Desde el pasado 20 de noviembre, Colombia quedó bajo el peligro de que Juan Manuel Santos logre reelegirse, objetivo que están apalancando con el reparto de tanta mermelada que hasta pueden indigestar a más de uno de sus conmilitones, tanto en el mundo público como en el de algunos magnates privados. Porque, fuera del gasto nacional, tiene a su servicio el de gobernadores y alcaldes y casi toda la contratación y la nómina de todos los poderes del Estado, más un sistema electoral corrupto, que niega el voto libre y facilita el fraude de quienes no lo modifican porque triunfan con él. Como en los “mejores” tiempos del Frente Nacional pero empeorado por medio siglo de nuevas perversiones, incluidas la del clientelismo a la enésima potencia y la del libre comercio neoliberal que inaugurara César Gaviria Trujillo.

De ahí que lo más grave de la relación que sistematiza el computador de Palacio con los congresistas, a la que el Presidente también somete a alcaldes y gobernadores y estos a los concejales y diputados de los partidos de la llamada Unidad Nacional, consiste en que todos ellos tienen que pagarla respaldando cuanto decidan el jefe del Estado y sus ministros, con lo que se configura una especie de dictadura legal que, para llevar lo negativo hasta el culmen, tiene como primer objetivo aplicar todas las decisiones que tomen en Washington a favor del capital trasnacional y contra Colombia.

El gran riesgo, entonces, de la reelección de Santos no reside en sus proverbiales mediocridades, sino en el programa de gobierno que buscan reelegir, cuya naturaleza retrógrada lleva cuatro años comprobándose.

En lo económico, y por ende en lo social, cómo ser peor que Santos en relación con los TLC, las EPS, la tutela, el salario mínimo, las pensiones, los impuestos, la educación, la concentración de la riqueza, la desigualdad social, el desempleo, la pobreza, la industria, el agro, los baldíos, la minería, el medio ambiente y la desnacionalización de la economía. En lo político, cómo tomar peores decisiones que Santos sobre la soberanía, el nuevo Frente Nacional, el clientelismo, la reforma a la justicia, la reelección del Procurador, la penalización de la protesta social, el fuero militar y el matoneo contra el Polo. Tampoco debe reelegirse el respaldo de Santos a las ilegalidades de Urrutia y su conocida tendencia a falsificar los hechos y las cifras.

Y como sus coincidencias con Santos son de lejos mayores que sus diferencias en los asuntos medulares de la vida del país, se cae de su peso que tampoco deben reelegirse las posiciones que representa Óscar Iván Zuluaga.

En cuanto al proceso de paz, que el Polo respalda porque puede llevar a que desaparezca una gran porción de la violencia que azota al país, debe impedirse que Santos lo convierta en el señuelo que cubre el anzuelo del resto de las políticas que pretende reelegir, carnada que es eficaz para confundir a los que se descuiden y sirve para cubrirles las apariencias a quienes se pasen a seguir el camino del falso izquierdismo –¡santista!– de los garzones.

Y en especial hay que evitar que el país se polarice entre las opciones continuistas, regresando a esa especie de patria boba en la que las elecciones eran carreras de caballos en las que corrían varios ejemplares pero todos eran del mismo dueño. Porque si así fuere, sin importar quien gane, ganará mantener y agravar la Colombia inicua que hoy padecemos y no el gran país que este puede ser si se gobierna con otras concepciones.

En lo que al Polo respecta, convertido por la fuerza de los hechos en la única propuesta que se opone a Santos y además propone ganar cambios de fondo en el modelo económico, social y político imperante, inscribió listas al Congreso que, como dijo La Silla Vacía, no son de políticos profesionales sino de indignados, es decir, de ciudadanos que van por una curul para ponerla al servicio de los anhelos y luchas de la nación colombiana. Y está invitando a conformar en torno a la candidatura presidencial de Clara López una gran convergencia nacional, sin distingos por sus orígenes políticos, con campesinos, indígenas, trabajadores, clases medias y empresarios, unidos todos en torno a un programa de gobierno que defienda la producción, el trabajo, la democracia y la soberanía.