15 alcaldes de Caldas enfrentan casos penales y disciplinarios

LA PATRIA|MANIZALES

A un año de ejercer como alcaldes, 15 mandatarios de Caldas enfrentan 30 casos en la Fiscalía y 26 en la Procuraduría. "Son riesgos que vienen con el cargo", así lo asume el alcalde de La Dorada, Erwin Arias, quien pagó hace 15 días un día de arresto por desacato a tutela.
El alcalde de Filadelfia, Román Aristizábal, sobre quien ya pesa una inhabilidad de 10 años en primera instancia, opina que estas son consecuencias por cambiar de partido político o tener un grupo opositor fuerte.
Esto podría sustentarse en que los alcaldes que tienen más denuncias rompieron en sus municipios la hegemonía de un partido político. Por ejemplo, el alcalde de Pensilvania, Jairo Antonio Ríos. Él enfrenta siete investigaciones penales y responde que se debe a un problema político, porque la mayoría del Concejo es del partido de La U, que perdió las elecciones pasadas.
Caso similar enfrenta Carlos Alberto Piedrahíta que ya había sido alcalde por el Partido Liberal en Palestina, pero ganó las pasadas elecciones lanzándose por La U. Cuenta el mandatario que el año pasado ese cambio le costó 10 denuncias, que según él, se descartaron. Sin embargo, sigue siendo un alcalde enredado en la Procuraduría.

"El enemigo político"
"En la cultura del político colombiano tenemos que cuando ocupa una alcaldía se olvida de los controles y reglas y cualquiera que se le atraviese se tacha de enemigo político", explica el docente Manuel Fulgencio Jiménez, experto en administración pública, control de contratación y consultor de la Universidad Nacional.
Según su opinión, el que gana no debe molestarse por tener una oposición fuerte, pues hace parte de los principios de la democracia. "Puede que se abuse de la denuncia, pero se tiene que hacer, eso sí con base en hechos, pues nadie se va a arriesgar a que le abran un caso por calumnia o falsa denuncia", manifiesta el académico.
La otra razón de las investigaciones está en que los actuales mandatarios fueron en anteriores ocasiones funcionarios o contratistas del Estado. Eso quiere decir que traen el lastre de una antigua denuncia que sigue activa, o que esa condición dio pie para acusaciones en época electoral. Se encontraron investigaciones que empezaron en el 2006, un indicador de que los entes de control a veces llegan cuando el funcionario ya ni siquiera está ejerciendo.
El profesor Jiménez señala que el país está saturado de auditorías, en cada institución hay un control interno, además los entes de vigilancia tienen una estructura compleja. "En Manizales existe Contraloría Municipal, Departamental, Fiscalía, Procuraduría y Personería. El problema es que la estructura de control también está copada por la política, lo que influye en los resultados y que no se privilegie el interés de la sociedad sino el particular", añade.

Pendientes de fallo
Las demandas en los juzgados administrativos son las que menos se presentan. Hasta este año solo hay dos decisivas. Una es contra el alcalde de Riosucio, Abel David Jaramillo, que responde por hechos referidos a su labor como exgobernador indígena del resguardo de San Lorenzo.
El demandante aduce que Jaramillo estaba inhabilitado para ocupar el cargo al haber sido contratista del Estado en menos de un año antes de elecciones. El expediente reposa en el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión y se ha movido muy poco desde marzo del año pasado. 
La otra es la demanda por posible inhabilidad del gobernador Guido Echeverri, que se abrió a principios del 2011. El Tribunal Administrativo falló en su contra en primera instancia y el caso está en apelación en el Consejo de Estado. El proceso está aún en proyecto de fallo en la sala quinta.
Esa sentencia determinará si se tienen que hacer nuevas elecciones en el departamento, pues la pretensión es anular la elección, porque su esposa ocupó la Secretaría de Hacienda de Manizales, durante el año antes de los comicios del 30 de octubre del 2011.
"El tiempo se encarga de verificar o descartar cada denuncia, la idea no es calificarlos, sino mostrarlos. Un funcionario debe defenderse con argumentos y además entender que los entes de control están para investigarlo todo", concluye el experto. 
LA PATRIA solicitó a la Fiscalía los casos activos contra los alcaldes y contra el gobernador de Caldas. Además revisó en www.procuraduria.gov.co. Cabe aclarar que este medio ha comprobado en anteriores artículos que los informes de esta página no están actualizados en tiempo real, por lo que algunos que están archivados o ya sancionados siguen figurando. 
Los entes señalan que, conforme a la Constitución de Colombia, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable o responsable disciplinariamente, y que esta información no puede ser tenida en cuenta como un antecedente penal o disciplinario, pues esa calidad solo se da por una sentencia judicial o sanción proferida por un procurador.

