En medio de una amplia campaña publicitaria, que incluyó el regalo de flores a los transeúntes en las principales avenidas, la activación de bonos para usuarios y el respaldo de un artista pop de la ciudad, Uber empezó a operar en Manizales desde el pasado 18 de noviembre.

Uber es una empresa estadounidense que se presenta como una compañía que conecta pasajeros con conductores a través de aplicaciones móviles. En la actualidad, está en más de 200 ciudades del mundo y su valor de mercado alcanza los US$68.000 millones de dólares, monto superior al de empresas como Honda, General Motors, Ford, Nissan o Renault, y similar al de empresas como BMW o Volskswagen. La multinacional es una poderosa empresa que ofrece servicios para una porción específica de la población: personas con tarjeta de crédito y que posean celulares inteligentes con datos móviles.

El rápido ascenso de Uber, sin embargo, ha estado basado en la ilegalidad y en prácticas comerciales y laborales indebidas. De entrada, Uber no es lo que plantea, es decir, no es una simple empresa que conecta usuarios con automóviles a través de aplicaciones. Alrededor del mundo y en Colombia, a pesar de que no es dueña de ningún carro ni contrata a sus choferes, Uber realiza las operaciones que ejerce una empresa de transporte, al obtener ganancias por la prestación de este servicio, articulando vehículos afiliados, aplicaciones móviles y un sistema de pagos. Pese a esto, la multinacional se ha saltado todas las obligaciones legales y tributarias que deben cumplir las empresas de transporte público individual de pasajeros en el país, lo que la ubica como una empresa ilegal, que en poco se diferencia de los transportadores piratas que inundan varias ciudades.

Prueba de su ilegalidad es que, además de estar prohibida en decenas de ciudades y países (como España, Tailandia, Holanda, Bulgaria, Rumania, Nueva Delhi, Portland, Bruselas, etc.), fue sancionada por la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia por “provocar, facilitar e incentivar la prestación de un servicio para el cual no están autorizados” (resoluciones 18417 y 23211 de 2015 y 7838 de 2016). Esta sanción, sumada al no pago de impuesto de renta, Patrimonio, CREE e Industria y Comercio, al que están obligadas todas las empresas de taxis del país, demuestra que mientras Uber no sea habilitada por las autoridades para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros, seguirá siendo ilegal e inconveniente.

En el caso de Manizales, además de ser ilegal, este servicio es innecesario. Actualmente, más de 2.200 taxis prestan servicio en la ciudad, número de vehículos suficiente para atender la demanda a nivel local. Es tan cierto esto, que desde el año 2000 se suspendió el otorgamiento de nuevos cupos para taxis y la introducción del pico y placa para estos automotores los días domingos y lunes festivos se sustentó en un estudio de la Secretaría de Tránsito Municipal, en el que se demostró que la cobertura de taxis en la ciudad es absolutamente suficiente.

A la solvencia en la oferta hay que agregarle que los requisitos que cumplen los taxistas locales para garantizar la seguridad de los usuarios, como la tenencia de pólizas contractuales y extracontractuales, revisión técnico-mecánica anual y exámenes de las empresas a los conductores cada seis meses, no se extienden a los particulares que prestan el servicio de Uber, por su evidente condición de ilegalidad.

El debate sobre Uber no es sobre el uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas o sobre la libertad de empresa. Es una discusión sobre la legalidad y la conveniencia de la operación de una empresa multinacional, que se lucra cobrando el 25% de cada carrera que realizan sus conductores afiliados, sin dejarle impuestos al país y poniendo en riesgo miles de empleos legales.