Los Dochijoma, comunidad indígena en el olvido

LA PATRIA | MANIZALES

José Daniel Chicama Wazorna, 28 años, baja estatura y cabello largo es aquí el gobernador. Está sentado en una silla de una cafetería ubicada en la Terminal de transporte de Anserma. Presta atención a lo que le dice Martha Isabel y en ocasiones se distrae cuando pasa un carro o un bus.
En sus manos lleva una carpeta llena de documentos arrugados y deteriorados. Camina por las calles del municipio y es foco de miradas de algunas personas. Entra a una papelería y reclama el documento que le hace falta en su atiborrada carpeta: el censo de familias Dochijoma (significa unidos - juntos) a enero de 2013.
Él es el gobernador de la comunidad indígena Dochijoma, la cual está asentada en tres partes de Anserma: Lavadero, San Isidro y Galicia. El censo indica que son 340 personas (174 adultos y y 166 niños) dividas en 50 familias y que pertenecen a los Emberá Chami.
José Daniel, con un español no muy claro, comenta que el censo que acaba de recibir no es muy exacto, calcula que al momento de hacerlo faltaron algunas familias, personas que estaban trabajando o en otras ciudades. Dice que desde hace 22 años llegaron, provenientes de Mistrató (Risaralda), a Anserma y de allí no se irán.
Le comentamos que si podemos acceder a su comunidad y si no habría problema en hacer fotografías y video. Nos responde que somos bienvenidos y que quiere que veamos su realidad.

En la miseria
Lavadero es una de las tres partes en donde están los Dochijoma, es un predio localizado en la vía de entrada a Anserma y por el que pasan las aguas negras de todo este municipio del Bajo Occidente caldense. Para acceder al lugar hay que caminar cerca de 100 metros por un camino entre la maleza.
Luego hay que pasar un puente de dos guaduas para encontrarse con la realidad: niños desnudos y descalzos, cinco cuartos en esterilla, un corral de gallinas y patos empantanados, un fogón de leña y una gran cantidad de basuras por todo lado.
La situación para los indígenas de Lavadero no es fácil, el día que el equipo de LA PATRIA acudió a la visita llovía en el municipio y por los cuartos de las familias Hogari y Nayaza entraba el agua, mojando las pocas pertenencias que tienen.
Como llovía el piso de tierra estaba hecho un pantanero, por lo que los niños antes de entrar a algún cuarto se mojaban los pies en un pequeño charco para no ensuciar el interior, o sea, la esterilla.
El lugar es de precarias condiciones, no tiene luz, agua potable ni baterías sanitarias - cómo en el 2013 pueden haber comunidades así -. Aparte, como por el lugar pasan las aguas negras de los ansermeños, por minutos el mal olor es intenso.

Sin estudio
Sandra Yanet Hogari, de 13 años, estudió hasta cuarto de primaria. Dice que le dio pereza volver a ir al colegio así como el pasado miércoles también le dio pereza ir a una finca a trabajar. Coge café y le pagan a 260 pesos el kilo, cerca de $12 mil diarios, lo suficiente para comprarse un yogurt, un chocorramo y unas papitas de pollo, además de llevarles a sus hermanos dulces y "cosas ricas", panela y arroz a su mamá.
A Jhon Jairo Guagurabe Flórez, de 16 años, le pasa casi lo mismo, fue al colegio y llegó hasta octavo. Prefiere el dinero que consigue recolectando café que volver al colegio. Su madre es anciana y no tenía para enviarlo al colegio a él y a sus dos hermanos, debido a que uniformes, cuadernos y demás utensilios costaban mucho. Jhon es el duro para las artesanías y elabora collares que tienen significados como paz, tierra, sangre y oro.
Otra es la historia de Daniela Gómez, una niña de 17 años que ya tiene a la pequeña Xiomara Yizet Bigama, de 19 meses. Estudió hasta séptimo, conoció al celador de una finca y se enamoró, pero él la dejó después de enterarse de que quedó en embarazo. Ahora dice que no volverá a estudiar, pues tiene que criar a su hija.
Daniela camina junto a Olga Libia Bitama, de 23 años y quien también tiene una hija, de dos años. Olga habla más Chami que español y a duras penas pronuncia su nombre. No lee, no escribe y llegó a Lavadero hace un año proveniente de Pueblo Rico (Risaralda).

