El modelo que ha surgido después del último paro campesino para concertar la política agraria y rural del país es un proceso en el que todos pierden. Los campesinos amenazan con paro o interrumpen el tráfico en las principales carreteras del país y el gobierno responde improvisadamente con subsidios y soluciones mal concebidas a la carrera, que sirven para apaciguar a los huelguistas y que finalmente no se aplican, o solamente se aplican a medias, lo que se convierte en el germen del próximo paro campesino. Por este camino no se van a cosechar sino frustraciones. Hace falta una política de desarrollo rural integrado.

Este es el propósito implícito de la misión rural que fue inaugurada recientemente y que en las etapas preparatorias del próximo paro campesino no ha figurado como protagonista, cuando debería estar en primera fila. Los problemas rurales están documentados y lo que hace falta es concebir y poner en práctica cuanto antes las políticas que se derivan de ese.

En enero de 2013 publiqué un artículo en el que resumía algunas de las principales revelaciones de un proyecto de investigación que estaba en curso en Fedesarrollo (José Leibovich, Silvia Botello, Laura Estrada y Hernando Vásquez, "Políticas para el Desarrollo de la Agricultura Colombiana") que puso sobre la mesa un maravilloso abanico de conocimientos sobre la economía campesina colombiana que sirven de guía para preparar una lista de posibles acciones encaminadas a ejecutar un programas de desarrollo campesino integrado que resumo a el ingreso per cápita promedio de los productores pequeños con título de la tierra o que la tienen arrendada es respectivamente 2.3 veces y 3.9 veces el de la unidad productiva sin título.

Las aparcerías son 2,2 veces más productivas que estas últimas. Los departamentos con mayor número de minifundios (Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander) más o menos coinciden con los de mayor número de grandes productores. Un programa de acceso a la tierra en esos departamentos, sea vía adquisición, adjudicación o arrendamiento, revolucionaría al sector agrícola y no daría lugar a migración o a desplazamiento de población.

Los campesinos que reciben crédito ganan en promedio 80 por ciento más que los que no lo reciben. Las unidades productivas pequeñas con acceso a crédito y asistencia técnica son 3 veces más productivas que las que no tienen acceso a ninguno de estos dos servicios. El ingreso promedio per cápita de los productores que tienen transporte es 3 veces superior que el de los que no tienen acceso.

Esa información da pie para crear un programa de desarrollo rural integrado emprendido por una institución de carácter mixto financiada con recursos generado por el ajuste del catastro rural que respondería a las necesidades reales de los campesinos tendría los componentes del ramillete de factores que benefician a los productores (acceso a tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación y acceso a tecnología, a transporte y a mercado). Haría falta para que el éxito del programa un compromiso oficial de darle independencia y protegerlo de los barones electoreros en los departamentos.