EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | RIOSUCIO

"El indígena sin tierra no es nada", afirma Arnoldo Arcila Ramírez, gobernador del resguardo La Albania, ubicado entre los municipios caldenses San José y Risaralda. No solo lo dice por los indígenas del departamento que no tienen territorio para vivir, sino también por los problemas de tierras de su resguardo.

Sostiene que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), antigua entidad del Ministerio de Agricultura, compró hace 24 años el terreno de La Albania, en donde viven cerca de 300 indígenas, organizados por parcelas para los habitantes. La situación cambió hace un año, cuando un hombre llegó a reclamar una cuadra como de su propiedad.

"Nosotros no compramos eso, desconocemos si antes tenía dueño. Le pedimos a la Agencia Nacional de Tierras (ANI, entidad que reemplazó al Incoder) que nos resuelva este problema. Tenemos otra situación, pues por un costado del resguardo pasa el túnel de Tesalia para la obra Pacífico III. No hubo consulta previa con la comunidad para mirar si podía realizarse. Les dijimos que la tierra era nuestra, pero nos respondieron que no sabían nada", menciona Arcila.

Más allá del inconveniente que tiene su resguardo, el gobernador hace una petición para los indígenas de Caldas: "Muchos no tienen donde cultivar para sostener a sus familias. Viven en la miseria, hacinados, aguantan hambre. Espero que el Gobierno Nacional se ponga la mano en el corazón y los ayude".

Por pervivencia

"Los territorios son sagrados", no se cansaron de decir los indígenas de Caldas en el pasado XI Congreso del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), en Riosucio, que concluyó el pasado jueves.

"La pervivencia del pueblo indígena está en los territorios. El día que la comunidad entienda que la lucha que dan los pueblos indígenas por preservar la biodiversidad, las reservas, el agua y las formas propias de provisión limpias, el mundo va a decir que esa lucha era cierta. Se ha dicho que los indígenas a toda hora quieren más tierra, que somos latifundistas, y mentiras. Estamos reclamando algo que nos han quitado", explica Germán Herrera Guevara, coordinador del Área de Territorio y Ambiente en el CRIDEC.

Agrega que los latifundios los tienen los grandes empresarios, y que las comunidades indígenas tienen es pequeñas porciones de tierra para toda una comunidad.

En el departamento están muy preocupados, la tierra se les ha vuelto una necesidad, bien sea para ampliarse o para legalizarse.

En el proceso de minga indígena, los de Caldas han logrado $5 mil millones para el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos. "Solo se ha podido hacer efectiva la compra de un terreno para el resguardo indígena Totumal de Belalcázar, pero la ANI encontró el predio en Viterbo, lejos del resguardo", indica Herrera.

En la compra se gastaron $2 mil 300 millones, por lo que los indígenas aseguran que les queda muy poco para resolver las necesidades de las 18 comunidades adscritas al CRIDEC (ver mapa).

Poco para todos

Los indígenas dicen que en Caldas hay alrededor de 65 mil personas de esta étnia, distribuidas en 18 comunidades presentes en 11 municipios, que ocupan unas 80 mil hectáreas, de las cuales unas 45 mil son reserva natural.
Aseguran que son tierras en las que si se amplian las fronteras agrícolas pondrían en riesgo la producción de agua y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, porque son parte de las montañas que han conservado históricamente.

Los resguardos reciben, de acuerdo a la población registrada en el censo nacional, recursos de transferencias del Ministerio de Hacienda; algunos como Cañamomo y Lomaprieta, Escopetera Pirza y San Lorenzo los obtienen por los dos municipios en los que están ubicados. Estos dineros son de destinación específica para vivienda, salud, educación, cultura y área agropecuaria.

"Los que están mal, como La Albania, es porque tienen muchos habitantes y muy poco terreno. El recurso es muy poco para todos, y muchas administraciones desconocen nuestras necesidades y son apáticos a que en el territorio existan estas comunidades. Dentro de la cosmovisión que se tiene, el territorio es todo para nosotros, la armonía con los animales y las plantas", señala Herrera.

Por una reforma agraria

Herrera y el indígena Abel David Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por Caldas del Movimiento Alianza Social Indígena (MAIS), coinciden en que es necesario que el Gobierno Nacional le apunte a una reforma agraria, en virtud de la tenencia de tierra para la manutención, producción y soberanía alimentaria de las familias.

