Especial: Los peros de los Centros de Integración de Caldas, al descubierto

Juliana Villanueva*

LA PATRIA | Manizales

En Caldas se construyeron 19 Centros de Integración Ciudadana (CIC), que en varios municipios se han utilizado poco. Estos espacios buscan, en el papel, aportar seguridad y convivencia ciudadana en las regiones. Una investigación de la alianza Consejo de Redacción y LA PATRIA encontró que, lejos de su propósito, algunos lucen postrados como elefantes blancos en municipios donde hay registradas víctimas del conflicto armado.

Se trata de un proyecto de orden nacional, cuyos recursos salen del Ministerio de Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon).

Solo en Caldas invirtieron $16.506 millones, lo que equivale al 2% de los $745.000 millones gastados en 880 CIC por todo el país. Hasta ahora, son 723 municipios los favorecidos en el territorio nacional.

Una comparación para dimensionar los dineros en su conjunto, según funcionarios de la Unidad para las Víctimas consultados, con ese presupuesto se podrían indemnizar aproximadamente 105 mil víctimas del conflicto.

Los CIC, escenarios que con el cambio de los jefes de esa cartera mutaron las motivaciones y pasaron a ser obras con tinte de paz, parecen convertirse en un dolor de cabeza.

La investigación periodística detectó en el departamento posibles sobrecostos, estudios irregulares de suelos, obras en terrenos inestables y retrasos en ejecuciones en, al menos, tres proyectos en la región. También están en duda los beneficios y las motivaciones que llevaron a construir los 19 Centros.

Ante la falta de obras por el posconflicto en Caldas, los CIC fueron menos que un premio de consolación.

En Caldas se suscribieron ocho convenios entre noviembre y diciembre del 2013. Luego, dos en el 2014, dos en el 2015, cinco en el 2016, uno en el 2017 y otro en el 2018.

Información obtenida a través del propio Ministerio, no obstante, al compararla con la base de datos del sistema de contratación SECOP, hay cambios en las cifras y un par de convenios que no están relacionados. Para evitar inconvenientes, se relacionan los datos entregados por el Ministerio a este diario.

Los costos

En Caldas se construyeron 19 centros (CIC), en los que el Ministerio del Interior ha invertido hasta el momento $16.506 millones.

En la investigación periodística se revisaron tres CIC, construidos en tres municipios que fueron azotados por el conflicto armado y en los que las víctimas piden indemnizaciones a gritos, pues según la Unidad de Víctimas, solo han sido indemnizadas entre un 12% y un 15%.

Se trata de Manzanares, Pensilvania y Samaná. Entre los tres municipios hay un total de 89.397 hechos victimizantes, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Samaná es el más afectado con 56.765 hechos registrados.

En Caldas hay reportadas 90.817 víctimas. Desde el 2012, la Unidad para las Víctimas ha invertido $123.606 millones en el apoyo a las alcaldías, la atención y la ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura social y comunitaria e indemnizaciones.

Estos centros surgieron en Caldas como las “obras de mostrar” ante la falta de inversión del Gobierno Nacional en tiempos de posconflicto.

Los tres tuvieron dificultades. El de Pensilvania apenas está en la etapa final de construcción; el de Samaná está listo, pero sin inaugurar y el de Manzanares requirió más recursos porque loconstruyeron en terreno inestable. Habitantes todavía cuestionan si eran necesarios.

Recorrido

El 29 de marzo, el alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, inauguró con bombos y platillos el CIC en las afueras del municipio. Esta obra tuvo retraso de un año y nueve meses, adiciones por $202 millones y se construyó en un terreno inestable, un probable error que requirió otros $240 millones a través de un convenio con Corpocaldas. Sin contar que no cayó bien, en parte de la comunidad, por estar fuera de la zona urbana.

Que el CIC quede lejos de la gente es una ironía, porque el Ministerio argumentó que tendrían como función “promover la integridad social y comunitaria en torno a estructuras urbanas de participación, (barrismo social, tribus, grupos sociales) con el fin de prevenir la violencia y el delito, a partir de un diseño mitológico de ocupación física del territorio”, argumentó en un derecho de petición.

El CIC en Manzanares se construyó para la práctica de baloncesto, microfútbol, voleibol, patinaje y actividades deportivas, culturales y sociales. Incluye baños, camerinos, zona para oficinas, tarima, parqueo e iluminación interior y exterior.

