El gobernador apelará y continúa mientras se define segunda instancia

CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Lo que no se logró durante la campaña política del año pasado comienza a tomar fuerza seis meses después de que el gobernador Guido Echeverri asumió el cargo. Antes de los comicios del 30 de octubre del 2011 las autoridades electorales negaron la solicitud de revocar su inscripción como candidato, ante las inquietudes por su supuesta inhabilidad. Ahora, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Caldas define, en primera instancia, que la elección debe declararse nula porque la inhabilidad sí existió.

El presidente del Tribunal, Carlos Manuel Zapata Jaimes, anunció ayer que ese organismo judicial decidió “declarar la nulidad de los actos que declararon la elección del doctor Guido Echeverri Piedrahíta como gobernador del departamento de Caldas por violación al Régimen de Inhabilidades”.

Una vez el gobernador apele, como anunció que lo hará, el Consejo de Estado tiene hasta diciembre próximo para pronunciarse en segunda instancia. Mientras tanto, el mandatario puede continuar en el cargo con las mismas facultades que ha detentado hasta ahora.

Si se ratifica la decisión, se deberán convocar nuevas elecciones para elegir gobernador de Caldas, y mientras se surta ese proceso deberá administrar un gobernador encargado designado por el Gobierno Nacional. Si se revoca el fallo, Echeverri podrá continuar su mandato.

Las demandas

El fallo responde a dos demandas que en diciembre pasado interpusieron, de forma separada, los abogados Pilar Rosario Ruiz Castaño y Carlos Arturo Clavijo Aguilar. Ambos argumentaron que Echeverri nunca pudo inscribirse como candidato porque su esposa, Ana María Jaramillo Hurtado, había ejercido como secretaria de Hacienda encargada de Manizales durante el año previo en la elección.

La defensa del gobernador insistió en que Jaramillo no firmó ningún documento que implicara asignación de recursos, y recordó que Echeverri perdió en Manizales, donde en teoría habría podido influir su esposa.

A pesar de ello los magistrados se acogieron a lo que la Ley 617 del 2000 dice a la letra: “No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador (...) quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento...”.

El magistrado Zapata Jaimes puntualizó que se comprobaron cuatro puntos clave: la existencia del vínculo matrimonial; el ejercicio de un cargo de autoridad política y administrativa; que ese cargo se ejerció dentro del territorio del departamento, y que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no importa que al cargo se hubiera llegado por encargo.

“No cuestionaré la decisión”

Minutos después de que el magistrado Zapata Jaimes informó sobre la decisión del Tribunal, el gobernador les anunció a los medios que acatará y no cuestionará la decisión. “Aceptamos el fallo con humildad democrática”, agregó.

Pasó a insistir en que el encargo que ocupó su esposa “no incidió de ninguna manera en la opinión de los electores”, que es lo que busca impedir la ley al estipular la restricción.

También consideró que es muy probable que detrás de las demandas haya intereses partidistas de quienes perdieron las elecciones, aunque aceptó que no conoce a los dos abogados demandantes.

Pilar Rosario Ruiz, quien interpuso una de las dos demandas electorales, le aseguró a LA PATRIA que es falso que milite en algún partido o movimiento político, y que ha actuado como una simple ciudadana. “De la inhabilidad me di cuenta porque, como cualquier ciudadano, sabía quién estaba en el gabinete (de la Alcaldía de Manizales), pero soy independiente, una abogada que quiere aprender. Además, el 90% de los procesos que llevo son de pensiones porque me he especializado en eso”.

El gobernador dice que seguirá enfocado en su labor, aunque aceptó que la decisión puede afectar su gobernabilidad en tanto se interprete como un fallo definitivo. Por ello reiteró que hay una segunda instancia y que apelará. “Estoy trabajando siempre como si fuera el último día de la administración. Tenemos metas muy concretas que evaluamos minuto a minuto, seguiremos con la tarea de ejecutar el Plan de Desarrollo sin pensar en eventualidades que a futuro se pudieran dar”.

Paso a paso

8 de octubre al 3 de noviembre del 2010
Ana María Jaramillo, esposa de Guido Echeverri, ejerce como secretaria de Hacienda encargada de Manizales.

