A la Gobernación le tocará mantener el apretón que decretó el gobernador Guido Echeverri desde sus primeros días de mandato, en enero pasado.
El mandatario dio a conocer ayer que, tras hacer un balance sobre las escasas utilidades que reportaron el año pasado Inficaldas y la Licorera de Caldas (ILC), las transferencias de ambas entidades a la administración central se reducirán, en conjunto, en unos $17 mil 800 millones.
Echeverri informó sobre esta dificultad a la salida de una sesión del Consejo Departamental de Política Fiscal (Codfis), integrado por el gobernador, sus secretarios de Hacienda y Planeación, y el jefe de presupuesto.
De Inficaldas, incluso, no se espera ni un peso, a pesar de que se esperaban $4 mil millones. La semana pasada se había anunciado que al menos llegarían $800 millones, pero dado que la entidad tuvo el año pasado las utilidades más bajas en toda su historia ($1.028 millones solamente), según dio a conocer el gerente Marcelo Mejía en una entrevista con LA PATRIA, ahora no se girará nada.
De la Licorera también era de esperarse el bajón. A la administración llegarán $5 mil 200 millones de transferencias, a pesar de que se habían calculado $19 mil millones.
La empresa informó en enero pasado que las utilidades del 2011, al igual que Infi, también fueron las más bajas de su historia. Se vendieron 17 millones de botellas que generaron ganancias por $13 mil 221 millones, es decir, una caída cercana al 47% con respecto al 2010, cuando las ganancias fueron de $24 mil 887 millones. Ese año, hay que recordar, también se presentó un descenso del 49,21% con respecto al 2009.
El gobernador manifestó que la falta de recursos afectará directamente la ejecución de los programas sociales del Plan de Desarrollo, es decir, educación, deporte y cultura, por lo que la tarea ahora es gestionar al máximo, al tiempo que se mantienen las restricciones en el gasto.
El mandatario expresó: “a cada secretario le tocará buscar recursos alternativos en gestiones nacionales e internacionales. Ya estamos tomando medidas como por ejemplo con el Findeter en la búsqueda de reestructurar la deuda pública, cuya capacidad está copada”.
El apretón del cinturón comenzó desde los primeros días de enero, cuando Echeverri firmó un decreto en el que se restringen gastos de funcionamiento en las secretarías e institutos descentralizados.
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