De acuerdo con la Dian, en 2017, el recaudo por IVA y combustibles, que gravan por sobre todo a los sectores populares y a las clases medias, aumentará en 9,0 billones de pesos, al tiempo que el impuesto de renta disminuirá en 1,89 billones. Y al 2022 las cosas serán peores: IVA y combustibles llegarán a 15.6 billones y el cuatro por mil -que también es indirecto-, a 11,35 billones, en tanto la renta apenas se incrementará en 0,38 billones. En resumen, entre 2017 y 2022, los impuestos regresivos se incrementarán en 26,9 billones y la renta en casi nada. Como si fuera poco, la casi totalidad de la disminución en renta favorecerá a las trasnacionales y a otras cuantas empresas mayores -de 43 a 32 por ciento-, antes que a las pequeñas y medianas -de 34 a 32 por ciento-. Y a la clase media asalariada o que gana honorarios le aumentarán los tributos.
La reforma viola entonces el artículo 363 de la Constitución -que establece que los impuestos deben ser progresivos, lo contrario de regresivos- y empeora el estado de cosas inconstitucional que padece Colombia, porque ya hoy, antes de estos cambios, los impuestos indirectos -IVA, combustibles, 4x1.000 y aranceles-, aportan la mitad del recaudo.
En cualquier texto elemental sobre asuntos tributarios se explica que lo que debe debatirse en una reforma tributaria no es en qué se gastará la plata -¡ojo!, porque los desplumadores siempre harán demagogia sobre los fines “nobles” de sus gastos-, sino quién la pagará y si los impuestos serán progresivos o regresivos, de signo democrático o no. En general, son regresivos, y deben repudiarse, los que gravan igual a quien tiene mucho que a quien tiene poco o nada. Y progresivos, aquellos cuya tasa se eleva en proporción al aumento de la suma a gravar. Por ejemplo, 10 por ciento de tributo sobre un monto de X, 20 por ciento sobre 3X, y así.
El carácter inevitablemente regresivo del IVA es fácil de visualizar. El mismo 19 por ciento pagarán por un jabón de dos mil pesos el más pobre y el más rico, pero para el primero esos 380 pesos -multiplicados por todos los que consuma al año- representan una suma considerable, mientras que para el segundo, en cambio, es despreciable. Uno tendrá que reducir su escasa alimentación para poder pagarla, en tanto que el otro se enriquecerá menos en una suma microscópica para él. 
Además, como los pobres y las clases medias son casi todos, ellos aportarán la casi totalidad del recaudo. Igual pasa con el aumento del impuesto a los combustibles -los desplumadores lo etiquetan como “verde”, y posan para la foto-, que grava proporcionalmente menos al magnate que al dueño de un pichirilo o que al pobre que monta en bus o compra una panela. El impuesto a las gaseosas es regresivo por el simple hecho de ser IVA -¡un billón de pesos les sacarán a las gentes!-, aun si fuera cierto, que no lo es, que esa es la mejor manera de cuidar la salud. Y también por ser de 300 pesos por litro, con independencia del precio de cada litro, cuando hay grandes diferencias entre las marcas. 
La progresividad también debe expresarse en cada una de las partes de un sistema tributario. Es regresivo que todas las empresas paguen la misma renta del 32 por ciento, como lo ha denunciado la Acopi Bogotá-Cundinamarca. En Estados Unidos, valga el caso, las tasas de las empresas se inician en 15 por ciento y se elevan, por escalones, hasta el 39 por ciento. La regresividad del 4x1.000 salta a la vista: los mismos cuatro paga el mayor movimiento financiero que el menor. Es el colmo de lo regresivo que a los tenderos, además, los quieran gravar no por sus ganancias sino por sus ventas. Con toda la razón, ¿cómo sería la protesta de las mineras si las trataran igual? Entonces, no hay que dejarse engañar por los neoliberales, que siempre actúan como Colbert, el ministro de Luis XIV: una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y el truco principal suele ser ocultar quién la paga y cacarear en qué se gasta.
Entre las astucias calculadas para que los desplumados queden en deuda con Santos y Cárdenas está que habrá cárcel para los evasores de impuestos. Paja. Porque el artículo que la ordena tiene un parágrafo que establece que el pillo no la pagará si llega a un acuerdo con la Dian, lo que siempre ocurrirá porque nadie prefiere terminar tras las rejas que pagar una plata. Y esto ocurre cuando ascienden a 18 billones de pesos los impuestos que no pagan los colombianos que tienen 100 mil millones de dólares escondidos en paraísos fiscales en el extranjero.
Coletilla. Le solicité al Polo que iniciara el proceso para escoger su candidato presidencial para el 2018 (detalles en http://bit.ly/2eWtONI).