En medio de uno de los mayores escándalos de la historia de Colombia, en 2011, la Contraloría sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 1,4 billones de pesos. Pero el fiscal (e) Jorge Perdomo acaba de decir que la Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen”. Agrega que el liquidador de la EPS reduce lo perdido al seis por ciento de los 1,4 billones y que Saludcoop -pobrecilla-, según el exsupersalud Gustavo Morales, fue víctima de funcionarios de la Contraloría. Y concluye que los temas legales de la salud “son muy discutidos”. Mucho me temo que concluya -con el respaldo del Ministerio de Salud, por razones que se verán- que las tales corruptelas de Saludcoop no existieron.
De entrada, la teoría de la conspiración de la Contraloría se cae porque, en 2004, la Superintendencia de Salud sancionó a Saludcoop por la apropiación ilegal de 195 mil millones de pesos, sanción que en 2010 y por las mismas razones elevó a 627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008. Y porque esta fue respaldada por sendas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, a pesar de que el primer supersalud santista, Conrado Gómez, intentó revocarla. Y naufraga porque la sanción de la
Contraloría por 1,4 billones de pesos -por el desfalco entre 1998 y 2010- se apoya en la misma línea argumental de ilegalidad, de manera de calcular la defraudación y de resarcirla, que usó la Superintendencia de Salud.
También contradice a la Fiscalía que estas no sean las únicas sanciones y denuncias contra Saludcoop. La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio. La Superintendencia de Industria lo condenó por crear un “cartel” con otras EPS -el calificativo es de la Superindustria- para, entre otros delitos, pagarse dos veces por el mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga. En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el que esta EPS le robó al Fosyga 27 mil millones de pesos al cobrarle por lo que no había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron efectivos. Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop -con Cruz Blanca EPS y Cafesalud EPS- infló en 825 mil millones de pesos sus gastos en medicamentos, según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia.
Para agravar esta historia, con el conocimiento del ministro Alejandro Gaviria y del superintendente de salud Gustavo Morales, los interventores del gobierno en Saludcoop, incluido Guillermo Grosso, siguieron tomando el mismo tipo de decisiones ilegales sancionadas y prohibidas por la Supersalud y la Contraloría, de manera que entre 2011 y 2013 pasaron al patrimonio de la EPS 708 mil millones de pesos de la plata de la salud de los colombianos, mientras que sus usuarios -hoy en el desastre de Cafesalud- padecen y mueren por males que la medicina sabe curar.
El gran monumento a la impunidad que puede estarse erigiendo nos da la razón a quienes reclamamos cuando Juan Manuel Santos se atrevió a convertir en fiscal a Eduardo Montealegre, que venía de tener contratos con Saludcoop por 2.746 millones de pesos, y por los fuertes vínculos de Enrique Vargas Lleras con dicha EPS, al ser abogado defensor de Palacino en el Cartel de la Salud y miembro de la junta directiva de Cafesalud prepagada. Y porque en 2004 Montealegre produjo un concepto contratado por Saludcoop que sostiene que la plata de la salud puede pasarse al patrimonio de las EPS, para que estas se la gasten, literalmente, en lo que se les dé la gana, en Colombia o en el exterior. Tan insostenible es su doctrina -que podría llamarse Montealegre-Palacino-Perdomo-Gaviria-, que la rechazaron la Supersalud, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el Consejo de Estado, la Contraloría y la Procuraduría. De paso, fracasó el cuento de que el fiscal ad hoc de esta historia efectivamente reemplazaría al fiscal en propiedad.
¿Cómo actuará en este proceso el fiscal Néstor Humberto Martínez? Toca esperar por sus actos. Pero no hay que hacerse ilusiones, pues en las ilegalidades de la Altillanura respaldó a Carlos Urrutia y a sus abogados “sofisticados”, los cuales, como en Saludcoop, interpretaron la ley torciéndole el pescuezo. Ojalá la opinión pública y siquiera una parte de quienes le forman su pensamiento salgan en defensa de los recursos de la salud de los colombianos. En lo que a mí respecta, no guardaré silencio y espero poder debatir este horror en el Senado.