Óscar Veiman Mejía
El parto resultó más suave de lo que se pensaba. Al final, luego de discutir en parte del semestre pasado y durante 10 días de este año, 13 de los 14 diputados le dijeron ayer sí a las facultades para que el gobernador Guido Echeverri negocie y pague las deudas que el Departamento de Caldas tiene con sus acreedores.
Por eso, el próximo martes los negociadores de la Administración y los representantes de las entidades se sentarán durante seis horas, a partir de las 9:00 a.m. en el auditorio Rafael Uribe, en el primer piso de la Gobernación.
El mandatario señaló: “es una buena noticia la aprobación para seguir con el plan de reestructuración de pasivos. Así, se ponen las cosas sobre la mesa para aclarar la situación fiscal, nos da las herramientas para cumplir con las obligaciones, sobre todo las pensionales que son las que más nos preocupan”.
El año pasado el Ministerio de Hacienda le dio el visto bueno a Caldas para que comenzara la promoción de la Ley 550, luego de que el Departamento expresó su inquietud ante la que llamó difícil situación financiera y los embargos a sus cuentas que alcanzaron casi los $14 mil millones.
El comienzo del proceso que durará unos tres años para dejar saneado al Departamento, incluye la creación de un Fondo de pago de pasivos, al cual concurrirán los acreedores. Ahí se establecerán los mecanismos para definir la manera como se cumplirán las obligaciones.
Se calcula que son alrededor de 155 mil millones los que se deberán cancelar a bancos, entidades territoriales, pensionados. La cifra se incrementará a $190 mil millones, debido a que por ley los casos de laborales y pensionados tienen derecho al 25 por ciento mas.
“Afrontamos unas 4.400 demandas, de las cuales 3.300 son del sector educativo, por ejemplo, de personal que quedó inconforme con liquidaciones”, dice Rodrigo Giraldo, secretario de Hacienda.
Son $58 mil millones de deuda por cuotas partes, que es lo que Caldas debe aportar por las personas que trabajaron en la Gobernación y se jubilaron en otras entidades territoriales.
Giraldo indica: “a nosotros, por el mismo concepto, nos deben $104 mil millones diferentes entidades del país. Al hacer el cruce de cuentas quedamos debiendo esos $58 mil millones”.
La deuda de Caldas se acumuló durante varias administraciones. Por eso, lo que se busca ahora es organizarse para cumplir con las obligaciones.
Normalidad
El gobernador asegura que estar en Ley 550 no significa que el Departamento esté quebrado y menos que se van a paralizar las inversiones.
Explica: “esta medida no significa que se afecte el presupuesto que por encima de los $400 mil millones aprobó la Asamblea para el 2013. Esos recursos irán a inversión y funcionamiento”.
Considera que más bien existe la posibilidad de que estando en Ley 550 se gestionen más recursos o créditos para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Henry Gutiérrez (Partido de la U), hizo serios reparos a la inversión que se efectúa en Desarrollo Social, Deportes y Cultura. Las partidas para estos sectores las calificó de paupérrimas.
“Hay que destacar las inversiones en las vías del departamento, las cuales sin duda son de gran impacto para el desarrollo departamental y se pueden medir en kilómetros, lo que no se puede hacer con necesidades sentidas en el sector social que no se puede medir, pero que sí hacen parte de la formación de los ciudadanos”, concluyó Gutiérrez.
Sigue pendiente
El proyecto de reforma al Estatuto de Rentas de Caldas, presentando desde el año pasado, sigue en estudio. Los diputados decidieron aplazar de nuevo la discusión, luego de que el gobernador Guido Echeverri puso la iniciativa en consideración durante las sesiones extraordinarias, que concluyeron ayer.
El mandatario considera que es urgente sacar adelante esta propuesta con el propósito de organizar la estructura tributaria de Caldas, a la que califica de débil como a las de otros departamentos.
“Hay que optimizar la administración de tributos para que sea más eficiente su ingreso y su aplicación”, indicó.
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