CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES
El consenso entre los gerentes de hospitales y la Dirección Territorial de Salud de Caldas se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿para qué conciliar las cuentas pendientes con las EPS, como se ha hecho en reiteradas ocasiones, si estas no cumplen con lo pactado?
La Procuraduría y la Superintendencia de Salud han convocado a varias jornadas de conciliación en los últimos años, y las quejas e incumplimientos se mantienen. “Es una perdedera de tiempo”, afirma Jorge Hernán Yepes, director de la Territorial. “No hay forma de conciliar porque las EPS ni siquiera asisten a los llamados que se hacen para ello”, agrega el nuevo gerente del Hospital de Anserma, Héctor Uriel López.
El director en Caldas de Caprecom, Jorge Iván Ramírez, manifiesta que es necesario tener las cuentas claras, ante lo cual Yepes responde: “no tener cifras exactas ha sido una maniobra sistemática de las aseguradoras para no pagar”. Caprecom es quizá la más criticada, pues sus deudas han llevado a que centros asistenciales de alta complejidad les nieguen servicios a sus afiliados, como en el caso de Oncólogos de Occidente.
Esta y otras discusiones se plantearon ayer en Manizales durante una reunión entre los gerentes, la Territorial, los directivos de las EPS Caprecon y Cóndor Salud, y la Supersalud.
En representación de esta última entidad estuvo Jairo Vieda Quintero, director de Calidad y Prestación de Servicios. LA PATRIA habló con él.
¿Qué impresión se lleva de lo que ocurre en Caldas?
Es claro que hay una dificultad en la red de servicios y la desprotección de unos usuarios porque en la medida en que no les garanticemos el acceso al plan de beneficios tienen un carné que los acredita como afiliados, pero no es posible que se los presten, lo cual para nosotros como Superintendencia es grave. Caprecom dice que solo tiene garantizada una red del 50%, ¿qué está pasando con el resto?
¿Y qué hará la Superintendencia?
Tenemos funciones sancionatorias y todo eso se vuelve un insumo para adelantar investigaciones, pero debemos garantizar el debido proceso. Tengo que iniciar un auto de investigación a la entidad, solicitar las pruebas, que me alleguen la información, y luego de muchas de ellas Caprecom ya ha tenido sanciones. Lo que pasa es que es una EPS que se sale del contexto del resto porque es pública, pero no por eso está exenta de investigaciones. De hecho le estamos adelantando varias por fallas en el servicio.
Los directivos de esa EPS dicen que tienen un déficit de $1 billón en todo el país. ¿La solución es inyectarle recursos o hay algo del sistema que es necesario cambiar?
Habría que hacer una evaluación integral de la entidad, si es que los recursos son pocos o si los están atrancando. Eso es objeto del Ministerio de Salud, que es el órgano nacional. Nosotros somos una superintendencia, entonces ahí me declaro impedido para responder.
La Territorial y los hospitales aceptan una nueva conciliación siempre y cuando las EPS estén obligadas a asistir y a cumplir, y que, en caso contrario, las sancionen. ¿Qué garantiza que una nueva conciliación surta efecto?
Primero hay que mirar si, como lo dice la palabra, se puede conciliar, es decir, si amistosamente se puede arreglar el problema. Si no, hay que pasar a la siguiente etapa y aplicar la función jurisdiccional, que también ya la tenemos: podemos actuar como juez para decirle a la EPS que tiene que pagar en tanto tiempo. Diferente es si la entidad tiene cómo pagar. Es claro que si no lo hace vendrán otras medidas cautelares que se tendrán que tomar. Por eso pienso que si la conciliación no ha surtido efecto, habrá que pasar a la siguiente etapa.
Los directores de hospitales no creen en esas conciliaciones. ¿En realidad es necesaria una más?
Procesalmente es una obligación. Hay que hacer un nuevo barrido para saber qué es lo adeudado y si hay acercamiento de las partes. No podemos entrar a la función jurisdiccional si no se ha agotado la primera etapa.
También se propuso una reunión en Bogotá con los directores nacionales de Caprecom y de Cóndor Salud, que tienen poder decisorio. ¿No es mejor que las EPS estén descentralizadas para que se pueda negociar aquí?
Lo que pasa es que cada una de esas empresas tiene autonomía administrativa, es decir, ellas organizan su funcionamiento. Si el modelo que aplican no funciona, debemos pedirles que demuestren cómo garantizarán que con una operación nacional centralizada pueden girar recursos y garantizar pagos. En primera instancia no podemos obligarlos a estar descentralizados en todas las regiones porque habrá las que operen bien desde el nivel nacional. Hay algunas que tienen que controlar el costo para no desbordarse.
Usted también argumentó que las EPS no trabajan en promoción y prevención y por eso los costos se hacen altos...
Si soy un paciente hipertenso o diabético y me hacen actividades de promoción y prevención en salud puedo hacer que esa patología nunca se desarrolle, o se retarde muchísimo más. Si no me dan un buen manejo desarrollaré patologías de alto costo. Eso puede explicar que esté disparado el costo en salud, es decir, que tengan una EPS tengan presupuestados, por ejemplo, mil millones, y se gaste mil 600 millones de pesos. Por eso no creo que Manizales tenga unas condiciones muy diferentes al resto del país.
Se culpa siempre a las EPS, ¿en verdad son las únicas que fallan o le cabe responsabilidad a otros actores?
A todos nos cabe responsabilidad, pero lo que pasa es que el contrato de aseguramiento es con la EPS y lo que la ley ha querido es que esta sea gestora de la calidad de la salud de la población. Entonces está obligada a contratar el servicio, pero también a garantizar que se preste con calidad, que sea oportuno, de fácil acceso, en condiciones de seguridad, es decir, que el prestador (hospitales) haga lo que tiene que hacer. Pero muchas veces esos aseguradores hacen un contrato y aunque garantizan que el usuario asista, no monitorean qué tanto el prestador cumple con su deber. Por eso, si el servicio se presta pero no cumple con sus objetivos de promoción y prevención, el asegurador es el responsable porque es al que se le entregó la función.
Las funciones
La Superintendencia de Salud es la encargada de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia. A su cargo están las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud y atención al usuario. En caso de que alguna incumpla con las normas, la institución tiene la capacidad de sancionarla.
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