"Hay una preocupación que, desde San Agustín a Kelsen, recorre la historia del pensamiento político, a propósito de la experiencia del poder: ¿cómo distinguir el de las instituciones estatales legítimas, del ejercido por una banda de ladrones?" (Perfecto Andrés Ibáñez. Corrupción y Estado de Derecho, El papel de la jurisdicción) .

La Constitución Política de 1991 trajo para los colombianos tres instituciones y un recurso de amparo, que a nuestro modo de ver, como ciudadano y abogado, impactaron de manera positiva una realidad social que vivía anclada en la añosa Constitución de 1886, con sus respectivas reformas; fueron ellas en primer lugar, la Corte Constitucional, en segundo lugar la Fiscalía General de la Nación, en tercer lugar la Defensoría del Pueblo, y en cuarto lugar la Acción de Tutela.

Transcurridos casi veinticuatro años de establecimiento de la jurisdicción constitucional, ahora la Corte afronta una de las más duras crisis, pues en boca de pocos, se le hace creer a muchos que es un verdadero campo de operaciones de impresionantes fenómenos de corrupción.

Atrás han quedado ahora todas esas providencias emblemáticas que, para algunos incluso alcanzaron el calificativo de "herejías constitucionales", por haber sido un buen ejemplo de lo que significa una "revolución jurídica", es más, ahora ya se ha olvidado que fue precisamente por una sentencia de la Corte Constitucional que se evitó que en el país estuviéramos ante una reelección indefinida del gobernante de turno. Por eso muchos abogados solemos decir que nuestro libertador no fue precisamente Simón Bolívar, sino Humberto Sierra Porto el magistrado ponente de la sentencia "antireeleccionista", quien con otros magistrados de la Corte -salvo Jorge Pretelt y Mauricio González- encontraron que los vicios incurridos en el trámite de la iniciativa reeleccionista eran insalvables.

A la opinión pública le debe quedar claro que la Corte Constitucional ha cumplido un papel preponderante en trabajar por y para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de allí la gran repercusión que han alcanzado muchos de sus fallos, razón por la cual la Corte Constitucional ha resultado ser una de las instituciones, nacidas de la Carta Política de 1991, mejor evaluadas en el ámbito académico, en los medios de comunicación y por el ciudadano de a pie. La hipótesis que se pretende mostrar ahora, dista mucho de lo que es y ha sido la Corte Constitucional, y digámoslo de una vez, la responsabilidad por lo que está sucediendo en el caso del magistrado Jorge Pretelt sólo puede atribuírsele, única y exclusivamente, a él, y a lo sumo también a quienes lo postularon y lo eligieron para ser magistrado de ésa alta corporación, como diría Pepe Mujica, expresidente de Uruguay: "no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar", es más, es el mismo origen político en la designación de los magistrados de la Corte, su elección por el senado de la República, el que ya pone en duda su independencia, su autonomía y su imparcialidad como jueces constitucionales que son.

Para decirlo en palabras del señor ministro de Justicia, doctor Yesid Reyes Alvarado: "Yo creo que llegó el momento de que el magistrado Pretelt, aún cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, se aparte de su condición de magistrado de la Corte para enfrentar los problemas jurídicos que tiene sin que salga salpicada la Corte Constitucional".

Conscientes del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia que ampara a cualquier sindicado, unimos nuestra voz a la del Ministro de Justicia, para solicitarle a Pretelt que renuncie a su cargo de magistrado, ésa sí es una buena manera de mostrarse, al menos, como un ciudadano respetuoso de una institución que como la Corte Constitucional, nos ha permitido otro imaginario social.