2 al 7 de febrero del 2011
Ana María Jaramillo, esposa de Guido Echeverri, ejerce como secretaria de Hacienda encargada de Manizales.

2 de agosto del 2011
Guido Echeverri, que oficia en Bogotá como rector de la Universidad Manuela Beltrán, hace pública su intención de inscribirse como candidato a la Gobernación de Caldas, tras conversaciones con el conservatismo yepista. "Tenemos claro que no hay inhabilidad", le asegura a LA PATRIA, pues desde ese momento se especulaba que los encargos de su esposa lo inhabilitarían.

10 de agosto del 2011
Guido Echeverri se inscribe como candidato a la Gobernación por la coalición de los partidos Conservador (yepista), Liberal, Cambio Radical y ASI. Posteriormente recibió el apoyo del Polo Democrático.

26 de agosto del 2011
Diego Franco Molina solicita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocatoria de la inscripción de Echeverri, al considerar que estaba inhabilitado por los encargos de su esposa.

29 de agosto del 2011
Pilar Rosario Ruiz Castaño solicita ante el CNE la revocatoria de la inscripción de Echeverri, con los mismos argumentos de Franco.

23 de septiembre del 2011
El CNE deniega ambas solicitudes argumentando que carece de pruebas plenas.

30 de octubre del 2011
Se celebran las elecciones y Guido Echeverri sale electo como gobernador de Caldas con 150 mil 470 votos.

5 de noviembre del 2011
La Comisión Escrutadora declara oficialmente la elección de Echeverri.

Mediados de diciembre del 2011
Los abogados Pilar Rosario Ruiz Castaño y Carlos Arturo Clavijo Aguilar interponen de forma separada demandas contra la elección de Echeverri, basados en los mismos argumentos de los recursos que se presentaron durante la campaña.

30 de diciembre del 2011
Guido Echeverri se posesiona como Gobernador de Caldas.

Mayo del 2012
Los abogados de Echeverri y de su esposa le piden al Tribunal que haga una inspección judicial en la Alcaldía de Manizales para incorporar las pruebas relacionadas con la hoja de vida de Ana María Jaramillo. Ambos defensores consideran que allí se pretende inducir a un error a los magistrados porque no hicieron llegar a los despachos todos los documentos solicitados.

Junio del 2012
El Tribunal concluye que para el proceso no es necesaria toda la hoja de vida de Jaramillo, pues solo se requieren los documentos que den fe de lo que hizo durante el año previo a la elección de su esposo.

28 de junio del 2012
El Tribunal Administrativo de Caldas declara nulos los actos administrativos que declaraban la elección del gobernador. Es una decisión de primera instancia que Echeverri apelará ante el Consejo de Estado.

El litigio en la campaña

Guido Echeverri enfrentó, como candidato a la Gobernación de Caldas, dos solicitudes de revocatoria de su inscripción que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El argumento fue el mismo: que el encargo de su esposa como secretaria de Hacienda de Manizales durante el año previo a la elección lo inhabilitaba para aspirar.

Ambos recursos los interpusieron los abogados Diego Franco Molina, exsecretario de tránsito y militante del Partido de la U (que competía contra Echeverri), y Pilar Rosario Ruiz Castaño, quien se dice independiente.

El CNE no les dio la razón porque las pruebas que allegaron fueron presentadas a destiempo, en unos casos, y estaban sin autenticar, en otros, algo que no permitía “tener certeza sobre su autenticidad”.

El CNE se centró en esto y no analizó si efectivamente existía la inhabilidad, como lo hace ahora el Tribunal Administrativo de Caldas.

Gremios y políticos dicen que es lamentable

Dirigentes políticos y gremiales dieron su opinión sobre la nulidad de la elección del gobernador en primera instancia:

Jorge Hernán Mesa, representante conservador yepista
Es lamentable la decisión que en primera instancia tomó el Tribunal. Como equipo que impulsó y recomendó a Guido Echeverri, le hemos pedido que apele de la decisión en aras de que el Consejo de Estado evalúe y tome la decisión que favorezca los intereses de los caldenses. Es indudable que el gobernador le ha devuelto la credibilidad a los gremios y a la comunidad por sus virtudes gerenciales y su transparencia, que era lo que esperábamos.

