Como parte de la andanada contra la mayoría de los colombianos para intentar superar la profunda crisis económica que sufre el país, el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el apoyo irrestricto de la Ministra de Trabajo, Clara López, está a punto de aprobar en el Congreso de la República la tercera reforma tributaria de la era santista y la número 14 desde 1990.
La propuesta general, redactada con el propósito de seguir al pie de la letra las órdenes de la OCDE, consiste en incrementar los impuestos indirectos (IVA y combustibles) en $7,7 billones y aumentar el impuesto de renta de las micro, pequeñas y medianas empresas en 1%, al tiempo que se les reduce este tributo a los grandes cacaos y trasnacionales en 10%, lo que implica una disminución en el recaudo por este concepto de más de 1 billón de pesos anuales. Esta medida ensanchará la brecha entre las empresas que operan en Colombia, generando mayor inequidad en un país en el que la desigualdad en este campo es mucho más grande que la de personas, toda vez que el GINI empresarial es de 0,82 mientras que el de personas es de 0,53 (Suárez, 2016).
Este tipo de medidas en poco ayudan al sector industrial de Caldas, departamento en el que actualmente existen más de 13.000 micro, pequeñas y medianas empresas, y donde este sector sigue teniendo alta relevancia en términos económicos, laborales y tributarios. La industria manufacturera ocupa el tercer renglón del PIB regional (12,1%), fruto de la fortaleza en productos metálicos, maquinaria, equipos, aparatos, accesorios, suministros eléctricos y alimentos, entre otros, los cuales dinamizan mayoritariamente el mercado interno ya que, por ejemplo, la industria metalmecánica local vende sus productos y servicios en un 94% a clientes nacionales.
En Manizales la industria es la tercera rama económica que más empleo genera, con 30.000 personas ocupadas, proporción superior a la del resto del país, donde este campo provee el 12,3% de los trabajos mientras en la capital de Caldas otorga el 16% (Cámara de Comercio de Manizales, 2014). En términos tributarios, es de alto impacto el aporte de la industria caldense a las finanzas públicas, ya que contribuye con un alto porcentaje del impuesto de renta de las ciudades, que en el caso de Manizales significa el 21% del recaudo total, recolectándose por este concepto más de $117.000 millones cada año.
Por estas razones, resulta un exabrupto la decisión de incrementar las obligaciones tributarias de las empresas más pequeñas, mientras a las “pobres viejecitas” de Carlos Slim, Luis Carlos Sarmiento y Mr. Drummond se les continúan disminuyendo sus responsabilidades tributarias.
Propuestas como las de Acopi, de imponer tarifas diferenciadas para el pago de renta según el tamaño de la empresa (del 32% al 22%), tal y como sucede en Estados Unidos, debieron haber sido incluidas en la reforma tributaria. Sin embargo, nuevamente el Gobierno Nacional y las mayorías del Congreso de la República demostraron que harán todo lo posible para que los privilegios de los poderosos se conserven intactos y para que la crisis la paguen los de abajo.