Foto | Rubén Darío Barco, exdirector de Corpocaldas.
LA PATRIA | Manizales
El dolor de cabeza en los últimos años para Rubén Darío Barco López, exdirector de Corpocaldas, tiene que ver con dos contratos de reforestación y mantenimiento ambiental, cada uno por $6 millones 200 mil. Los casos se remiten al 2003, cuando aún dirigía la Corporación Autónoma Regional.
Tras los fallos en contra de juzgados y del Tribunal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, este último el 29 de octubre del año pasado, el exfuncionario recurrió a una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, como otro recurso. Sin embargo, este también le salió desfavorable.
La Corte no admitió la demanda presentada por la defensa de Barco López, lo que significa que se mantiene la condena, emitida el año pasado, a 48 meses de prisión, 50 salarios mínimos e inhabilidad para ocupar cargos públicos por cinco años, y le concedió prisión domiciliaria.
Para la Corte la impugnación a nombre del exdirector de Corpocaldas
presenta desaciertos de orden técnico y de fundamentación que le impiden superar el juicio de admisibilidad. Añade que eso frustra las aspiraciones contra el fallo de segunda instancia.
El proceso
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, en fallo de primera instancia, sentenció a Barco López por contratar sin cumplimiento de requisitos legales en perjuicio de Corpocaldas, sobre lo que la Fiscalía había dictado resolución de acusación.
El caso tiene que ver con las supuestas irregularidades de Corpocaldas en entrega de contratos para el suministro de material vegetal a los agrónomos Angelo Quintero, quien en la actualidad es secretario de Agricultura de Caldas, y Andrés Mejía Cordobés.
Inicialmente a Quintero Palacio lo sentenciaron a un año de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 15 meses, y a pagar 12,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (octubre del 2003).
Posteriormente, a solicitud del defensor de confianza de Quintero Palacio y de Mejía Cordobés, quedaron absueltos, luego de que se decretó la cesación del
procedimiento seguido en su contra. Por eso, el Tribunal declaró prescrita la acción penal .
La selección
Según la investigación adelantada en su momento por Fiscalía, la escogencia de los contratistas se realizó de manera amañada, buscando beneficios particulares más que el cumplimiento de objetivo propuesto por ISA, que en un convenio con Corpocaldas le entregó recursos para talleres, mantenimiento de árboles nativos y maderables, resiembras, entre otros.
Quintero Palacio debía suministrar 25 mil plántulas forestales en la microcuenca Doña Juana, vereda de Victoria en el oriente de Caldas. Mejía Córdobes tenía que entregar igual número de plántulas en la vereda La Italia, del mismo municipio.
"... el hecho de estar frente a una contratación de mínima cuantía no daba vía libre a los encargados de llevarla a cabo en representación de la entidad pública, para que se burlaran los principios básicos de la contratación estatal", indica la Fiscalía.
Supuestamente, el vivero de Quintero para las 25 mil plántulas no existió en Victoria. Al parecer se sembró en La Dorada, según lo indicó él, pero la Fiscalía no encontró documento que acreditara esta afirmación.
Algunas respuestas
Rubén Darío Barco López, Director de Corpocalds para la época de los contratos (2003), le dijo a la Fiscalía que el suministro de material vegetal no se realizó en un solo contrato, dado que los contratos eran para realizarlos en partes distintas de Caldas, de tal manera que la Ley 80 le permitía hacer un fraccionamiento.
El defensor de Angelo Quintero y Andrés Mejía en su momento expresaron dijo que en las pruebas de descargo arrimaron declaraciones de Alfredo Moreno, con quien se estableció que Quintero Palacio estableció su vivero en el barrio Victoria Real, de La Dorada, y que de manera directa en muchas ocasiones acompañó a las personas beneficiadas con este proyecto para que les hicieran entregas, y muchas veces las supervisó. Otro señor, según expuso la defensa, también conoció el vivero y aseguró que Quintero Palacio entregó más de 4.500 árboles como donación al municipio de La Dorada.
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Argumentos
Defensa de Barco
La defensa del exdirector de Corpocaldas ha sostenido que no existió la celebración de un solo contrato para el suministro de material vegetal, dado que los contratos eran para ejecutarse en distintas zonas Caldas por lo cual la Ley 80 de 1993 autoriza el fraccionamiento, además de la posibilidad de abaratar
costos porque el ítem que más incrementaba el precio era el de transporte.
También alegó que nadie puede ser responsabilizado de ejecutar una conducta que no existió. "...toda vez que no se demostró que el contrato se dio sin los requisitos legales, máxime si en Corpocaldas existe un comité y un departamento jurídico que tienen que ver con la contratación, y el señor director actuó conforme a derecho por aquello del principio de confianza>>.
Además, que no se dio lesión al bien jurídico, que su
defendido no celebró contrato alguno, y que simplemente impartió
una orden que permitiera la elaboración de una obra social. "De modo
que si no se celebró contrato estatal y por consiguiente tampoco lo
liquidó, ello se traduce en atipicidad delictiva".
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