Mauricio Lizcano, senador Partido de la U
En una columna del pasado lunes en LA PATRIA escribió: “no hemos respaldado a Guido Echeverri (…) sin embargo, nadie puede desconocer que ha venido limpiand el nombre de nuestro departamento, recuperando la credibilidad de los ciudadanos y visitando permanentemente los municipios. Hoy Caldas va por buen camino y unas elecciones atípicas serían nefastas para el desarrollo de nuestro departamento. (…) He rechazado pública y privadamente las demandas”.

Jorge Hernán Aguirre, diputado liberal y presidente del Directorio Municipal de Manizales
Hay que respetar el fallo. Las cosas siguen igual porque será el Consejo de Estado el que diga la última palabra. Los abogados del doctor Guido tienen allí la oportunidad de defenderlo y creemos que el Consejo fallará a su favor. Nos preocupa la incertidumbre que se genera desde los puntos de vista económico, político y administrativo. Nos la seguiremos jugando con él, apoyándolo todos estos días hasta que se conozca la definitiva.

Jorge Luis Ramírez, presidente de la Asamblea de Caldas (conservador sierrista)
Es lamentable que el departamento pase por estas circunstancias. La decisión del Tribunal en mucho afecta el funcionamiento administrativo y político de Caldas, incluidos todos los proyectos, planes y programas que se desarrollan. Esperemos que el Consejo de Estado decida lo que más le convenga al departamento. En la Asamblea nos genera mucha incertidumbre, se presume que el gobierno seguirá presentando sus proyectos, generando actos administrativos, pero se genera un sinsabor que no es conveniente después de todo lo que hemos pasado.

Óscar Gutiérrez, dirigente del Polo Democrático en Caldas
La decisión la respetamos, pero no la compartimos. Es claro que los niveles de inhabilidad tienen que ver con el nivel del mando y de gobierno. No se puede comparar el nivel de mando de una alcaldía como la de Manizales con el de la Gobernación. Mantenemos el apoyo al gobernador y esperamos que el Consejo de Estado revoque la decisión.

Irene Mejía, Gerente de Andi
Es claro que uno se tiene que apegar y respetar los fallos judiciales, pero es evidente que esto impactará el desarrollo de la región y la buena dinámica que le había plasmado el nuevo mandatario a varios proyectos, por lo que se convierte en otro problema lamentable para Caldas.

Gloria Patricia Arias, directora de Fenalco
Es un hecho lamentable teniendo en cuenta la nueva dinámica que le estaba imprimiendo el gobernador a la región, y su intención de sacar adelante varios proyectos, motivo por el cual ha tenido el respaldo completo de todos los gremios. Creemos que de configurarse la decisión en segunda instancia sería gravísimo para el departamento.

Gildardo Armel Arenas, presidente Cámara de Comercio de Manizales
Soy respetuoso de las decisiones judiciales, pero esta me parece desafortunada, inconveniente, inoportuna, y no sería de buen recibo para los caldenses, Su llegada a la Gobernación nos devolvió la confianza y la seguridad en los gobernantes, y encarna a un profesional con experiencia, transparencia, honestidad para dirigir los destinos de este departamento. Apoyamos su gestión y hacemos votos para que el fallo en segunda instancia salga a su favor.

Diferente al caso Aristizábal

El caso de Guido Echeverri es muy diferente al de su antecesor, Mario Aristizábal, de quien la Contraloría General de la República ordenó la suspensión del cargo en septiembre del 2011.

Ese fue un proceso de responsabilidad fiscal en medio del cual el ente de control solicitó que al entonces mandatario se lo separara del cargo para que no entorpeciera la investigación por las irregularidades en la firma de un otrosí, en el 2009, del contrato de concesión del chance en Caldas. Ese proceso continúa en curso, mientras que la Procuraduría, en enero pasado, destituyó e inhabilitó a Aristizábal por 10 años para ejercer en cargos públicos, por el mismo caso. La decisión fue de primera instancia.

El caso de Guido Echeverri no es ni disciplinario ni de responsabilidad fiscal, ni tiene que ver con sus actuaciones como gobernador, sino son su aparente inhabilidad para haber aspirado al cargo.