Por si no fuera suficiente con el caos de las candidaturas y la atomización de los partidos políticos en estas elecciones, o con los caudales de financiamiento ilegal de las campañas, el Consejo Nacional Electoral terminó por ponerle la cereza al pastel de la incompetencia con la chapucera decisión de anular a bulto la inscripción de cientos de miles de cédulas. No fue un perjuicio cualquiera, sino una vulneración a la democracia y al derecho fundamental de elegir. 
Nadie niega que el negocio del poder local se ha vuelto tan lucrativo que verdaderas mafias recurren a todo tipo de delitos con tal de obtenerlo o conservarlo, y que uno de ellos es el acarreo o la trashumancia de electores. Pero los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no podían suponer que con la expedición del Decreto 1294 de 2015, que dispuso el cruce de información de la Registraduría con diferentes fuentes gubernamentales, se resolvería la improvisación y las enormes deficiencias técnicas del Consejo Nacional Electoral. Unas fuentes de información que por lo demás tienen un sesgo hacia los estratos 1 y 2. ¿Cómo es posible que confundan localidades en Bogotá con municipios y eliminaran 71 mil inscripciones en la capital?, ¿cómo es posible que quisieran figurar como eficaces en la lucha contra el delito sin un examen riguroso del proceso de inscripción de cédulas?, ¿cómo es posible que se paseen por todos los medios de comunicación como el Cid Campeador de la democracia cuando la inopia resquebraja la credibilidad institucional? 
Lo que sucede es que el Consejo Nacional Electoral se acostumbró a ocultar su permanente incapacidad con demagogia, pero en esta ocasión les salió el tiro por la culata. Ya en junio pasado el magistrado Emiliano Rivera tuvo la desfachatez de presionar al Gobierno y mentirle al país al decir que renunciaba a la presidencia de la corporación porque el Ministerio de Hacienda no les giraba los recursos para cumplir a cabalidad con las funciones para las elecciones locales. Fue una triquiñuela, porque la verdadera razón por la que hizo el amague de renunciar era porque había perdido la confianza de sus colegas magistrados al tramitar en forma inconsulta un proyecto de ley. 
Pero resulta que no solo no cumplen la tarea de luchar contra la trashumancia. Tampoco hacen lo debido para combatir la violación a los topes de financiamiento ni para poner en cintura la 'guerra' de las encuestas y a las firmas encuestadoras, otras que en la reciente jornada electoral se convirtieron en un instrumento de campaña antes que de medición de las preferencias electorales. Un gran favor a la democracia harían los parlamentarios que tengan el arrojo de realizar el respectivo debate de control político y desnudar la incompetencia del Consejo Nacional Electoral.