Cambia el panorama
Los otros dos sitios de asentamiento son Galicia y San Isidro. Estos dos lugares están metidos entre un barrio de Anserma. Allí las condiciones cambian, ya que las casas ya tienen muros de ladrillo, piso en una cerámica antigua y tejas de eternit.
En el primer piso de una casa vive una familia compuesta por padre, madre y siete niños, que estaban solos el pasado miércoles en la mañana. Los padres habían salido a trabajar en fincas cercanas. En el segundo vive José Daniel, el gobernador, junto con su madre. Tienen luz y agua.
Al frente de la casa de José Daniel vive el Jaibaná (especie de médico) que hacía un ritual a un niño enfermo. Comentan que hace menos de un mes murió una bebé de ocho meses por neumonía. Ella no fue llevada a un centro asistencial sino donde el Jaibana, quien para la comunidad es el autorizado en temas de salud.
Detrás de esta historia está Martha Isabel Ríos, comerciante de 38 años nacida en Puerto Nare (Antioquia), criada en Cali y quien desde hace unos años vive en Anserma. Ella es quien se ha convertido en la intermediaria para que esta comunidad se certifique y haga valer sus derechos. También ha conseguido que personal del hospital, ICBF y la Registraduría los visite en brigadas. Ahora aboga para que les sea dado el reconocimiento, por lo cual radicó hace una semana un documento ante el Ministerio del Interior. Todo, para que los Dochijoma puedan salir de las difíciles condiciones en que viven y tengan su predio.

Que quieren
Según el representante de los Dochijoma, el pedido de ellos es que les adjudiquen un predio llamado El Jordán, que reúne dos fincas y que tiene un costo de $600 millones. El gobernador, José Daniel Chicama, afirma que el sitio tiene nacimiento de agua, espacio para construir viviendas, sembrados de café y frutas y silo.
También buscan que los acrediten como resguardo de la comunidad indígena Emberá Chamí, pues teniendo este reconocimiento pueden acceder a recursos y subsidios otorgados por el Estado.

Desde las autoridades

Alexánder Dora Dora, consejero de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, expresó que el primer requisito para que una comunidad indígena logre el reconocimiento es que tenga un territorio, el cual el Estado colombiano debe respetar.
"Debemos tener en cuenta que en Colombia habitamos 102 pueblos de diferentes etnias, en los cuales hay 84 lenguas y cada pueblo tiene su uso de costumbres y su autoridad", afirmó. Para el caso de los Dochijoma tienen autoridades como la recién creada guardia indígena y el gobernador quien, según Dora, es quien más debe buscar el reconocimiento de su comunidad.
"Es difícil reconocer este tipo de pequeñas comunidades y las autoridades juegan un papel importante. Por el conflicto armado que azota a los territorios indígenas, unos salen desplazados y amenazados por perder su vida y por eso van a ciudades o municipios buscando un refugio. Ellos no salen del territorio por salirse, si en Colombia no hubiera conflicto las comunidades viviríamos en paz en ese sentido", comenta el experto.

Jorge Iván Duque, alcalde de Anserma, indica que la situación más difícil que tiene esta comunidad es la falta de un terreno, ya que es requisito para que sean reconocidos. "Hay que buscar que tengan su predio y construyan su sitio. Los
hemos asistido con todas nuestras instituciones y recursos propios".
Sobre la compra del terreno El Jordán respondió "estamos buscando a través del Incoder la posibilidad que les adjudiquen este terreno, que es la verdadera solución".

La situación*
- Los indígenas en Colombia representan el 2,74% del total de la
población colombiana y el 3,4% de los casi 3.900.000 desplazados
internos.

- Desde 1997 hasta 2011 se han desplazado un total de 106.562 y
solo en el 2011 se desplazaron 4.080 indígenas en Colombia.

- Ecuador es el país con mayor población de refugiados de América
Latina. Acoge 55.092 personas con el estatus de refugiado entre
los cuales se encuentran indígenas colombianos que huyen del conflicto interno.

* Datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).