"Hay comunidades indígenas superpobladas, hacinadas; a otros les ha tocado migrar hacia los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia o Boyacá, y hay casos en los que les ha tocado cambiar su actividad económica agrícola y pecuaria por la explotación minera en la que la informalidad es alta. Eso está en el Plan de Salvaguarda que estableció la Corte Constitucional. El Gobierno debe adelantar un plan de garantías para que la gente regrese al territorio y pueda mantener su pervivencia física y la identidad cultural. Esto está en manos de la ANI, la compra y adquisición de predios, pero se hace en donde el mismo Gobierno estime posible, no en territorios de la comunidad", señala el representante.

Ambos líderes mencionan que además de La Albania, se ven casos críticos por falta de tierras en Anserma, Filadelfia, Palestina, Neira y Viterbo, donde hay indígenas en condiciones inhumanas. Por eso solicitan al Gobierno hacer una reforma agraria que defina parámetros que beneficien a quienes viven en la zona rural.

"Vemos comunidades confinadas en territorios porque no hay posibilidad de extenderse. No estamos hablando de que tengamos que pasar por encima de los derechos de los otros colombianos. Planteamos es que el Estado aplique una política para que los territorios se puedan ampliar y podamos ejercer la autonomía del gobierno propio y la pervivencia de la comunidad".

Herrera, concluye: "Todo lo que nos hemos ganado ha sido por la lucha, prácticamente en las carreteras y en las mingas. Qué bueno sería concertar, pero el Gobierno es muy apático a las comunidades indígenas, que han sido muy golpeadas, si los líderes dicen algo, los tildan de opositores y los borran del mapa".

Responde la ANI

La ANI responde que el mecanismo legal de otorgar tierras para sanear los territorios indígenas en Caldas se hace a través de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. En cualquier caso se respeta la propiedad privada, y el que aprueba una solicitud con viabilidad es el consejo directivo que preside el Ministerio de Agricultura.

Las cuentas de la ANI para Caldas es que existen seis resguardos indígenas legalizados que benefician a 4 mil 756 familias y 20 mil 650 personas, con un área legalizada de 1.146 hectáreas; todas estas cifras menores a lo que exponen los indígenas en el departamento.

Agrega la ANI que existen 10 solicitudes así: 5 de constitución (en Anserma, Dachi Joma; en Supía, Cerro Tacón, Cauromá y La Trina, y en Filadelfia, La Soledad), 3 de ampliación (en Riosucio, San Lorenzo y Escopetera Pirza, y Belalcázar, Totumal) y 2 para saneamiento (en Riosucio, Cañamomo y Lomaprieta y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña).

Dice la ANI que no se avanza con la adquisición de ningún predio que haya sido objeto de invasión, hostigamiento o vías de hecho por las comunidades, entendiéndose que existe una presión indebida hacia el propietario. "Quienes invadan la propiedad privada pretendiendo forzar la venta y posterior compra a cargo del Gobierno, quedan vetados en cualquier mecanismo de acceso a tierras".

Definiciones

La antropóloga, Erika Giraldo, explica que Caldas tiene tres tipos de tenencia de tierra para comunidad indígena:

Los resguardos, que son una forma constitucional. Algunos los tienen desde hace 500 años por cédulas reales de la corona española, otros son de origen colonial, como Cañamomo y Lomaprieta y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña. Otros son de origen republicano, de hace 200 años, como San Lorenzo y Escopetera Pirza, que fueron fundados hace 400 años, pero sus resguardos fueron disueltos por interés de la República para proyectos mineros o para ampliar la frontera agrícola. Esta forma de tenencia permite que haya un cabildo que ejerza control jurisdiccional.

Las parcialidades son comunidades indígenas reconocidas étnicamente por el Ministerio del Interior, pero no territorialmente. Brinda derechos que tienen todas las comunidades indígenas para temas como educación, salud.

Los asentamientos son comunidades indígenas que llegan a otros territorios y no tienen reconocimiento indígena, tienen los derechos de cualquier ciudadano del país. Viven en condiciones de extrema pobreza.