Camino de Caldas a la Ley 550: entre dificultades y descuidos

CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Era martes 25 de septiembre del año pasado y a la Secretaría de Hacienda de Caldas llegaba otra mala noticia: la Gobernación de Risaralda le embargaría $6 mil millones por una deuda de cuotas partes pensionales. Rodrigo Giraldo, el secretario, alarmado envió a Pereira a una funcionaria con un cheque de $800 millones que permitieron, al final del día, levantar el embargo momentáneamente. La zozobra por nuevas medidas en contra llevó a que seis días después, el lunes primero de octubre, el gobierno departamental se acogiera a la Ley 550, con la que pretende sanear las finanzas.

La anécdota la cuenta el funcionario para ilustrar aquellos estresantes días. Meses atrás les habían aplicado embargos por $8.700 millones, también por deudas pensionales y había reclamaciones en fila por $38 mil millones.

Si a esto se le suma que el año pasado Inficaldas no pudo transferirle recursos a la administración central y que la Industria Licorera incumplió con lo presupuestado, el 2012, de acuerdo con Giraldo, se convirtió en un año atípico en cuanto a dificultades. ¿Cómo se llegó hasta allí?

Amenazas
Es difícil saber en qué momento la carga pensional del departamento se convirtió en un lastre inmanejable, pues las dificultades aquí y en todo el país se remontan varias décadas atrás. El exgobernador Luis Alfonso Arias (2001-2003) explica que en su administración "el tema pensional representaba unas cifras importantes y el día a día obligaba a sortear esas obligaciones haciendo ajustes presupuestales", pero no vivieron crisis por embargos. Recuerda, eso sí, que "se veía venir algo muy fuerte por la bomba pensional".

Le siguió la administración de Emilio Echeverri (2004-2007), y fue en ese periodo, específicamente en el 2006, cuando el Gobierno nacional hizo un fuerte llamado para que las entidades públicas se pusieran al día, e incluso el Congreso expidió una ley para ello.

Luis Fernando Loaiza, secretario de Hacienda del 2006 al 2007, recuerda que en esos momentos otras entidades públicas comenzaron a cobrarle a Caldas sumas importantes por el pasivo pensional, pues antes era algo que "se dejaba en el olvido". Intentaron cruzar cuentas con los acreedores, e incluso se percataron de que la Gobernación reconoció por varias décadas pensiones que le correspondían al Gobierno central, por lo que también reclamaron. El entonces gobernador, recuerda el exsecretario, advirtió que si no se le ponía cuidado a ese pasivo pensional el departamento sería inviable en un futuro.

Las cifras oficiales indican que durante el 2007, cuando terminó la administración de Emilio Echeverri, y los cuatro años de mandato de Mario Aristizábal (2008-2011), los embargos ascendieron a $11 mil millones.

Advertencias
LA PATRIA consultó los informes de viabilidad fiscal de Caldas entre el 2001 y el 2011. Son documentos que elabora cada año el Ministerio de Hacienda para informarle al Congreso la situación de las finanzas departamentales. Los análisis evidencian un sube y baja en la situación de la administración, y dan cuenta de advertencias que no se acogieron en su debido momento (ver recuadros).

Desde el 2004, por ejemplo, el Ministerio llamó la atención por pasivos que llegaban a $37 mil millones, referentes a deudas como las cuotas partes pensionales y los procesos judiciales fallados contra el departamento que incluían pretensiones económicas. La recomendación, año por año, fue hacer acuerdos de pago para salirse a tiempo de esas deudas, sobre todo las de pensiones, pero los esfuerzos han sido inútiles.

Al terminar el 2008, tras el primer año de Aristizábal, los indicadores desmejoraron y el Ministerio afirmó que la situación estaba deteriorada. Entre el 2009 y el 2011 hubo una mediana mejoría, pero aumentaron los procesos judiciales en contra, y los acuerdos de pago de cuotas partes pensionales no avanzaban lo suficiente y ponían en riesgo las finanzas.

Desde la Contraloría
La falta de avance en los acuerdos de pago se evidenció tras una auditoría de la Contraloría de Caldas a la Secretaría de Hacienda.

