Culminó sin mayores novedades la conferencia Hábitat III de Naciones Unidas, realizada en Quito del 17 al 20 de octubre. Se trataba de un esfuerzo por comprometer a los gobiernos miembros de la ONU para asumir compromisos globales de mediano plazo a favor del “desarrollo sostenible” y la calidad de vida urbana a partir del estímulo y financiación de los procesos de urbanización en las grandes ciudades. 
Se concentraron más de 190 delegaciones de los países miembros y unos 45 mil asistentes para escuchar a centenares de conferencistas hablando en inglés sobre la necesidad de estimular la urbanización como divisa para salir de la pobreza. Y paralelamente, como ha sucedido en eventos recientes de este tipo, las delegaciones gubernamentales junto con los organismos multilaterales de crédito, hicieron “marketing” acerca de los proyectos urbanos innovadores que han financiado para contribuir con la mitigación del cambio climático, la protección del agua, el manejo de residuos, la prevención del riesgo, entre otros. 
Culmina uno más de los múltiples eventos que buscan movilizar recursos financieros globales para favorecer el endeudamiento -ya no de los Estados nacionales sino de las ciudades- bajo el manto de buenos propósitos humanitarios. En esta oportunidad, serán las grandes ciudades o la conformación de redes urbanas las que recibirán el mayor apoyo financiero, bajo el argumento de que en el 2050 más del 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. 
La “Nueva Agenda Urbana” que aprobaron en Quito será la guía de trabajo con la que se promoverá una nueva “gobernanza” con la aplicación de dos criterios mutuamente excluyentes: desarrollo y sostenibilidad. El primero basado en la promoción de la urbanización como factor de crecimiento -lo cual no necesariamente significa hacer ciudad-, y el segundo, promoviendo acciones de mitigación de los efectos mismos del desarrollo urbano insostenible como criterio moralista para espiar sus culpas depredadoras con el ambiente.
Recientemente se desarrolló en Medellín el séptimo Foro Urbano Mundial (2014) con criterios similares; también se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) con 17 objetivos para erradicar la pobreza, porque según ellos, sin lograr este propósito no puede haber desarrollo sostenible, como si fueran los pobres y no los países y economías desarrolladas las que han generado los mayores conflictos ambientales para el planeta. 
El siguiente objetivo será poner en práctica el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015), evento que se realizará del 7 al 18 de noviembre en Marruecos. Se busca que en el siglo XXI la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Para el efecto se requerirá que el 55% de los 197 países que hicieron parte del acuerdo los ratifiquen y que juntos sumen el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. EE.UU. aún no ingresa en esa lista, lo cual no es una sorpresa puesto que sobre sus hombros recae una de las principales responsabilidades sobre el cambio climático. Lo triste es que sean los países más pobres los que asuman las principales responsabilidades, cuando son ellos las víctimas directas de las políticas de crecimiento y desarrollo de las grandes potencias y economías globales. 
La “Nueva Agenda Urbana” de Quito recoge los buenos propósitos y metas -en gran medida incumplidas- desde Hábitat I sobre asentamientos humanos realizada en Vancouver en 1976, pasando por Río+20 (2012) sobre desarrollo sostenible, y los Objetivos del Desarrollo del Milenio (2000) que culminó en 2015 con más pena que gloria, entre muchos otros encuentros multilaterales. 
En esta oportunidad se introduce muy tímidamente el concepto del “derecho a la ciudad”, impulsado por movimientos sociales urbanos y pensadores demócratas parados en la resistencia contra la ciudad neoliberal, intentando revalorizar el derecho a la ciudad con justicia espacial redistributiva. Quizás por ello, Naciones Unidas, la banca multilateral y las grandes corporaciones económicas hacen ingentes esfuerzos por apropiarse de las reivindicaciones más sentidas de los sectores populares urbanos para vaciarlas de contenido y de paso evitar lo que ninguno de ellos menciona: la profundización de la crisis urbano-ambiental y el germen de revoluciones ciudadanas con perspectiva ecológica que marcarán los nuevos rumbos de la confrontación social y política en las ciudades.