en toda esta polémica, porque quienes han manifestado sus posiciones en uno u otro sentido piensan más en sus convicciones religiosas, políticas, sexuales o de otra índole, por eso las discusiones se deberían centrar en adelantar acciones para brindar una atención integral a los menores que se encuentran en estado de abandono y optimizar los trámites para hacer más expedito el proceso de adopción en el país, eso sí, garantizando que la familia que los acoja les brinde el cuidado y amor que necesitan para crecer y formarse como personas que contribuyan a la sociedad.

Pienso que no se han estudiado con detenimiento las cifras de menores en condiciones de abandono, muchos de ellos son niños y niñas abandonadas por sus familias, rescatados de las calles y víctimas del conflicto armado.

Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, más de cinco mil menores de edad esperan ser adoptados, muchos de ellos en condiciones especiales por ser los menos requeridos para adopción, tales como ser mayores de diez años, poseer alguna discapacidad o enfermedad permanente o estar dentro de un grupo de hermanos.

Reporta el ICBF que el año pasado fueron dados en adopción 1.082 menores, 573 a familias colombianas y 509 a familias extranjeras, mientras que este año han sido entregados 782 menores, 430 a colombianos y 352 a extranjeros.

Sin embargo actualmente hay más de 1.800 familias en lista de espera para adoptar, a pesar de ello el ICBF reporta que en los últimos años las adopciones se redujeron en más del 50 por ciento.

Esa es la situación que se debe analizar al momento de tratar de buscar solución al fenómeno del abandono infantil en Colombia. Pensar en cada uno de los menores en espera por atención y que cada año que se postergue la implementación de acciones efectivas, se hace más difícil que puedan encontrar una familia que los acoja.

Apenas fue aprobado el segundo debate de la iniciativa que busca consultar a los colombianos sobre quiénes deberían adoptar en Colombia y su estudio pasa ahora a la Cámara de Representantes, lo mínimo que se les puede exigir a los congresistas es sensatez en las discusiones que aún le quedan a este proyecto. La prioridad deben ser los niños, la educación de ellos es la única salida para la restauración de una sociedad descompuesta como la nuestra.