El contralor general de la Nación, Felipe Córdoba, dijo que probablemente se genera una acción antieconómica para el patrimonio nacional, pero hay que analizar el caso específico.

Córdoba expresó: “Tendríamos que ver quién tuvo la responsabilidad de planearlo ahí, por qué no lo están poniendo al uso de la gente desde allí, tendríamos que realizar las auditorías para poder decir quién tendría en eso la presunta responsabilidad”.

Lo único que debían poner los municipios era el terreno. Este debía ser propio, según el convenio firmado con el Ministerio. En los tres casos se cumplió la norma: en Manzanares la obra se construyó en el Ecoparque Pantágoras, que de acuerdo con el exalcalde Antonio Ramírez (1995 -1997) se le compró a la Gobernación de Caldas en su administración: “Lo compramos porque ahí antes era la Granja Santa Clara, el Departamento abandonó el proyecto de la granja y les compramos la mitad del lote. Eso fue más o menos en 1996”.

El CIC de Samaná se construyó en un lote que se había comprado en la administración del exalcalde Wilder Escobar a Ismael Restrepo (fallecido) para construir viviendas, contó vía telefónica. Escobar aseguró que “tanto fue así que el Ministerio dio el visto bueno para construir allí 180 viviendas para víctimas del conflicto, los estudios y diseños estaban al día. La actual administración le quitó 60 casas para construir el CIC”.

Según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Pensilvania, el predio del CIC en el municipio: “se declaró como urbano baldío y por lo tanto el Municipio se adueñó de él. Allí antes había un parque y ahora se está construyendo el Centro”, dijeron en la ORIP.

La licitación

La construcción de los CIC de Pensilvania, Manzanares y Samaná se otorgó por licitación. Los dos primeros con un único oferente y el último con seis.

En el caso de Pensilvania, la licitación se abrió el 31 de enero del 2018 y se cerró el 9 de febrero con un único proponente: Proyectos civiles y tecnológicos SAS. El representante legal de esta empresa es Ricardo Alberto Martínez, quien también ganó la licitación del CIC de Samaná compitiendo con otros seis; la licitación se abrió el 7 de marzo del 2017 y se cerró el 11 de marzo.

En Manzanares, la licitación se abrió el 9 de marzo del 2017 y se cerró el 17 de marzo, el único oferente y finalmente contratista fue la Fundación Sabanas, que tiene como representante legal a Emiro Enrique Monterroza.

Frente a las demoras en la construcción, Manzanares, por ejemplo, tuvo 21 meses de retraso en la entrega, además, adiciones de por lo menos $200 millones que asumió el Ministerio.

El convenio en este municipio se firmó el 2 de junio del 2016 por $885’000.000, aunque con las adiciones terminó costando $1.087 millones. Esto, sin contar el convenio interadministrativo que la Alcaldía tuvo que firmar con Corpocaldas para realizar obras de estabilidad en la ladera del CIC, y que terminó costando $240’477.000.

Manzanares tiene 3.890 hechos victimizantes. Ya cuenta con el convenio de un segundo CIC, el cual quedará en el corregimiento de Las Margaritas, a una hora y media de la cabecera municipal, y cuyo valor en los documentos de contratación pública está por $959’400.000.

Otra particularidad es que, aunque estos centros tienen como objetivo mejorar la seguridad de los municipios, algunos habitantes se quejan porque quedan muy lejos y porque no se usan para lo que se construyeron.

El de Manzanares, por ejemplo, queda a 20 minutos a pie desde el Parque de Bolívar. Pedro Loaiza, un habitante del pueblo, asegura que ese tipo de construcciones se presta para otras cosas: “Es un centro para drogadictos, los jóvenes se dirigen allá a consumir estupefacientes”.

Carlos Alberto Botero, alcalde de Manzanares, indicó que el Centro era necesario y que no está lejos: “Es una zona de expansión, allí se pueden realizar intercambios deportivos, la cabecera municipal cada vez se expande más”.

Julián Echeverri, otro habitante, opinó: “No se debió construir en ese sitio, porque está al alcance de poca ciudadanía, además ya había otro coliseo igual de lejos, eso no es un Centro de Integración, es un centro de desintegración ciudadana”.

