“Administrar es gastar”, dice una frase conocida en el sector público, que evidencia la necesidad de los gobernantes para ejecutar los recursos, no solo porque quien no gaste la plata en la vigencia correspondiente la pierde, sino además porque el electorado necesita ver obras, es decir inversiones sociales o de cemento.
Bajo esa premisa, gobernar es contratar. El Estado recauda los impuestos que todos pagamos y ese dinero es la plata que a su vez el mismo Estado entrega a unos cuantos particulares, se espera que idóneos, para que pongan a funcionar al Estado: son contratistas los que construyen carreteras, colegios, hospitales, los que suministran medicinas, hacen estudios de factibilidad, dan capacitaciones y se encargan de la alimentación escolar, entre otros muchos temas.
Y son contratistas los que ponen a funcionar las oficinas públicas. Si bien el gobierno ha anunciado varias veces un plan de formalización laboral, la vinculación por prestación de servicios está generalizada y esos trabajadores sin prestaciones sociales, tienen una precaria estabilidad laboral que depende por entero del vaivén político.
De acuerdo con la Ley 80 la licitación pública es la regla general para que el Estado escoja a sus contratistas. Se trata de un proceso largo y vigilado, con controles para que los recursos públicos sean ejecutados por los más capaces. Por supuesto hay licitaciones permeadas por la corrupción: pliegos sastre, diseñados a la medida de un oferente; fragmentación de contratos, o procesos en los que se presenta solo un interesado. Sin embargo, la licitación es una modalidad custodiada y reglada y por eso la ley ordena que sea la regla general.
No obstante, la misma ley se ha encargado de crear boquetes, excepciones y regímenes especiales que hicieron de la licitación algo exótico. Gran parte del presupuesto público se contrata mediante otras formas y es por ello que la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA crearon el Observatorio de la Contratación Estatal de Manizales y Caldas, con el fin de ponerle lupa a toda la contratación pública de nuestra región.
El primer informe del Observatorio revisó la contratación registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) de 38 entidades entre enero y marzo de este año, y el resultado evidencia que es la contratación directa la modalidad más recurrente en las 27 alcaldías del departamento, que comprometieron en promedio más del 70% de sus recursos por esta vía. En varios municipios el promedio es superior al 90%. 
La contratación directa no es ilegal ni prohibida. La ley señala los casos puntuales en los que aplica, que son la urgencia manifiesta, cuando no hay pluralidad de oferentes en el mercado, o contratos de prestación de servicios o apoyo a la gestión, entre otros casos puntuales. Corresponde a los entes de control verificar si la abultada contratación directa se circunscribe a las situaciones particulares previstas en la norma y si no constituyen nóminas paralelas, prohibidas en nuestro ordenamiento. 
Pero más allá de la gestión que puedan realizar los órganos de control, que también son prolijos en contratación directa, es claro que las modalidades más informales de contratación pública generan mayores riesgos de corrupción. Al fin y al cabo es sabido que los contratos son una forma de pagar favores de campaña o de mantener cautiva a la clientela que apoyará en la próxima contienda, en una país que vive casi todo el tiempo en época preelectoral.
Todos los escándalos de corrupción de los últimos tiempos involucran contratistas: desde los Nule en Bogotá hasta lo denunciado por la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA sobre Aerocafé en 2010. Esto significa que la corrupción es la alianza de particulares y servidores públicos que se juntan para defraudar al Estado, porque los dineros de los contratos son un botín fácil para enriquecerse a través del conocido "CVY", es decir: Cómo voy yo.
Por lo anterior, este nuevo Observatorio de la Contratación Estatal de Manizales y Caldas es un insumo que la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA entregan a los ciudadanos para que entre todos, con muchos ojos vigilantes, activemos el control social y podamos identificar casos puntuales en los que se puede poner en riesgo el patrimonio público. Se trata de un instrumento para vigilar de manera sistemática, periódica, con comparativos, y hacer de la observación un ejercicio habitual que permita hacer visibles prácticas riesgosas. 
Seguramente la inmensa mayoría de los contratos que se celebran a diario están en regla, pero como los desfalcos se presentan no solo en casos multimillonarios como Dragacol o Reficar, sino también en pequeños contratos que poco miramos, es que es necesario abrir los ojos y observar: En la medida en que más ciudadanos estén informados sobre quién está contratando con el Estado, para hacer qué y por qué monto, es posible que se generen alertas sobre posibles tráficos de influencias, celebraciones indebidas de contratos, intereses indebidos o sobrecostos. Ojalá que la falta de denuncias obedezca a que no hay nada irregular para alertar, y no a que carecemos de información confiable y oportuna.