El informe indica que hasta el 2011 el departamento le debía a 107 entidades, y solo había conciliado con 30.

A su vez, 92 entidades le debían al departamento -también por cuotas partes pensionales-, solo había acuerdos con 10 y tan solo tres pagaban cumplidamente.

La Contraloría concluyó, en mayo del 2012, que las conciliaciones no habían sido suficientes ni oportunas, y advirtió sobre posibles embargos. Dicho y hecho: un mes después el departamento dio a conocer que Ferrocarriles Nacionales, el Seguro Social y la Gobernación del Valle le habían embargado $8 mil 700 millones por cuotas partes incumplidas, lo que afectaría inversiones para vías y la Delegación minera.

Para tener una idea, el monto de los embargos a septiembre del 2012 ($14 mil 700 millones) correspondía a la tercera parte (33,5 %) de las obligaciones corrientes del departamento, como la deuda con los bancos, el pago de seguridad social de los empleados, el pago de estampillas, entre otros. Las normas solo permiten que esa proporción sea del 5 %.

El secretario Giraldo concluye: "Lo más importante es que el departamento quedará saneado, así nos cueste sangre y dolor". Sangre y dolor que llegarán tras una historia de dificultades, pues el problema es estructural, pero también de descuidos y de advertencias que no se acogieron.

El dato
*Los pasivos de Caldas, después del primer acercamiento con sus acreedores como parte de la Ley 550, asciende a $242 mil millones.
*Solo por deudas pensionales la suma llega a $58 mil millones.

¿Qué son las cuotas partes?
Son recursos que aportan las entidades públicas para la pensión de quienes han sido sus funcionarios. Dado que una persona puede trabajar durante su vida en varias entidades, todas estas deben aportar para la pensión de acuerdo con el tiempo que laboró el trabajador y con el salario que este devengó.

Año a año

A continuación, el diagnóstico del Ministerio de Hacienda sobre la situación fiscal de Caldas entre el 2001 y el 2011.

Luis Alfonso Arias

2001
Diagnóstico: inviabilidad fiscal sin síntomas de mejoría.
Recomendación: Antes que comprometer recursos en nuevos gastos, deben sanearse los pasivos.

2002
Diagnóstico: Ajustó gastos, generó ahorro y mejoró la inversión. Se ubicó en primeros lugares del país.
Recomendación: Mantener manejo responsable del endeudamiento. Transferirle a la Asamblea solo lo de ley, pues le está dando más.

2003
Diagnóstico: Departamento sostenible financieramente, pero con algunos riesgos que deben ser corregidos en el mediano plazo.
Recomendación: Mantener manejo responsable del endeudamiento y ser cauto en caso de necesitar nuevos créditos.

Emilio Echeverri

2004
Diagnóstico: En general, indicadores financieros positivos. Volvió a transferir más de lo debido a Asamblea y Contraloría. Acogió plan de saneamiento para ajustar gastos en la Asamblea.
Advertencias: Aparecen $36.996 millones de pasivos no financieros, es decir, deudas distintas a las bancarias, que tienen que ver con procesos judiciales en contra y cuotas partes pensionales.
Recomendación: Llegar a acuerdos de pago para solucionar alto monto de pasivos.

2005
Diagnóstico: Es sostenible, aunque con algunos riesgos.  Primer año desde el 2001 en que los gastos fueron superiores a los ingresos.
Advertencias: 1. Pasivos no financieros (cuotas partes y fallos en contra) por $53.160 millones. 2. Son 841 procesos judiciales en con pretensiones de dinero cuyo monto se desconoce. Se destinan cantidades mínimas para atenderlos.
Recomendaciones: 1. Crear un fondo de contingencias que permita atender fallos contra el departamento.

2006
Diagnóstico: Estable, pero capacidad de pago de la deuda se puede afectar por los elevados pasivos. Se reestructuró la deuda con bancos y se redujo su monto a $38.410 millones.
Advertencias: 1. Son 1.103 procesos en contra cuyas pretensiones ascienden a $110 mil millones, y no hay un fondo para atender posibles contingencias, es decir, fallos en contra. Esto representa riesgo para las finanzas. 2. Los pasivos no financieros (cuotas partes y fallos en contra) ascienden a $43.644 millones.
Recomendación: Crear un fondo para las contingencias.

