De conformidad con evidencias de los últimos 4.300 años encontradas en bancos de coral de la república de Kiribati, un archipiélago del centro-oeste del Pacífico, analizadas en 2013 por científicos australianos, aunque el desarrollo del fenómeno meteorológico del ENSO conocido como El Niño/La Niña es de carácter cíclico y comportamiento errático, a largo plazo la fuerza de este fenómeno puede cambiar como consecuencia del calentamiento global, generando eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías en diferentes regiones del planeta. Mientras para Colombia el fenómeno El Niño se manifiesta con un déficit de lluvias, en Perú y Bolivia lo hace con lluvias torrenciales.

De conformidad con los informes del Centro Internacional del Clima para el Oeste de Sudamérica, las actuales condiciones océano-atmosféricas del Pacífico sugieren un evento El Niño en desarrollo, cuya evolución estaría orientada hacia el Pacífico Oriental, y no sobre el Pacífico Central tal cual había venido ocurriendo durante los eventos El Niño durante la última década. Dicho pronóstico se soporta en el comportamiento en intensidad y duración de los vientos en superficie y altura, y en la configuración espacial de las anomalías de la temperatura del Pacífico ecuatorial, mostrando en las tendencias persistencia en el transporte de calor hacia el costado americano y debilitamiento sistemático de los vientos zonales durante las siguientes semanas.

Sabemos que en la región andina de Colombia, el clima es bimodal: cada año tenemos dos temporadas secas que parten desde los equinoccios (junio 21 y diciembre 22) y dos húmedas a partir de los solsticios (marzo 21 y septiembre 22). Conocemos también que, además de una exacerbación de los eventos climáticos extremos asociada al ENSO, mientras El Niño trae más huracanes al Caribe como amenaza para el archipiélago y la costa norte, con la temporada seca se darían desabastecimiento de agua e incendios forestales; contrariamente en La Niña el ENSO se acompañaría de lluvias torrenciales que ocasionan deslizamientos en zonas montañosas e inundaciones en sabanas, valles y llanuras.

Si en Colombia, la temperatura podría ascender de 3 a 4 grados centígrados en dos generaciones, la pregunta es cómo nos hemos preparado para enfrentar el calentamiento global, máxime ahora cuando esperamos eventos extremos para una situación climática en la que las probabilidades de El Niño superan las de una fase neutra. Habrá que empezar por reconocer la vulnerabilidad existente mientras las políticas públicas continúen enfocadas a satisfacer los desafíos del mercado y no los del desarrollo sostenible, por estar concebidas para el crecimiento económico sin pensar en la sostenibilidad ambiental, sin importar las comunidades rurales que dependen de la economía campesina.

¿Acaso no se fortalece la gran minería y no la minería artesanal, no se financia la expansión de la frontera agrícola con la agroindustria sin importar la economía rural ya establecida, y no se amplía el espacio urbano en lugar de redensificar y dotar la ciudad para el transporte colectivo y la movilidad autónoma?

En primer lugar, lo que se ha logrado: tras las experiencias del desastre de la erupción del Ruiz (1985) y del terremoto del Quindío (1999), durante la última década se fortaleció el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, no solo incorporando la dimensión del riesgo al ordenamiento territorial y a la planeación territorial y sectorial, y complementando con la prevención y la reconstrucción las actividades de atención para las fases de emergencia y desastre, sino también fortaleciéndolo al redimensionar la capacidad operativa de la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

En segundo lugar, lo que debe hacerse: además de reforestar las cuencas andinas buscando la apropiación social de prácticas forestales y productivas no conflictivas, hacer lo propio en la lucha contra la deforestación que aún cobra cien mil hectáreas por año en la región andina colombiana, para apoyar el esfuerzo del sistema nacional ambiental, implementando las acciones de control y vigilancia contra la madera ilegal y las estrategias para la gobernanza forestal a lo largo de la cadena productiva y de forma coordinada, entre las instituciones del Estado, la empresa y la sociedad civil.