Como si hubiera perdido la conexión con la realidad del país y la ciudad, UNE EPM Telecomunicaciones, prestador de servicios de telefonía (móvil y fija), internet y televisión por cable en Manizales, decidió realizar un apresurado y desmesurado ajuste en sus tarifas a partir de diciembre de 2016. 
A pesar de las nuevas cargas que enfrentaremos el 90% de colombianos con la reforma tributaria que aprobaron los partidos de la Unidad Nacional de Santos en el Congreso, del pírrico incremento del 7% en el salario mínimo y de alzas a nivel local, como la del servicio público de busetas del 8,8%, UNE EPM incrementó las tarifas de los hogares de Manizales entre el 15% y el 25%. Por esta razón sus instalaciones han estado repletas de personas solicitando aclaraciones, reclamando por el desmedido incremento, intentando cancelar los planes contratados y realizando protestas pacíficas.
UNE EPM es un pulpo de las telecomunicaciones. Es propiedad de EPM y la compañía Millicom International Cellular, multinacional de Luxemburgo que tiene actividad en cuatro continentes y posee el manejo administrativo, financiero y operativo de la empresa. En la actualidad, UNE EPM cubre los servicios de telecomunicaciones en más del 70% de la población urbana del país y tiene presencia en el 68% de municipios colombianos. 
El alza desproporcionada está amparada en las leyes de libre comercio que rigen el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De acuerdo a la Ley 1341 de 2009, los operadores de estos servicios pueden cobrar lo que quieran y modificar las tarifas cuando lo crean conveniente y en la proporción que se les dé la gana, ya que según el artículo 23 de esta ley señala que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario”. Es decir, no estamos ante el incumplimiento de la ley sino frente a su aplicación cabal, no obstante ser absolutamente injusta con los empobrecidos usuarios.
Parte del lío reside en que los servicios de telecomunicaciones no son considerados como servicios públicos domiciliarios, por lo que escapan del control estatal y tienen una escasa regulación tanto en la calidad como en las tarifas. Sin embargo, la realidad es otra. Para la mayoría de ciudadanos, más aun en la era tecnológica actual, la telefonía (fija o móvil) y el internet son necesidades apremiantes, bien sea para mantener comunicación de forma instantánea como para obtener acceso a información y conocimiento. En este caso, con las desorbitantes alzas de UNE EPM, si bien la compañía no restringe totalmente el acceso a estos servicios, si limita su uso y pone en dificultades a los usuarios ya que los ingresos y el costo de estos productos son un factor determinante para que las personas los usen, como lo demuestra Héctor Botello en una investigación sobre el tema (Determinantes del acceso a Internet en Colombia, 2014).
Sin lugar a dudas, UNE EPM se aprovecha de su posición de dominio, al ejercer control junto a otras dos compañías del 100% del mercado local de telefonía, internet y televisión por cable. Manizales, que por décadas contó con empresas públicas de reconocimiento nacional por sus adelantos tecnológicos y buen servicio, es testigo nuevamente de la cara oscura de las privatizaciones, que poco han ayudado en la eficiencia, eficacia y transparencia, que tanto se ha cacareado en los últimos años.
Frente a la desconexión de UNE EPM, a los manizaleños no nos queda otra opción que continuar reclamando por disminución en las tarifas, exigir políticas públicas que garanticen mejores servicios y con mejores costos, y seguir demandando modificaciones estructurales en la prestación, regulación y cobro de servicios esenciales como las telecomunicaciones.