Liset Espinoza
LA PATRIA | Manizales
El director del hospital Felipe Suárez de Salamina recibió el pasado lunes un documento de la Caja nacional de prevención social (Cajanal) en la que se le informaba que el centro de salud entraría en un proceso de embargo de cuentas, mediante un cobro coactivo por $345 millones 482 mil 298.
Según un funcionario de la entidad de segundo nivel de complejidad que opera en el norte de Caldas, hasta 1993 los hospitales eran competencia del Departamento. Sin embargo, con el proceso de centralización de las entidades prestadoras de salud, en 1994 y debido a nuevas leyes como la Ley 100 empezaron a realizar sus cotizaciones con fondos de pensiones privadas.
Explica: "Cajanal es una empresa en proceso de liquidación y está haciendo un cobro de cuotas partes a los hospitales. En el caso del hospital departamental ese cobro no es competencia de nosotros, si no del Departamento a través de la Dirección Territorial de Salud, porque era el órgano por el cual nosotros nos regíamos y dependíamos del 93 hacía atrás".
Agrega que el Hospital no administra recursos sino que presta un servicio y por el momento se encuentran haciendo un proceso de reclamación.
En el documento Cajanal aclara y advierte al banco que al hacer efectiva la medida "se abstenga de aplicarla sobre cuentas respecto a las cuales se encuentre identificado que los recursos depositados se encuentran destinados a la atención y prevención de desastres, o al gasto social de la entidad ejecutada, o que hagan parte del Sistema General de Participaciones o del Sistema General de Regalías".
Desde la Territorial
Jorge Hernán Yepes, director de la Territorial de Salud de Caldas (DTSC), afirma que es cierto que muchos de los centros médicos nacieron jurídicamente cuando se crearon como empresas sociales del estado (ESE), pero que antes de ello eran entidades adscritas a la DTSC.
"El Departamento firmó un convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda, la Alcaldía de Manizales y el Hospital Infantil Universitario para que a través de un patrimonio autónomo reconocieran los bonos pensionales del 93.
Por eso, afirma, cada institución debió elaborar un informe que solicitó el Minihacienda sobre todas las personas que a través del tiempo laboraron en cada una de las entidades refiriendo el nombre, documento de identidad, cargo, remuneración, entre otros datos para entrar a liquidar el pasivo", expresó.
El director sostiene que cuando este tipo de cobros se dan, la ley da unos plazos para que la entidad exponga las excepciones que considere y por ese medio, el hospital podía haber solicitado o aclarado que no eran los responsables.
Asimismo, añade que revisarán qué fue lo que sucedió porque según él, para que se realice ese cobro coactivo la entidad tuvo que haber pasado por otras etapas. Por tal motivo, mirarán los casos específicos del cobro, para definir si correspondían al tiempo en el que el hospital fue Departamental y si las cotizaciones se hicieron a Cajanal o a otra entidad de previsión social que existían en la época.
"Si la responsabilidad es del Departamento y hace parte del convenio de concurrencia que se firmó en el año 2001, entraríamos a reconocer el bono pensional siempre y cuando los acreedores de esos bonos estén en la base de datos (pasivocol) aprobada por el Ministerio de Hacienda", concluyó.
Cobro coactivo
José Norman Salazar, abogado, explica que cuando una entidad entra en pago de mora el caso pasa a una oficina de abogados especiales para realizar el cobro coactivo, que consiste en llamar a la persona o entidad para que cancele la deuda antes de demandar.
"Inicialmente en parte el cobro es una presión psicológica y si no se paga, entra en un proceso ejecutivo, es decir, a un juzgado y ya esté último determina si hay razón o no de pago", aclaró.
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