Los retrasos

El CIC de Pensilvania está bien ubicado, pero aún está en obra. Debía entregarse el 31 de julio del 2018 y la comunidad lo sigue esperando. Idelfonso Toro, mecánico del municipio, comentó: “La obra está demorada, pero va a quedar una belleza. A eso le han metido buen material. Es una construcción moderna y con facilidades para personas discapacitadas”.

En eso coincide Jesús Cardona: “Lástima que esta obra ha tenido retrasos, sus razones tendrán los contratistas, pero va a quedar bonito. Vale la pena la espera”.

Otros habitantes más dudan que necesiten otro coliseo tipo polideportivo, pues ya tienen uno cubierto con cancha múltiple y capacidad de 2.500 personas. En su momento, hace 15 años, ese coliseo costó $950’000.000. El nuevo coliseo, que se firmó en un convenio interadministrativo por $959’708.000, ya se trepó a $1.496 millones.

Aportes propios

El convenio exigía que los municipios solo debían entregar el terreno y suscribir contratos. Sin embargo, en el caso de Pensilvania, la Alcaldía ha tenido que cofinanciar $191’932.000 porque el Ministerio no dio más recursos. Jesús Iván Ospina, alcalde, explicó: “Ellos fueron generosos hasta donde pudieron, llegó un punto en el que ya no tenían dinero y nos dejaron la responsabilidad. No queríamos dejar la obra inconclusa, por eso, invertimos en el CIC”.

A este CIC, de acuerdo con la respuesta a un derecho de petición de esa Alcaldía, también le han realizado obras de estabilidad. Mientras construían se dieron cuenta de que el suelo está en una base hidrográfica que enloda, y hay taludes que se han caído sobre la obra, debido a la ola invernal, argumentaron funcionarios.

El alcalde dijo que esperaba entregar este centro en junio, pero aún no se entrega y posiblemente lo abran a finales de agosto: “Los estudios claramente tuvieron una imprecisión, ellos [Jorge Eduardo Álvarez Gallego] se tuvieron que dar cuenta de que los suelos no eran buenos. Tuvimos dos momentos difíciles, una audiencia que citó el Ministerio por presuntos incumplimientos, pero salimos bien librados porque no se configuró el incumplimiento”, indicó Ospina.

Más esperas

El CIC de Samaná no se queda atrás. Aunque la Alcaldía dice que ya está listo, la comunidad aún no lo puede estrenar porque no se ha inaugurado. El secretario de Infraestructura, José Frank Lozano, dijo que faltaba reiniciar el proyecto de vivienda que se construye al lado del CIC porque “las conexiones hidráulicas van conectadas y hasta que no se terminen de conectar no se puede inaugurar”.

En Samaná también están preocupados por el riesgo de que el CIC se use para otros fines. Este coliseo queda en la zona industrial, a unos 10 minutos de la zona urbana. Luz María Osorio, trabajadora independiente, indicó: “A la gente le da miedo ir allá de noche, es lejos. La plata que invirtieron allá la hubieran podido utilizar en otras obras o para mejorar el coliseo cubierto”.

Samaná ya tienen un coliseo cubierto para 3.000 personas, que costó cerca de $1.500 millones. Comenzó a construirse en el 2008 con aportes del Municipio y de Acción Social de la Presidencia de la República (hoy Departamento para la Prosperidad Social) y se inauguró, según el archivo municipal, el 9 de octubre del 2009.

El CIC de Samaná también costó más de lo estimado. Su obra se firmó por $885’000.000 millones y ya va en en $1.285 millones. Según el convenio interadministrativo la fecha de entrega debía ser agosto de 2017, hace casi dos años.

Solo en contratos de urgencia manifiesta, para la construcción de obras de estabilidad y la contratación de un geotecnista para analizar la estabilidad de un talud que había en el predio del CIC tiene invertidos $420’687.000 y, aún con todas las advertencias sobre el terreno que no detectaron los estudios, tiene el mismo contratista que licitó en Pensilvania para la construcción del CIC.

Ni el alcalde de Pensilvania ni el secretario de Infraestructura de Samaná dijeron estar enterados de la coincidencia en el contratista Ricardo Alberto Martínez García, representante legal de Proyectos Civiles y Tecnológicos SAS.

