Cuando el engaño, la farsa y la manipulación se juntan para en forma orquestada distorsionar el rumbo de un proceso electoral desde las entrañas del poder ejercido en forma perversa, solo el tiempo permite que al fin impere la verdad.  
Los colombianos hoy están conociendo la verdad de la última campaña presidencial. En ella, gracias a una trama entre una alta dependencia del ejecutivo como es la Dirección Nacional de Inteligencia, unos fiscales en plena campaña y unos medios de comunicación abiertamente definidos en pro de una candidatura sin importar la objetividad en la información, lograron mediante la farsa del inexistente “hacker” cambiar el rumbo de un proceso electoral y así mismo el futuro del país. 
Ha sido la Corte Suprema de Justicia, la cual en una investigación esa sí exhaustiva, la que logra demostrar que el expresidente y senador Álvaro Uribe nada tiene que ver con el supuesto “hacker”, que todo el entramado era un ardid delictuoso para favorecer una campaña en esos momentos perdedora. Ha quedado claro que no existió ni uno, ni dos, ni tres “hackers”; ninguno reunía las condiciones de una persona que dominara los recursos de la tecnología y de la información con capacidades de espiar a gobiernos o procesos de paz en La Habana.  Lo que sí se demuestra es que esos personajes no son más que “falsos testigos”, personas inescrupulosas que venden su declaración al mejor postor para acusar en forma mal intencionada, para que funcionarios como los que regentaban la Fiscalía general de la nación, montaran procesos judiciales con base en la información amañada suministrada a estos falsos testigos y que tanto han desprestigiado al sistema judicial colombiano.
Extraordinario reto tiene la nueva Fiscalía a cargo de Néstor Humberto Martínez y la justicia colombiana para recuperar credibilidad, atendiendo en debida forma la denuncia por los delitos de soborno a testigo, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación, prevaricato, abuso de función pública y perturbación de certamen electoral; presentada por nuestro excandidato Óscar Iván Zuluaga, contra el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, almirante (r) Álvaro Echandía, personaje que sigue ejerciendo a pesar de comprobarse por la misma Corte que participó en un montaje de similares características contra el almirante (r) Gabriel Arango Bacci, absuelto por la Corte después de todo el perjuicio recibido y 18 meses de prisión. Agencia mal llamada de inteligencia, que depende exclusivamente del presidente Santos, quien sin inmutarse lo mantiene en esa dirección, desde la cual ofrece cargos para que testigos estos sí verdaderos, se retracten de contar la verdad.
El tiempo y la justicia devolverán a Óscar Iván Zuluaga, a David su hijo, a Luis Alfonso Hoyos y al presidente Uribe, la dignidad mancillada por la anterior fiscalía a cargo del nefasto Eduardo Montealegre, por la dirección de inteligencia y por la lamentable actitud complaciente de los medios de comunicación, que causaron este daño profundo en muchos colombianos que alteraron su decisión a la hora de votar en la segunda vuelta presidencial de 2014, en el honor y la dignidad de unas personas y familias honestas, y en la credibilidad de la justicia, y del sistema electoral de nuestro país. 
No sé en qué condiciones esté el estado físico del presidente Santos y le deseo lo mejor; lo que sí está en cuidados intensivos es su condición humana. La perversidad de sus actuaciones no tiene límites: en 2010 se hizo elegir con unas ideas y gobernó con otras; en 2014 gana reelección con montaje del “hacker”; en octubre de 2016 pierde plebiscito y en noviembre lo desconoce. Grave daño a nuestras instituciones, a nuestra libertad y a nuestra democracia le ha causado Juan Manuel Santos en 6 años de un gobierno signado por la corrupción, el despilfarro de los recursos públicos, la mentira, el engaño y la trampa.