LA PATRIA | MANIZALES

5 demandas fueron radicadas en modalidad electrónica ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira Especializado en Restitución de Tierras. Solicitan el restablecimiento de los derechos de 65 familias víctimas del conflicto armado en Samaná (Caldas), que desde el año 2000 tuvieron que ir dejando tierras y bienes por amenazas.

El anuncio lo hizo Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que promueve las demandas. Indicó que estas representan 51 solicitudes de víctimas del municipio, el más extenso de Caldas y entre los más golpeados por la violencia; porque allí ocurrieron en su momento varias acciones del frente 47 de las Farc y paramilitares.

“Las demandas beneficiarían a 196 personas con la restitución de 491 hectáreas de tierras abandonadas por sus propietarios. En Samaná la URT cuenta con 52 sentencias, 570 hectáreas restituidas y unas 290 personas favorecidas con el proceso de restitución”, agregó el director.

Proceso

Beatriz Elena Bermúdez, jueza especializada de Restitución de Tierras, indicó que recibieron estas demandas el jueves y que están en proceso de admisión.

El director de la URT agregó que quedan a la espera del fallo, y que si es positivo, además de restablecer el derecho a la restitución del predio a las víctimas se les otorgarán proyectos productivos, entre otras medidas de reparación.

“Así como ocurrió en El Congal, también en Samaná, donde los beneficiarios de restitución además de regresar a sus tierras cuentan con proyectos productivos y hace unas semanas celebraron la entrega de sus viviendas que pronto podrán ocupar al finalizar obras de acueducto y alcantarillado, escuela y centro de salud en cumplimiento de la sentencia (ver recuadro Antecedente)”.

Testimonio

Don Juan (nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente) vivía en una finca cerca del corregimiento San Diego, con su esposa y seis de sus ocho hijos. Cultivaba caña, plátano y café; tenía sembrados árboles frutales y criaba gallinas. Expresó que hacia el año 2000 se asentaron cerca de la finca paramilitares bajo el mando de Ramón Isaza, y desde allí se enfrentaban con las Farc.

Los paras le advirtieron que solo podía trabajar de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., cuando madrugaba a hacerlo y allí permanecía todo el día; la guerrilla les exigió a los habitantes enviar a sus hijos mayores como contribución a la causa.

“Eran constantes las peleas entre esos grupos, sentimos mucho miedo y huimos para La Dorada en el 2002. Con el tiempo se perdió la casa, los cultivos se dañaron y todo se acabó. Duré 15 años sin volver, pero en el 2017 regresé y la encontré vuelta monte”, describió don Juan.

Aseguró que está solicitando lo que perdió -entre siete y ocho hectáreas y la vivienda- y haciendo lo posible para volver a levantar la finca. Hizo un cambuche con tejas de eternit y otros materiales que le regalaron y a su llegada conformó unas charcas a las que les echó peces para poderse alimentar con su esposa.

“Las charcas ya están vacías por falta de alimento. Ahora estoy sembrando cacao y aguacate, ahí voy. Tengo mucha fe que ahora sí vaya a funcionar esto, lo necesitamos porque tengo deudas en el banco”.

Foco de violencia

Según el informe de LA PATRIA y Consejo de Redacción, Lo cara que le salió las Farc a Caldas, del 1 de julio del 2019, el departamento sufrió 22.731 homicidios, 704 secuestros, 7.532 amenazas, 405 despojos de tierra y 133 casos de tortura por la presencia de Farc y paramilitares.

En cuanto al cultivo de coca, dice que tuvo auge entre el 2003 y el 2013, según el Observatorio de Drogas de Colombia, y que el principal foco en cuanto a densidad de siembra fue el corregimiento de San Diego (Samaná).

Antecedente

Por desplazamiento y despojo de tierras 17 familias de la vereda El Congal (Samaná) tuvieron que iniciar un largo camino para que les reconocieran sus derechos. La URT promovió la demanda de restitución de tierras que solicitaron en el 2014 las víctimas, pero debieron pasar 18 años para que se cumpliera la sentencia del juzgado especializado en el 2016 y que les permitió recuperar tierras y viviendas, las cuales todavía no han podido ocupar porque aún no terminan obras de un nuevo centro poblado en el que habitarán. Esto está previsto para noviembre próximo.