Cañamomo y Lomaprieta, por una minería responsable

LA PATRIA | MANIZALES

La comunidad Embera Chamí, que hace parte del resguardo Cañamomo y Lomaprieta en jurisdicción de Riosucio y Supía (Caldas), ve como una victoria el fallo de la Corte Constitucional.

Ordenó a la Agencia Nacional de Tierras priorizar la delimitación y titulación de predios de este resguardo, luego de una tutela que interpuso la comunidad.

Héctor Jaime Vinasco, exgobernador y miembro de la mesa directiva del resguardo, señaló que esta decisión deja un precedente para que las autoridades mineras de Colombia no pasen por encima de las comunidades indígenas. "Esto demuestra que teníamos la razón, porque la Agencia Nacional Minera y el Ministerio de Minas violan nuestros derechos".

Están en desacuerdo con la minería a gran escala. "Queremos una minería limpia, armónica con el medioambiente y sustentable, que no use mercurio ni cianuro y que no contamine las quebradas", agrega Vinasco, al resaltar que esa es la tarea que realizan las comunidades indígenas.

Se queja porque esperan la visita del Minminas y de la Agencia para que conozcan cómo es la minería que realizan. "Llevamos mucho tiempo esperando que se cumpla ese compromiso pactado en las reuniones de formalización minera".

Control en el Cauca

La Gobernación de Caldas se mantiene en el propósito de controlar la minería ilegal en las riberas del río Cauca. Ayer hubo una reunión entre el gobernador (e), Ricardo Gómez; el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahíta, y el coronel de la Policía Juan Francisco Peláez, comandante de la Unidad Nacional contra la minería ilegal.

El coronel sostiene que son 258 puestos ilegales a lo largo de 48 kilómetros. "Esta minería ilícita puede generar tragedias como la de Riosucio el 13 de mayo del 2015, en la que murieron 15 mineros". Agrega que no solo se trata de controlar la minería ilegal, si no que debe existir un esfuerzo institucional para promover otros trabajos.

El secretario de Gobierno resalta que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional para intervenir las riberas del Cauca, lo que costaría por lo menos $5 mil millones, pero la Gobernación no cuenta con esos recursos.