Martínez no aparece como donante en la campaña de Gloria Inés Ortiz, alcaldesa de Samaná. No se pudo constatar si hizo parte de los aportantes de la campaña de Jesús Iván Ospina (Pensilvania), porque el mandatario no declaró donantes en el portal Cuentas Claras.

El alcalde Ospina dijo que todo había sido financiado con recursos propios, registró $15 millones 61 mil en aportes que él mismo se hizo y el formulario de donantes particulares aparece vacío: “A mí no me donaron particulares, todo fue con mis recursos”.

El mismo

En Samaná se presentó otra coincidencia. El interventor de la obra es el mismo que realizó los estudios y diseños del CIC. El contratista es Carlos Alberto Arregoces Osorio, quien realizó los estudios y diseños como independiente y para la interventoría se presentó como representante legal de la empresa Unión Temporal Integración Samaná.

El terreno que este contratista estudió para la construcción del CIC fue el que resultó ser inestable. Un talud amenazó la construcción del CIC por lo que la Alcaldía tuvo que contratar obras de estabilidad por $385’689.493.

Alejandro Franco, abogado especialista en derecho público y administrativo, explicó que la conducta de doble consultoría (realizar estudios, diseños y ser interventor) genera un claro conflicto de intereses: “En este caso el contratista no tenía un nivel de objetividad y todo cae en su responsabilidad como interventor. Él como interventor no va a ser lo suficientemente riguroso. Si bien la conducta no está expresamente prohibida, sí hay un claro conflicto de intereses”.

Se intentó contactar en cinco ocasiones a Arregoces al número de teléfono suscrito en los contratos y las llamadas generaban error. También se le escribió en sus redes sociales y nunca contestó. Tras los intentos de comunicación, bloqueó a la periodista. Desde la Secretaría de Infraestructura del Municipio también intentaron comunicarse con el contratista de manera infructuosa.

El contralor de la República, Felipe Córdoba, calificó de “locura” esa doble figuración como realizador de estudios e interventor de la obra. “Eso es lo que venimos denunciando. Es clave que nos pasen esos datos para poder actuar con rapidez y prontitud, porque esos no están dentro de la muestra. Importante hacerlo rápido para además también mandarlo a Fiscalía y Procuraduría”.

Sin revisión

Los CIC de Caldas no fueron seleccionados dentro de la muestra que alcanza a revisar la Contraloría, que es de un escaso 10%. Es decir que, de los 80 CIC revisados por el órgano de control fiscal, quedaron por fuera 800 coliseos del país de los que poco se sabe.

Dentro de la muestra analizada por la Contraloría, predominanla “mala gestión, la falta de planeación y los problemas de ejecución”, según Córdoba.

Luis Alberto Castañeda, exprocurador regional de Caldas (abril del 2017 a febrero del 2019), dijo que "se debería abrir investigación por hechos anómalos. “Se debe notificar a la Procuraduría para que investigue”.

Carlos Manuel Llano, excontralor de Caldas (febrero del 2008 a febrero del 2012) analizó: “Se observa ineficiencia en la terminación de las obras, lo que llevaría a la necesidad de poner en conocimiento de los órganos de control fiscal. Igualmente promover la constitución de veedurías ciudadanas locales para verificar el cumplimiento de los contratos”.

Aunque se pensaron con un propósito noble y en el escenario del posacuerdo, los Centros de Integración Ciudadana están dejando al descubierto, de nuevo, varios de los pecados de la contratación pública.

Hay falta de planeación, errores de ejecución, sobrecostos, demoras e indicios de presuntas irregularidades. Todo, en contraste con las necesidades que a las comunidades les dejó el conflicto armado y que los gobernantes están lejos de restituir con un coliseo.

¿Riesgo de ‘mermelada’?

Los Centros de Integración Ciudadana no han estado exentos de suspicacias políticas. Hernán Andrade, exsenador del Partido Conservador, fue un crítico del proyecto. En su momento dijo que “se estaban utilizando con fines politiqueros”, refiriéndose a un supuesto favorecimiento a municipios que podrían significar una votación importante para la consulta del Partido Liberal en la que participó el exministro Juan Fernando Cristo.

Frente a este tema, Andrade explicó que la firma de convenios con regiones que podían favorecer al exministro se frenó a tiempo y que hasta ahí llegó el lío: “Hay que comprender que los ministros formulan estos proyectos para tener algún tipo de gobernabilidad en el Congreso, por politiquería, mermelada, como se quiera llamar. Denuncié, incluso César Gaviria denunció, pero ahí paró todo”.