2007
Diagnóstico: Sigue siendo sólida, pero no se puede descuidar, pues podría presentar problemas de liquidez en el futuro. Incremento de pasivos debido al aumento de $83.794 millones de cuotas partes pensionales.
Advertencia: 1. Al parecer el departamento no registra todas las obligaciones contraídas. 2. Son 1.192 procesos judiciales en contra cuyas pretensiones ascienden a $100.717 millones. No se ha hecho el ejercicio de calcular si saldrán a favor o en contra, lo que permitiría destinar recursos para los casos que se sabe que se perderán. 3. Los pasivos sin respaldo en caja suman $97.274 millones.
Recomendación: Crear fondo con recursos para contingencias, como fallos judiciales adversos.

Mario Aristizábal

2008
Diagnóstico: Situación financiera muestra signos de deterioro. Decrecieron ingresos y aumentaron gastos. De nuevo sobrepasó transferencias permitidas para Asamblea y Contraloría. La deuda no es sostenible en el mediano plazo, aunque queda algo de maniobra. Deficiencias de la información contable arrojan dudas sobre el verdadero monto de pasivos del departamento.
Advertencia: No hay recursos provisionados para contingencias, a pesar de que el principal riesgo financiero lo representan 1.316 procesos judiciales en contra, cuyas pretensiones son por $90.374 millones. De nuevo hay inconsistencias en la información.
Recomendación: Transferir únicamente lo de ley a Asamblea y Contraloría. Crear un fondo con recursos para las contingencias.

2009
Diagnóstico: Mejoró con respecto al 2008, pero se mantienen riesgos serios.
Advertencias: 1. Riesgos por falta de planeación financiera y falta de coherencia entre contabilidad, presupuesto y tesorería. 2. Son 1.561 procesos judiciales en contra cuyas pretensiones ascienden a $154.116 millones. No se cuenta con fondo de contingencias y, por ejemplo, este año aumentó en 179 % el pago de sentencias y conciliaciones.
Recomendación: Crear un fondo con recursos para las contingencias.

2010
Diagnóstico: Ha habido moderada planeación financiera y organización institucional.
Advertencias: 1. Pasivos no financieros (cuotas partes y fallos en contra) por $145.277 millones. Capacidad de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda en rojo. 2. Los procesos en contra son 473 y sus pretensiones suman $88.300 millones. 3. De nuevo inconsistencias en reporte de las cifras.
Recomendaciones: 1. Crear fondo con recursos para contingencias, como fallos judiciales adversos. 2. Ajustar diferencias entre contabilidad, presupuesto y tesorería.

2011
Diagnóstico: Moderado mejoramiento en planeación financiera y organización institucional.
Advertencias: 1. Pasivos no financieros (cuotas partes y fallos en contra) por $53.168 millones. 2. De nuevo inconsistencias en cifras por falta de integración entre presupuesto y tesorería. 3. La suma de las pretensiones por procesos judiciales en contra asciende a $52.332 millones. 4. Los embargos por cuotas partes pensionales, desde el 2007, suman $9.200 millones.
Recomendaciones: Nuevo plan de ajuste para no sobrepasar transferencias a la Asamblea. 2. Crear fondo con recursos para solventar contingencias, como fallos judiciales adversos.

Guido Echeverri

2012
*El informe de Minhacienda aún no está disponible.
*El secretario de Hacienda de Caldas, Rodrigo Giraldo, da cuenta de una deuda con bancos redondeada en $59 mil millones, con la que están al día.
*Llegaron embargos nuevos por $10.638 millones de cuotas partes pensionales, que congelaron gastos de funcionamiento. En total, los embargos por ese concepto suman $19.904 millones. Este es el motivo por el que deciden acogerse a la Ley 550, de reestructuración de pasivos, que tiene como primera medida, suspender los embargos en contra.