“Nunca se había vivido una tensión así en la Procuraduría”, dice un funcionario de ese ente de control en Caldas. La razón es el reciente despido de procuradores de renombre a quienes los declararon insubsistentes.
Son ellos Guillermo Eugenio Arizmendi, procurador judicial penal II; José Hernando Jiménez, con el mismo rango, y Augusto Arango, procurador judicial administrativo II. Todos son de libre nombramiento y remoción, pero, por ejemplo Arizmendi, ajustaba 20 años al servicio de la institución.
A esto se le suma la salida de Juan Manuel Grueso, que llegó como procurador regional antes de las elecciones de octubre del 2011 para relevar a Alberto Hoyos López, quien recientemente regresó al cargo.
En diálogo con LA PATRIA, Augusto Arango manifestó que para todos fue una sorpresa, aunque prefirió no especular sobre las razones que llevaron a que la Procuraduría General tomara estas decisiones.
Sin embargo, a lo largo del país ha trascendido, a través del sindicato de la entidad, que las razones hay que buscarlas en la intención del procurador General, Alejandro Ordóñez, de hacerse reelegir, por lo que la burocracia sería una forma de fortalecerse ante la posibilidad de que lo ternen.
El sindicato habla de una poda en todo el país de unos 630 funcionarios, a lo cual Ordóñez respondió que “existen unos normales movimientos en la nómina, pero esa información es absolutamente exagerada, es irreal”.
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