Consultado al respecto, el exministro Cristo dijo que era un tema del que no valía la pena hablar: “No hay investigaciones, no hay nada”, insistió.

El inicio

 Planeado  

La idea de construir CIC surgió por primera vez en una reunión en el Ministerio del Interior, el 17 de septiembre del 2013, según los documentos que proporcionó la propia entidad. Allí participaron el entonces jefe de esa cartera, Aurelio Iragorri, el viceministro de Relaciones Políticas, Carlos Eduardo Géchem, y otros funcionarios del Ministerio, entre ellos María Fernanda Álvarez, subdirectora de infraestructura y quien, después de esta sesión, fue la encargada de formular el proyecto.

 Por la reelección

Para esa fecha, el país estaba a dos meses de enterarse de la candidatura del presidente Juan Manuel Santos para aspirar a un segundo periodo (2014-2018).

La aprobación de los Centros fue rápida –por no decir exprés– según un derecho de petición que el propio Ministerio suministró.

 Exprés

En solo tres sesiones, que se realizaron en un lapso de un mes y medio (17 de septiembre, 2 de octubre y 24 de octubre del2013), aprobaron un proyecto que sacó de Fonsecon la inversión para la construcción de CIC en las regiones, cuyo promedio por obra es de $959 millones. Un valor que puede trepar hasta los 1.300 millones, según cada caso.

 Cuenta especial

El Fonsecon es clave por varios motivos, pues es una cuenta especial que no tiene personería jurídica y que fue creada por el Ministerio del Interior (entonces Ministerio de Interior y de Justicia): “El objeto de este fondo es el de propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones que permitan fortalecer la gobernabilidad local y territorial, en el marco de la política y la estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana”, reza el decreto de creación.

 Contribuyentes

El Fondo se alimenta de contribuciones del 5% de los contratos de obra de las instituciones del orden nacional y de un 0,25% de los recaudos de las concesiones en el país, confirmó el exministro Guillermo Rivera Flórez.

Criticado

No es la primera vez que se habla del destino de los dineros del Fonsecon: “Los alcaldes presentan proyectos con planos y estudios para demostrar que necesitan esta remodelación y el Ministerio autónomamente (una junta encabezada por la viceministra del Interior) decide cuáles municipios se merecen los recursos. La oposición y hasta exministros uribistas han dicho que esta selección no obedece a criterios técnicos sino políticos”, contó el portal La Silla Vacía en el 2008.

 Por seguridad

Al principio, la necesidad de los CIC se basó en el argumento que mejorarían la seguridad ciudadana de municipios azotados por la violencia. Según lo que respondió el Ministerio, en el derecho de petición, se tuvieron en cuenta factores como “situaciones de orden público, municipios en zona de frontera, categoría municipal, municipios en zona de consolidación, municipios sujetos a reparación colectiva y lesiones y hurtos”.

 Desde antes

En el acta del 24 de octubre del 2013 también dice que estos espacios se crearon para “fortalecer la tolerancia en medio de la diferencia en el proceso del posconflicto”. Pero aún el país ni siquiera había firmado los Acuerdos de Paz. Con esos criterios, los CIC arrancaron en el 2013. La contratación entre el Ministerio y las regiones se realizó a través de convenios interadministrativos con las alcaldías y autoridades de los municipios.

 Cambio de motivos

Con el nombramiento de Juan Fernando Cristo como MinInterior, en el 2014, las motivaciones de los CIC mutaron. Así lo reconoció tras consultarlo: “Esta idea viene desde Iragorri, yo procuré que fuera un proyecto que caminara al lado de la paz, trabajamos con la Alta Consejería (para La Paz), pero los recursos salieron de Fonsecon”.

Top 5

Los siguientes son los departamentos con más Centro de Integración Ciudadana (CIC), por lo menos los reportados con esta investigación:

Antioquia: 90

Nariño: 78

Cundinamarca: 75

Boyacá: 64

Santander: 62

* Con información de los corresponsales de Samaná, Guillermo León García; de Pensilvania, Rubén Darío López, y de Manzanares, Henry Giraldo.

Nota: Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo Los números del posconflicto, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos, entre ellos LA PATRIA