En esta resolución el secretario del Concejo Carlos Alberto Candia les dio la razón a los demandantes.
Manuel Valencia
LA PATRIA | LA DORADA
La polémica en La Dorada es de marca mayor. Con decir que están en juego por lo menos $8 mil millones del presupuesto de un municipio urgido de obras. El caso involucra a 20 exconcejales y 4 concejales, como demandantes, y al alcalde actual, que se resiste a pagarles la suma. Todo ha derivado en un choque político, además se habla de injuria y calumnia y hasta de amenazas.
Los demandantes le reclaman al Municipio la reliquidación de los honorarios entre el 2001 y el 2009. La exigencia la hicieron el 27 de diciembre del 2011, es decir, cinco días antes de que terminara la administración del alcalde Gerson Bermont (de la U).
En la demanda se indica que el Municipio no incluyó en los honorarios de concejales los factores salariales correspondientes al salario diario devengado por los alcaldes, como lo señala la ley. (Ver recuadro El artículo 20)
La presidenta el Concejo de la época (2011), Isabel Alvis, se declaró impedida para responder la solicitud por ser una reclamante. Por eso, le delegó el caso a quien era el secretario general de la corporación Carlos Alberto Candia.
El 29 de diciembre, del mismo año, el secretario expidió la resolución 119 de 2011, en la que accede a las pretensiones de los concejales y exconcejales.
En ella le pide al alcalde que efectúe el traslado presupuestal para que el Concejo les pague.
Amparados en este acto los 24 demandantes firmaron un poder para que un abogado demandara a la Alcaldía ante el Juzgado primero civil del circuito del puerto caldense.
El juzgado le ordenó en días pasados al actual mandatario Erwin Arias (Cambio Radical) que pagara. Arias se niega y dijo que no conciliará con los concejales y exconcejales porque la suma afectará la inversión del Municipio.
“Mi deber es salvaguardar las finanzas y la exigencia de los demandantes es alta, además incluye indexación e intereses moratorios que ponen en riesgo la viabilidad financiera de la ciudad”. Añadió que los $8 mil millones exigidos corresponden al 25 por ciento del presupuesto anual.
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Los protagonistas
El alcalde
Erwin Arias
Dice que quien era presidenta del Concejo, en el 2011, se equivocó, actuó de forma sospechosa y de mala fe al delegar al secretario para que con resolución reconociera una deuda sin ser el deudor, dos días antes de terminar el 2011 de una manera irregular y que no era de su facultad, dando herramientas a los concejales para demandar al municipio. “Demandaré resoluciones, iré a las últimas instancias para evitar ese pago porque o si no el municipio se quebraría e iría a Ley 550. No es Erwin Arias quien pague esa deuda, es el pueblo al que le tocaría pagar”.
La expresidenta del Concejo
Isabel Alvis de Robles, hoy concejal de la U
Si a mí me pasa algo responsabilizo al alcalde, esa acusación no la esperaba, le pido que mida sus palabras, soy una persona honorable, humilde y sincera, tengo una familia, que todos saben que es intachable. He procurado que mi imagen quede en alto. Recibí una llamada el martes a y, me decían: 'como está rica necesitamos una colaboración', voy a poner esto en conocimiento de las autoridades.
El exsecretario del Concejo
Carlos Alberto Candia
Dijo en una emisora local: “el Alcalde no puede decir que hicimos una resolución con mala fe y de forma sospechosa y que se tienen pretensiones millonarias de los concejales que demandaron, eso es una calumnia, afecta la dignidad de una persona. Lo hicimos amparados en la ley y son los jueces lo que deben fallar, voy a demandar al Alcalde en la Fiscalía por calumnia y amenazas.
La actual secretaria
Beatriz Helena Orozco
Me duele y me sorprende que me utilicen como chivo expiatorio y que me califiquen como el cerebrito. No firmé la demanda que estaría reconociendo lo que es justo por ley en derecho de la pretensión. Traje la información, si se falla a favor de los concejales se incrementaría el valor porque los concejales y exconcejales que no firmamos la demanda seríamos beneficiados por derecho de igualdad.
Un concejal
Onofre Jiménez, concejal de la U
El tema pasó a debate político. 'Ahora sí se van a llenar de plata', me dicen en la calle, si yo estuviera en la vigencia 2001-2009 reclamaría. El Estado también tiene responsabilidad una vez que esa ley quedó con un boquete abierto. Debemos centrarnos al fallo de los jueces. A qué lado de la balanza me inclino, defendería los intereses del municipio.
Un exconcejal
William Oliveros, exconcejal de la U
El Alcalde actuó con ligereza al dar nombres de los concejales de la U a los medios con valores millonarios. Eso se vuelve peligrosa en la calle para nosotros. Debió ser prudente y llamarnos, él sabía del proceso desde el empalme, volvió esto un debate político. No pretendemos quebrar el municipio, es una reliquidación que la ley nos da la opción de pelea. No somos villanos y que el Alcalde no se haga ver como héroe.
--R2
El artículo 20
La Ley 617, específicamente el artículo 20, les reconoce a los concejales el derecho a recibir los honorarios por cada sesión a la que asistieron con un valor equivalente el ciento por ciento del salario diario devengado por los burgomaestres.
Para para efectos de liquidación debe tener en cuenta el salario básico, los gastos de representación, vacaciones, prima vacacional, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de Navidad, viáticos, bonificación de dirección, cesantías, prima semestral o su equivalente o cualquiera otra suma de dinero, que haya sido el nombre otorgado. Todas vez que algunas de estas se cancelarán proporcionalmente a cada mes del año.
Foto | Reproducción | LA PATRIA
Resolución en la que Isabel Alvis de Robles, presidente del Concejo en el 2011, delega al secretario del Concejo para responder sobre los dineros que reclaman exconcejales y concejales.
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