Desde el 2002, se formuló el plan arquitectónico del Centro Cultural Universitario, un importante proyecto regional con el que se pretende aumentar el número de usuarios de bibliotecas, empezar a suplir la falta de escenarios artísticos y contar con un espacio apto para la formación de músicos profesionales. 
A pesar de la magnitud de la obra, ni la Alcaldía de Manizales, ni la Gobernación de Caldas, ni el Gobierno nacional, participaron en la financiación de su primera etapa, labor que fue asumida en solitario por la Universidad de Caldas a través de un crédito con Findeter por $18.000 millones, que contó con el voto negativo de estudiantes y profesores en el Consejo Superior de la institución. Se estima que las inversiones de la universidad en la primera fase llegarán a los $25.000 millones debido a la adquisición de aisladores sísmicos, la realización de obras no contempladas inicialmente, la indexación del presupuesto y el aumento del dólar. Esta inversión en solitario no se compadece con la realidad financiera de la institución, víctima de un déficit estructural que hoy la tiene en ascuas, causado por el perverso modelo de financiación de la Ley 30 de 1992. 
En medio de los apuros financieros para finalizar la primera etapa y las incertidumbres sobre la financiación de la segunda y la tercera, desde el 2013 se anunció la presentación de un proyecto de ley para que el Gobierno nacional asumiera esta responsabilidad. El 4 de abril de 2013 fue radicado el proyecto de Ley 273, aprobado en primer y segundo debate entre 2013 y 2014, y archivado el 20 de junio del año anterior. El proyecto de ley fue presentado nuevamente el 16 de septiembre de 2014, siendo aprobado en primer debate el 13 de mayo de 2015 y publicado para segundo debate desde el 26 de mayo de este año. 
No obstante el entusiasmo manifestado por la presentación de la iniciativa, dos aspectos preocupan sobre el proyecto de ley: los tiempos y el contenido. Por un lado, el proyecto ha hecho trámite por cerca de dos años y medio sin que se convierta en Ley de la república, lo que deja serias dudas sobre su posible aprobación. Por otro, el contenido permite inferir que se trata de una típica ley de honores ya que no se determina el monto o el porcentaje especifico que destinará el gobierno nacional para la construcción de la segunda y tercera fase, sino que se le autoriza para incorporar dentro del presupuesto nacional “las partidas presupuestales necesarias para vincularse y concurrir con otras instancias de financiación en el (…) financiamiento del Centro Cultural Universitario en sus etapas II y III”. 
En plata blanca, la aprobación de recursos para la segunda y tercera fase del centro dependerá de la gestión que realice la Universidad de Caldas ante el Gobierno nacional, es decir, el trámite para que se destinen partidas para la finalización del proyecto es el mismo con la existencia de la ley o sin ella, razón por la cual no se deben cifrar las esperanzas de finalización del proyecto en su aprobación. 
El Gobierno nacional debe liderar la financiación de la segunda y tercera etapa del proyecto y solucionar el déficit presupuestal que aqueja a la Universidad de Caldas y al resto de instituciones oficiales que padecen las consecuencias del desamparo estatal. 
El Centro Cultural Universitario es un proyecto que puede cambiarle la cara a la ciudad. Para que sea una realidad, se requiere la movilización de artistas, educadores y miembros de la comunidad académica con el fin de generar respuestas por parte de las instituciones locales y nacionales.