El Concejo de Manizales aprobó por mayoría el Plan de Desarrollo 2016-2019, en el cual se incluyeron 7 artículos que le otorgan poderes al Alcalde para definir la estructura orgánica de la administración municipal y para manejar los recursos públicos de la ciudad como él defina.  

El Alcalde Octavio Cardona quedó facultado por 6 meses para reestructurar la planta de personal de la administración y para crear o suprimir empresas públicas, y para modificar el presupuesto municipal de 2016, celebrar contratos-plan, realizar contratos de empréstito hasta por 13.789 millones de pesos, establecer alianzas público-privadas y efectuar operaciones presupuestales hasta el final de su mandato. Es decir, ha obtenido vía libre en todo lo relacionado con los empleos, la contratación y los recursos.

Desafortunadamente, ni el Alcalde ni el Concejo innovan. La cesión de facultades de los órganos legislativos al ejecutivo y el manejo de lo público mediante las normas y características del régimen privado se están volviendo la constante en las administraciones del país. Se señala que es simple cuestión de eficiencia, eficacia y sostenibilidad pero en la práctica lo que se  busca es evadir el control político y poner las acciones de los servidores públicos por fuera del radar de los organismos de inspección y de la misma ciudadanía. Hay que recordar que hace apenas un año en Medellín se dio un debate similar por las facultades que el concejo de esta ciudad le otorgó a Aníbal Gaviria para que tomara control pleno del conglomerado público, cuyo patrimonio es de 33 billones de pesos y está integrado por 46 entidades y 67.000 empleados. Y no sobra rememorar que con las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le otorgó, el ex-presidente Uribe liquidó 23 entidades públicas, fusionó 7 ministerios y escindió Ecopetrol con lo que se inició su progresivo proceso de privatización.

Decisiones como estas le rompen el espinazo al estado de derecho y a la propia democracia. Se anula la división de poderes mediante la cual se imponen límites y controles a los gobernantes, se violenta el principio de representación que permite que los ciudadanos elijan personas independientes al gobierno y se sustituye el modelo de pesos y contrapesos por un sistema basado en la libre acción y decisión del gobernante.

Al transferirle al Alcalde 4 de las 9 funciones que la Constitución Política le asigna a los Concejos Municipales, el concejal animalista, el corporado vitalicio y la mayoría de miembros de esta corporación lesionan de gravedad el debate democrático y desconocen el mandato de sus electores que con sobradas razones les reclaman que ejerzan sus labores o de lo contrario renuncien a sus cargos.  

En los imperios chino, persa, turco y árabe, entre otros, se institucionalizó la costumbre de que los emperadores convirtieran a hombres en eunucos con el propósito de cuidar a sus mujeres ya que no representaban ninguna amenaza sexual. En la discusión actual, la castración no ha sido impuesta sino voluntaria y la afectación será colectiva. Estamos frente a servidores públicos que aceptaron mutilar sus competencias y con ello admiten que a la hora de buscar votos son mayores de edad pero cuando se trata de cumplir las funciones esenciales de su cargo carecen de esa mayoría.