La versión más reciente de la base de datos sobre muertes relacionadas con los combates de la Universidad de Uppsala (Suecia) incluye registros desde 1989 hasta 2015. El 26 de agosto de 2012 comenzaron formalmente -en medio de la guerra- las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc. Entre 2012 y 2013 se presentó una significativa disminución en el número de muertes relacionadas con los combates: de 310 a 183, la cifra más baja hasta ese año. La más alta corresponde al año 2005: 1.455. En 2014 se redujo aún más, llegando a 113 y en 2015 aumentó a 140 muertes, aún inferior a la cifra de 2013.
Se sabe que en la guerra colombiana, como en prácticamente todos los conflictos armados internos, la relación entre muertes de civiles y muertes de combatientes está muy en contra de los primeros. De ahí que, irónicamente, uno de los múltiples motivos para ingresar a las filas de un grupo armado en las zonas más golpeadas por la guerra, ha sido el sentirse más seguro con uniforme y fusil al hombro que andando por ahí de paisano y empuñando un azadón. Las cifras del informe ¡Basta Ya! del Grupo de Memoria Histórica lo confirman: de 220 mil muertos causados por la violencia política entre 1958 y 2012, cuarenta mil 787 (18,5 por ciento) eran combatientes: De cada diez muertes, cerca de ocho han correspondido a civiles. 
El número de víctimas directas de homicidios atribuibles a los actores del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas, también ha disminuido notoriamente desde que comenzó el proceso de paz con las Farc: En 2012 la cifra fue de 2.667 y en 2013 cayó a 1.352. En 2014 hubo 522 víctimas directas de homicidios relacionado con el conflicto armado y en 2015 se registraron 194 casos. Al primero de septiembre de lo corrido de este año se cuentan quince casos. El número total de víctimas del conflicto armado (víctimas directas e indirectas de homicidio, secuestro y desaparición forzada así como víctimas de amenazas, abandono o despojo de tierras, minas antipersonal y artefactos explosivos, tortura, delitos sexuales, actos terroristas, reclutamiento de menores de edad, desplazamiento forzado y pérdida de bienes), aumentó entre 2012 y 2013 de 250.933 a 262.002 casos. Sin embargo, la cifra descendió a 145 mil 591 en 2015 y, en lo corrido de 2016 (a primero de septiembre) se cuentan 25.854 casos.  
Las negociaciones de paz en medio de la guerra son muy vulnerables. Esa vulnerabilidad ha sido alta para el proceso de La Habana, especialmente entre agosto de 2012 y julio de 2015. Luego de la crisis desatada por el ataque de las Farc en abril de 2015 en Buenos Aires, norte del Cauca, donde murieron once soldados, la guerrilla decretó un cese al fuego unilateral en mayo y, a fines de junio de ese mismo año, las partes se comprometieron con el “desescalamiento” del conflicto armado. Las cifras arriba mencionadas muestran que el desescalamiento fue efectivo. Los datos de 2016 son muy elocuentes: A pesar de no haber iniciado negociaciones formales con el Eln, cuya mesa en Quito sería instalada la semana próxima, el proceso con las Farc ha rendido frutos notables, tangibles y supremamente valiosos: decenas de miles de víctimas menos y una gran cantidad de vidas salvadas. 
Si el desescalamiento ha salvado vidas y evitado el sufrimiento de miles de personas, con mayor razón lo hace el acuerdo de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas” al que se llegó el pasado 23 de junio en La Habana, antes de la firma del acuerdo final. Pero si no se resuelve el impasse en el que quedó el proceso después de la victoria del No, el cese al fuego ya no será definitivo y la dejación de armas no será una realidad. Para seguir salvando vidas y para evitar que las cifras de 2016, inéditas en la historia del conflicto armado colombiano, se reviertan, es indispensable que todos cedan. Por favor, no nos arrastren hacia una nueva “Patria Boba” y cruel.