De todos los problemas que afectan el campo y en particular la caficultura, es el tema laboral de los que más preocupa a los productores, ya que alrededor de este se genera una problemática muy compleja que no ha sido afrontada por el gremio, sus representantes y el gobierno.
Como es por todos conocido, gran parte de la fuerza laboral del sector es migratoria, especialmente en épocas de cosecha, así como trabajadores que laboran por su jornal diario o semanal. Culturalmente estas personas son inestables y no permanecen mucho tiempo en una finca, los días lunes nadie sabe quiénes ni cuántos trabajadores le van a llegar, y al hacer las planillas de ingreso muchos de ellos no tienen documento de identidad, no lo muestran o dan datos falsos, en estas condiciones nunca sabemos con certeza quién trabaja en nuestras fincas.
A partir de su entrada empezamos a infringir la ley, pues este personal trashumante y al contrato, no hay forma que empiece la semana amparado; operativamente es imposible mantener actualizado el sistema de novedades en seguridad social como lo exige la ley. Muchos de ellos se pueden ir a mediodía de ese lunes, o trabajan 2 o 3 días y se van por cualquier razón; lo grave del asunto al estar desprotegidos, es que automáticamente todos los riesgos van en contra nuestra. Los mayores costos en café son mano de obra que al no estar asegurada no es deducible fiscalmente, lo cual refleja utilidades irreales. En 85 años de historia cafetera nuestra Federación y el Estado han sido incapaces de diseñar un régimen especial diferenciado para el trabajador rural.
Si llega a pasar algo, y estamos llenos de esas historias, inmediatamente nos cae todo el peso de la legislación laboral, la responsabilidad civil, en salud, riesgos y pensión; vivimos al margen de la ley permanentemente, somos una maravillosa fuente de empleo para las estadísticas del gobierno y unos irresponsables ante las oficinas del trabajo. La formalización laboral del trabajador agrario ha sido un punto tratado en la mesa de negociación de La Habana, en la OCDE, donde Colombia quiere entrar, y en la OIT, constituyéndose en un punto fundamental pues estos trabajadores llegan al final de su vida laboral sin salud, cobertura en riesgos ni pensión.
Por otro lado, la pobreza que rodea el campo, la falta de garantías para los campesinos y empresarios agrícolas ha desestimulado el trabajo rural que cada vez es más escaso y de mayor edad; no hemos construido tejido social y empresarial que estimule a los jóvenes a hacer agricultura, los medios de comunicación ejercen su influencia para que migren a la informalidad de la ciudad a vivir el sueño del celular y la moto. La construcción de infraestructura vial le va a acabar de dar la estocada final al sector agrícola, pues va a ser altamente demandante en mano de obra no calificada y nosotros sin posibilidad de ofrecer trabajo formal.
La informalidad laboral es un riesgo, tanto para el empleador como para el empleado, el uno porque pone en riesgo cada día su empresa y patrimonio, y el otro porque llega al final de su vida laboral absolutamente desprotegido.
Se vienen gestando movimientos fuertes de las dignidades agropecuarias cansadas de promesas incumplidas, la evidencia muestra que solo ante manifestaciones como fue el anterior paro cafetero el Estado reacciona y aparecen soluciones. ¿Será que los productores del agro solo lograremos resultados si adoptamos medidas de hecho? La indiferencia del gobierno, la falta de herramientas viables para la formalización del trabajo rural, sumado al Fenómeno del Niño, los abusos en los insumos (a pesar de la caída del petróleo), las mafias en el comercio están alimentando la hoguera para que en épocas cercanas a la paz estos sean puntos determinantes para su sostenibilidad.
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