Los Iumadrua buscan reconocimiento como resguardo indígena

MATEO ORTIZ GIRALDO y MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES*

​Siete niños de la etnia Embera-chamí juegan con un balón de baloncesto en la terraza de la casa de la finca La Morelia, mientras sus papás recolectan café y cultivan frijol y plátano, y algunas madres lavan ropa y otras atizan el fuego para preparar el almuerzo.

Ellos conforman la comunidad Iumadrua, que traduce Tierra del arcoíris, en embera, que hace siete años salieron del Resguardo Indígena Unificado de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda) y llegaron a esta finca, en la vereda El Madroño, a 20 minutos de Belalcázar (Caldas).

Desde el 2017 le reclaman al Ministerio del Interior el reconocimiento para conformar un resguardo indígena. Aunque esta pretensión parece no ser posible pronto porque esta comunidad ocupa un predio privado y la Alcaldía de Belalcázar asegura que su propietario pide que compren o desalojen.

La llegada

Merardo Arce, quien se presenta como gobernador indígena de esta comunidad, grita en su lengua para llamar a los hombres, que están en los cultivos, para contar por qué llegaron a este lugar. Dos jóvenes, que estaban en unos naranjos, lo acompañan.

"Llegamos con miedo por la amenazas y los intentos de reclutamiento. Lo primero que encontramos fueron cultivos de café y trabajamos como jornaleros. Luego cultivamos plátano, frijol, maíz y yuca para nuestro sostenimiento y autoconsumo", afirma Merardo.

Explica que llegaron a la finca porque conocían a quien estaba a cargo de ella y por esa razón los contrató como jornaleros. Se asentaron allí y, después de meses sin recibir el pago por su trabajo, empezaron a llegar miembros de sus familias quienes también fueron desplazados.

De este terreno, que va de "caño a caño", como narran miembros de la comunidad, no hay datos registrados en los gobiernos municipal, departamental y nacional, porque ellos no han sido reconocidos, legalmente, como parcialidad indígena.

La Morelia está a unos 75 kilómetros de su territorio originario y en ella se asientan 150 indígenas de la etnia Embera-chamí. Además de reconocimiento, reclaman asistencia en salud, servicios básicos y educación diferencial con etnoeducadores.

Responsable, la Alcaldía

Guido Echeverri, gobernador de Caldas, sostiene que no lo han notificado de ningún proceso. Explica que no tiene información de los Iumadrua, pero lo único que sabe es de una queja sin formalizar del propietario de la finca La Morelia.

Señala: "Si se trata de una invasión, el tema es inminentemente local, por tanto, le corresponde al alcalde atenderlo. La Gobernación no tiene competencias sobre la compra de predios para el establecimiento de una parcialidad indígena". Aclara que podrían acompañar, si lo solicita, a la Alcaldía de Belalcázar. En eso mismo coincide Carlos Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas: "No ha llegado ningún oficio o petición de la Alcaldía". No obstante, el alcalde, Jahír de Jesús Álvarez, dice que escribe un documento para enviárselos.

"Es un tema jurídico. Si realmente no se puede negociar y es un predio privado, se debe proceder a desalojar", asevera Piedrahíta.

Hernando Tapasco, profesional universitario encargado de temas de víctimas y derechos humanos de la Gobernación de Caldas, explica que quien debe regular el caso, una vez se defina qué dirección tome, es la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Agrega que tanto el Gobierno local como el Nacional deben tratar este caso con guantes de seda porque se deben proteger los derechos humanos de los indígenas como el acceso a la tierra.

Peticiones

Merardo Arce, líder de la comunidad, camina la finca mientras muestra las otras seis viviendas que la componen."El alcalde de Belalcázar no nos quiere dar la mano. No hay pozos sépticos, no tenemos luz ni agua potable. La dignidad nuestra la están dejando a un lado porque vivimos como animales arrumados en el suelo. Queremos que el Gobierno aparezca".

Durante el recorrido, Merardo señala las paredes húmedas por la lluvia, los techos sin algunas láminas de zinc, las colchonetas viejas y la ropa tendida en el suelo.

"Esta finca fue un lugar próspero porque hubo piscina, juegos infantiles, una casa grande de dos pisos para descansar, incluso un beneficiadero de café. Me dijeron que tiene 112 años y lo creo porque el techo es de teja".

Afirma que el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) los acogió. "Sabemos que para acceder a muchos beneficios debemos estar legalizados como resguardo, como lo indica la Constitución, pero tenemos paciencia. Enviamos oficios a la Gobernación de Caldas y no hemos recibido respuesta".

Algunas atenciones

En la Alcaldía de Belalcázar, la encargada de atender este caso es Ángela María Giraldo, secretaria de Gobierno.

Aclara que a los miembros de esa comunidad se les está brindado acceso a la educación y a la salud. "Nosotros garantizamos que tengan cupos y puedan participar de programas académicos. Se les atiende siempre y cuando hagan el trámite de traslado de su EPS al municipio".

La secretaria dice que los Iumadrua no han sido aceptados como un resguardo y que por eso la Alcaldía debe actuar de acuerdo con la jurisdicción ordinaria.

"Sin reconocimiento legal son un grupo más que pertenece a una población indígena, pero no se les puede dar los beneficios y el tratamiento de una población establecida jurídicamente. Ese trámite se debe hacer en el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y en el Ministerio del Interior".

