Ronda con insistencia por estos días el fantasma de una nueva reforma tributaria, como respuesta a la evidente necesidad del gobierno nacional de conseguir recursos para subsanar el descuadre de sus finanzas, ocasionado por la disminución de la renta petrolera, la misma que hasta hace apenas dos años era la más importante del presupuesto nacional. 
Pero además de la urgencia de ‘tapar el hueco’ fiscal, hay otra razón quizás igual o más importante que la anterior. Se trata de los compromisos que se adquirirán en las negociaciones de La Habana, los cuales deberán financiarse de alguna manera. ¿Y de dónde saldrá el dinero para ello? La respuesta es obvia: del bolsillo de todos los colombianos. No creo que a la comunidad internacional le alcance la chequera para girarle a nuestro país los recursos necesarios para el posconflicto. 
Por eso es de esperar que el próximo año seamos testigos de un gran debate nacional en torno a la conveniencia de elevar tal o cual tributo. Y si la reforma se va a enfocar en la lucha contra la evasión y la elusión tributarias, con seguridad encontrará una fuente de recursos importante para financiar el posconflicto y tapar el hueco fiscal existente. Pero sí en cambio de ello se van por el camino fácil, es decir solamente incrementar las tarifas de los impuestos, nada bien se le haría a una economía que como la nuestra lo que requiere son incentivos a la producción y al consumo. 
Dentro de los posibles temas que abordará la reforma, quizás el que más controversia genera es IVA. ¿Para dónde apunta la posible modificación a este tributo? Realmente los caminos no son muchos. Podrían optar por subir la tarifa; otro camino puede ser ampliar el cobro a bienes y servicios que hoy no pagan IVA; o decidirse por el fortalecimiento de la administración tributaria para controlar la evasión de este impuesto; o a lo mejor el camino óptimo sea una combinación de las anteriores. 
Pero nada justifica el hecho de incrementar la tarifa a un 18% o 19% como ya se deja entrever, mientras que en el país la evasión del IVA hoy ronda el 40% del recaudo según estimativos del Fondo Monetario Internacional; ese nivel de evasión significa que Colombia deja de recibir cerca de 17 billones de pesos al año por concepto de este gravamen, cifra que si se redujera al menos a la mitad aliviaría en buena parte las necesidades actuales de financiamiento. 
Ahora bien, ¿se justifica el cobro del IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar, hoy excluidos? Por supuesto que no, pues ello afectaría la capacidad de compra de los colombianos, con mucha mayor incidencia en los estratos bajos y medios. 
Un importante exministro de Hacienda propone que se cobre el impuesto a este tipo de productos, pero que se utilice el Sisbén para ‘devolverle’ a los pobres el IVA pagado. Esta medida, aunque bien intencionada, resulta inconveniente y compleja pues además de fomentar el asistencialismo perverso, crea el riesgo de desfalcos tributarios como los que recientemente se han visto. A la postre resultaría más práctico no cobrar IVA a estos productos en vez de tener que inventar mecanismos de devolución inequitativos. 
Confiemos en que el Congreso de la República hará bien su tarea y que a la hora de tomar una decisión final sobre el tema, no perderá de vista que la economía viene desacelerándose y que no resulta conveniente subir los impuestos más allá de la capacidad de pago de los colombianos.