Reflexionando sobre los debates que sostuvimos con la Alcaldía respecto a la accidentalidad creciente en Manizales he llegado a la conclusión: Ese problema, la movilidad en general, el espacio público y el espacio privado, la sostenibilidad y la calidad ambiental, la convivencia, el progreso social, el empleo y la prosperidad económica están difícilmente mezclados y dependen en gran parte de las políticas y ejecuciones del Gobierno Municipal.
El artículo 311 de la Constitución y la Ley 388 establecen el derecho y el deber de los municipios para ordenar sus territorios lo que se hace al formular los “Planes de Ordenamiento territorial POT”. Es allí donde se concentra el máximo poder planificador de los municipios.
Cómo debe ocuparse el territorio, dónde deben vivir los ciudadanos, cuál debe ser el tamaño de sus viviendas, dónde se construirán todos los edificios privados y públicos, cuál es su altura, cómo nos moveremos por la ciudad, dónde pueden y dónde no pueden ejercer todas sus actividades, cómo y dónde serán los parques y espacio público. Define las vías y los sistemas de transporte, cómo y en qué dirección crecerá la ciudad, su comodidad funcionalidad y estética, cómo conservar el medio ambiente y cuál será el paisaje que veremos los manizaleños y nuestros hijos… y todo aquello que se les ocurra a los planificadores.
Este enorme poder reside en el Alcalde, en la Secretaría de Planeación Municipal y en su equipo de arquitectos y técnicos quienes formulan el Plan que debe ser adoptado para su aplicación por el Concejo de Manizales. La ley establece la obligación de informar y concertar con los ciudadanos el POT y sus modificaciones de manera democrática.
Es costumbre de las administraciones cumplir con este mandato legal de manera rutinaria como si se tratase de un trámite más, y los ciudadanos reciben una información recortada y sin ninguna proporcionalidad con el impacto social y económico que tendrá en sus vidas las decisiones que se adoptan en medio de los grandes intereses económicos e ideológicos que promueven con incansable eficacia los lobistas de los constructores y los gremios económicos que defienden intereses sectoriales y particulares.
El Concejo es el órgano constitucional que adopta el POT y allí reside la responsabilidad final de decidir cómo será la Manizales en la que viviremos nosotros y nuestras futuras generaciones y allí cumpliré con mi deber de defender el interés general de los ciudadanos y la calidad social económica y técnica del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial el que será concertado y discutido con todos los manizaleños.
Nada es más importante para nuestra vida, la vigencia de los POT es de 12 años y por eso les pediré al Alcalde y al Concejo que vayamos comuna por comuna discutiendo la propuesta de la Administración para concertar el Plan con los manizaleños en democracia.
PS. Le deseo a Colombia y a mi ciudad paz estable y duradera.