El día a día

Un miembro de los Iumadrua, con rastro del jornal en sus manos, cuenta que algunas fincas cafeteras vecinas les dan trabajo a los hombres para que recolecten el grano. "La jornada la pagan a $11 mil, lo que ganamos en la semana es para comprar comida. Subimos al pueblo el sábado para mercar. Como no tenemos luz compramos cada ochos días un paquete de velas que cuesta $3 mil. También tenemos gallinas, no son para venderlas sino para el sancocho de nosotros. Los domingos vamos a El Madroño o a Belalcázar a jugar fútbol".

Indica el punto donde recogen agua de un nacimiento que hay en los predios de la finca, pero no es suficiente para abastecer las siete viviendas. "Lo que recolectamos es para lavar la ropa, cocinar y el aseo personal. Además, cuando llueve recogemos con baldes, pero el problema es que se filtra por las paredes o el techo y a veces dormimos mojados".

Mientras él relata su vida diaria, los niños continúan jugando con la misma pelota y en la olla del almuerzo se cuecen los alimentos.

En busca de ser comunidad

Carlos Eduardo Gómez, coordinador de organización y asuntos políticos del CRIDEC, asegura que desde el año pasado conocen este caso. "Se trata de 150 indígenas que vienen desplazados por la violencia; algunos de ellos ya están catalogados como víctimas".

Narra que miembros de los Iumadrua le explicaron que luego de que el propietario se enfermó no les volvieron a pagar y, por tanto, ellos se quedaron esperando el pago del jornal. "Es un comunidad vulnerable porque no se les ha reconocido de manera efectiva ante la Unidad de Víctimas".

Aclara que desde que conocieron a los Iumadrua empezaron a acompañarlos. "En la Mesa Permanente de Concertación dimos a conocer la existencia de esta comunidad. Que la Gobernación diga que no conoce este caso es imposible porque lo hemos visibilizado".

El CRIDEC, plantea Gómez, le ha solicitado al Ministerio del Interior que reconozca a esta comunidad como una parcialidad y han llevado el caso a la Agencia Nacional de Tierras para que les otorgue un territorio.

Según Merardo, ya son un asentamiento indígena, pero quieren llegar a ser resguardo. "Vivimos en situaciones precarias, por eso le pedimos al Estado que legalicen este terreno o que lo compre para que nosotros podamos gestionar inversiones para la comunidad. No nos pueden sacar de acá con más violencia, porque cómo se puede explicar que salimos de nuestras tierras desplazados y ahora el Estado quiere atropellarnos".

LA PATRIA habló con Daniel Gómez, propietario de la finca La Morelia. Pidió que le enviara las preguntas por medio de Whatsapp, lo que se cumplió el miércoles, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Denuncias

En septiembre del 2018, la comunidad puso una denuncia ante la Fiscalía por amenazas. Clara Irene Giraldo, directora seccional de Fiscalía Caldas, explica que el proceso se archivó el 19 de marzo por imposibilidad de encontrar al supuesto responsable, pues además no saben de quién se trataría.

"El señor Merardo Arce es el único denunciante. No dice quién y de dónde provienen las amenazas. Se libró orden a Policía Judicial, se agotó la actividad investigativa posible, pero no se identificó a nadie".

El Artículo 79 del Código de Procedimiento Penal le permite al fiscal archivar la actuación cuando constate que no existen motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como un delito.

Educación

Merardo Arce relata que quieren tener educación propia para que los niños no pierdan la lengua, las tradiciones y los valores, por eso solicitan otro etnoeducador para la escuela de la vereda El Madroño, donde estudian 42 niños del asentamiento.

"La mayoría de los niños llevan dos años estudiando en ese colegio y hemos tenido dificultad con el coordinador porque quieren imponer su educación. Nosotros tenemos la nuestra. Hay niños que todavía no saben hablar español y no saben hacer las tareas".

Según el secretario de Educación de Belalcázar, Julián Ramírez, esta población se matriculó este año al sistema educativo. "Lo primero que se les dijo es que crearan la necesidad, que matricularan a los estudiantes y luego les enviaban el etnoeducador, como sucedió ya este año".

Reciben clases en la sede Las Gaviotas, de la Institución Educativa El Madroño. El funcionario asegura que no les pueden ofrecer otro etnoeducador porque están vinculados a un colegio que no está en un cabildo ni en un resguardo y su población en su mayoría no es indígena.

Salud

Merardo Arce pide atención en salud para la comunidad, pues han sufrido enfermedades virales por picaduras de mosquitos. "El año pasado nos visitó una unidad móvil del hospital de Belalcázar, hubo una jornada de vacunación. Hasta el Bienestar Familiar llegó acá".

El problema, según el gobernador indígena, es que algunos no tienen documentación y otros están afiliados a la EPS Pijaos Salud, que cubre los territorios indígenas de Risaralda. Solo los atienden en caso de urgencias.

Diana Ramírez, referente de etnias de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), indica que el año el año pasado realizaron un censo para identificar cuáles son sus necesidades. "La Alcaldía hace brigadas de salud, seguimiento para el traslado de la EPS al departamento y jornadas epidemiológicas. Garantizamos es que se les dé una atención diferencial".