Como una parodia del viejo refrán “zapatero a tus zapatos”, en la administración pública, cuando los buitres del erario saben de partidas destinadas a determinado propósito, hacen lo posible por acceder a esos recursos, así no sepan cómo cumplir con el objetivo que se busca. Ejemplos hay por cantidades, en todas las instancias estatales, desde el más humilde corregimiento hasta el alto gobierno y las entidades anexas, pero dos son protuberantes, sin que haya posibilidad de que se enmienden, porque detrás de los desafueros hay gente pesada, muy pesada. La salud es un caso.
El sistema de régimen contributivo consiste en que a las personas que devengan remuneraciones por cualquier servicio se les retenga un porcentaje para cubrir sus necesidades de salud y las de sus familias. Esa plata la manejan las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y atienden las necesidades de los afiliados a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) (clínicas, hospitales, laboratorios, etc.). Y el régimen subsidiado cubre a las personas insolventes o que trabajan informalmente (rebusque), también a través de las IPS y los costos los cubren los entes oficiales (alcaldías y gobernaciones) con recursos del Fondo de Seguridad y Garantía en Salud (Fosyga). Las EPS tienen unos parámetros de cobertura con ciertos topes; y lo que excede de éstos lo cubre el Fosyga, para lo cual es necesario que el usuario interponga una acción judicial (Tutela).
Existen en el mercado asegurador empresas tradicionales, de reconocida idoneidad y eficiencia; y las Cajas de Compensación Familiar, cuya infraestructura de servicios y solvencia económica y moral son inobjetables. Esas dos, aseguradoras y cajas de compensación, eran las llamadas a asumir la administración de los recursos para la prestación de los servicios de salud. Pero cuando los “vivos” calcularon el volumen de plata que iban a manejar las EPS se les pusieron los ojos como un dos de oros y se apresuraron a crear empresas para tal propósito y a procurar que las entidades a las que tenían acceso les vincularan sus trabajadores; o acometieron agresivas gestiones comerciales para afiliar la mayor cantidad posible de aportantes. 
Un dato es protuberante, ¿o espeluznante?: en la Guajira hay 40 EPS. Lo que vino después, por conocido se calla: un mal servicio generalizado a los afiliados y retrasos en los pagos a las IPS, que han creado una crisis en el sistema de efectos catastróficos. Los aportes ingresan religiosamente, pero son desviados a otros propósitos o se dedican a la especulación financiera. Y agréguesele al torcido la sobrefacturación de los servicios, para recobros al Fosyga. Otro caso es la alimentación a los colegiales de instituciones oficiales, que se parece a las EPS en la perversidad de los “vivos” para conseguir los contratos de suministro y prestar un pésimo servicio. Pero detrás de ellos, de los “vivos”, hay gente pesada, y no aparece el Quijote que deshaga el entuerto.