LA PATRIA|BOGOTÁ
Los exalcaldes Uriel Ortiz, de Marmato, y Jaime Gutiérrez Ángel, de La Dorada, deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos incumplimientos en las normas de contratación pública e irregularidades en el ejercicio del debido control y supervisión de algunos contratos celebrados, respectivamente. El ente de control formuló pliego de cargos para los dos mandatarios esta semana.
A Ortiz, quien fue alcalde entre 2008 y 2011 por el Partido Liberal, se le señala de haber celebrado contratos de obra en diciembre de 2008 con el objeto de adecuar las instalaciones de las instituciones educativas Las Lomas, Maximiliano Grillo, La Miel, La Cuchilla y San Juan, por un monto cercano a los 391 millones de pesos. Los contratos se adjudicaron con la modalidad de selección abreviada en un procedimiento que debió ser de subasta inversa.
Como explica la norma de contratación pública, dicho procedimiento opera para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, no para la construcción o adecuación de obras.
Por la escuela Juan Pablo II
En el caso de La Dorada a Gutiérrez Ángel, que fue alcalde entre 2004 y 2007 por el Partido de la U, se le achaca no haber ejercido, al parecer, el debido control y supervisión de los contratos celebrados por algunos secretarios de despacho, al tiempo que no adoptó las medidas legales necesarias para obtener de los contratistas la ejecución de las respectivas obligaciones contractuales para la construcción de la primera etapa de la escuela Juan Pablo II. Explica la Procuraduría que el mandatario no actuó a pesar de que los informes de interventoría le daban reiterado conocimiento del incumplimiento de lo pactado, lo cual llevó a la paralización de las obras civiles.
Por el momento la conducta del exmandatario se califica como grave a título de dolo, conforme al Código Disciplinario Único.
El dato
Uriel Ortiz tuvo que responder durante su mandato por 13 investigaciones abiertas por la Procuraduría y en 2010 el Procurador Provincial de Manizales lo sancionó con una amonestación.
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