Nuestro espacio urbano transformado que habla por sí mismo y escribe con su arquitectura y modelados su pasado y presente en sus paisajes, aún exhibe la exuberancia de la Manizales de ayer en su monumental arquitectura ecléctica, la del centro histórico que surge tras los incendios de los años veinte, y hoy víctima del abandono, de los procesos de lumpenización y de la pérdida del espacio público; y también, sobre el serpenteante Carretero que se construye desde Fundadores para llegar a la Estación del Cable de 1922, con los continuos urbanos entreverados de épocas que vienen desde entonces y pasan los cincuenta, la ciudad muestra cómo se expande al abandonar la vieja retícula urbana, para adoptar un trazado orgánico ajustado a las curvas de nivel. 
Luego de los años 70, Manizales experimenta un nuevo cambio: esa "cometa con cola hacia el oriente" se expande, adquiriendo la trama urbana una "estructura satelital" al ocupar de forma conflictiva, primero las frágiles laderas y luego las áreas periurbanas, presionado el ecosistema andino para establecer las nuevas barriadas populares para albergar legiones de campesinos que abandonan la vida rural consecuencia de la violencia y de una caficultura que se industrializa.
Entrado el siglo XXI, con la expedición del acuerdo 508 de 2001 que adopta el POT que ahora se reformula, Manizales precisa espacialmente un modelo de ocupación del suelo que reconoce la conurbación del territorio proximal al considerar la Subregión Centro-Sur, cuando dice que la ciudad "crecerá ligada al desarrollo territorial con los municipios vecinos, buscando consolidar la Subregión y el municipio-región, concertando, promoviendo y ejecutando en común proyectos estratégicos de amplio impacto, con miras a que se fortalezcan las relaciones físicas, económicas y sociales entre lo territorial y la región".
Pero ahora, si se desea un POT visionario, además lo prometido en esa meta no alcanzada, habrá que emprender una gestión urbano-regional para prevenir conflictos y potenciar desarrollos en el territorio distal ya conurbado por lo menos hasta Pereira, reto que invita a profundizar temas fundamentales como el transporte público interurbano, la complementariedad económica, el uso sostenible del patrimonio hídrico, la sustentabilidad de los ecosistemas compartidos, el desarrollo rural y las migraciones campesinas, el Paisaje Cultural Cafetero y la consolidación de macroproyectos estratégicos para la conectividad regional.
Para esa construcción del territorio conurbado, el gobernante podrá fortalecer su capacidad de gestión desarrollando estrategias que consideren entre otros factores, estos tres que subraya Antoni Gutiérrez-Rubí en El País, al escribir “Ciudades para la vida: los límites del poder":
En primer lugar, la porosidad del territorio, donde dice que hoy el poder político real del alcalde, supera las fronteras formales de su jurisdicción. Sin dejar de lado el actuar sobre las demandas económicas, sociales, ambientales e institucionales de Manizales, cada vez gana relevancia la capacidad de atender las crecientes interrelaciones metropolitanas, puesto que la integración de las capitales cafeteras ahora, y en el mediano plazo con Cali y Medellín, obliga a superar la concepción parroquial de nuestros territorios urbanos que van quedando sin fronteras.
En segundo término, la urbanización del territorio supera las competencias de sus administraciones locales. Conforme en el Eje Cafetero se van borrando las fronteras urbanas, el poder político va quedando más condicionado a su capacidad de comprender, interpretar y liderar problemáticas sin fronteras, como el tema aeroportuario y otros potenciales conflictos, cuya solución depende de alianzas entre actores sociales que no comprenden los límites administrativos y económicos, pero si las urgencias de las acciones interinstitucionales y de la cooperación entre el gobernante, el sector empresarial y las comunidades de base de la Ecorregión Cafetera.
Y tercero, las otras legitimidades y nuevas representaciones que hacen de la intermediación político institucional un instrumento cuestionado. Efectivamente, en un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano, la naciente cultura urbana y una sociedad civil más desarrollada que ya se advierte en las capitales cafeteras, imponen nuevos límites al poder democrático y legítimo otorgado en las urnas a nuestros mandatarios, por lo que al resolver los grandes conflictos del territorio habrá que emprender procesos participativos para lograr la construcción de soluciones de consenso, soportadas en alianzas entre instituciones, sociedad civil y empresas, para crear las condiciones de equidad, justicia y progreso que anhela la región.