Román Artistizábal Vasco, alcalde de Filadelfia: 7 casos en la Fiscalía y 2 en la Procuraduría

5 En indagación: 2 abiertos en el 2012 por presunta celebración indebida de contratos y delitos contra la administración pública. 1 abierto en el 2011 por concierto para delinquir. 2 abiertos en el 2006 por presunta realización de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.

1 En investigación: Abierto en el 2007 por presunta contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

1 En juicio: Abierto en el 2007 por presunta corrupción al sufragante.

En la Procuraduría
Inhabilitado a 10 años para ejercer cargos públicos en primera instancia por presunta participación en política. El caso pasó a segunda instancia el 23 de noviembre de 2012. El proceso comenzó el 2007.
Queja contra el alcalde interpuesta el 26 de julio de 2011. Desde entonces está en estudio preliminar.

En contexto
Román Aristizábal Vasco es alcalde de Filadelfia por quinta vez, en esta ocasión por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO). El hecho por el que está en juicio penal e inhabilitado por la Procuraduría se remite al 2007 cuando repartió mercados donados por Acción Social. El Ministerio Público consideró en primera instancia que dicha entrega se pudo hacer para apoyar la campaña de su esposa a la Asamblea y de un candidato a la Alcaldía. "La Procuraduría lleva el proceso desde el 2007 y lo ha dilatado desde entonces. En el 2011 lo fallaron, lo apelé y lo regresaron por errores. Ahora espero la segunda instancia. El caso tiene una serie de desaciertos, en los que están falsos testigos. Eso también se está peleando en la imputación de cargos que me hizo la Fiscalía por el mismo caso", explica el alcalde.
Responde también que los otros cargos penales son por denuncias cuando fue alcalde en el periodo 2005-2007.

Erwin Arias Betancur, alcalde de La Dorada: 6 en la Fiscalía y 7 en la Procuraduría

6 En etapa de indagación: Abiertos en el 2012 por hechos de presunta violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y delitos contra la administración pública.

En la Procuraduría:
- Denuncia contra el alcalde por nombrar a Ómar Esteban Muñoz como director administrativo de Salud Pública sin cumplir con los requisitos de ley. El caso está en investigación disciplinaria y se abrió a finales del año pasado. 
- Irregularidades en el convenio de asociación para garantizar transporte escolar. Abierto en julio del año pasado. Está en indagación preliminar.
- Violación en la austeridad del gasto. Interpuesta en octubre del año pasado y está en estudio preliminar.
- Celebración de contratos con persona incursa en inhabilidad. Está en indagación preliminar, interpuesta el 30 de noviembre de 2012.
- Irregularidad en convenio entre el Municipio, Codesca y Coopuertos. Interpuesta en junio del año pasado y está en estudio preliminar.
- Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades entre el alcalde y un exempleado público. Abierto el 19 de junio y está en indagación preliminar.
- Demanda por aumentarle el salario a varios funcionarios más allá de lo establecido por el Gobierno. El caso está en evaluación de indagación preliminar y se abrió en junio del año pasado.

En contexto:
El alcalde responde que el número no corresponde a la realidad, pues hasta donde sabe solo tiene cuatro casos en la Fiscalía y lo han notificado del caso de Coopuertos y Coodesca. "Soy perseguido y atacado por no ser parte del Movimiento del pueblo. Revisan lo que se hace o no se hace y cada contrato. De todo están pendientes para denunciar y demandar", responde Arias, del Partido Cambio Radical. Indica que se quedará con la palabra final de los entes de control. "Quién dijo miedo. Pongo la cara, aquí estoy. Sin duda seguiré teniendo más demandas, pero tengo la conciencia limpia", finaliza.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales: 1 en la Fiscalía
1 En indagación: Abierto en el 2011 por interés indebido en la celebración de contratos.

En contexto
"Los funcionarios estamos sometidos al escrutinio público, nuestra obligación es responder a los órganos de control y a los ciudadanos", responde el alcalde Rojas. Además que los hechos consultados ocurrieron cuando era secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Juan Manuel Llano. "Estamos respondiendo a eso con total tranquilidad", finaliza.

Marisol Manrique Garzón, alcaldesa de Norcasia: 2 en la Fiscalía.
2 En indagación. Abiertos el año pasado por prevaricato por acción y calumnia.

En contexto:
La alcaldesa declaró que no sabía del caso por prevaricato. Sin embargo, explicó que el de calumnia se refiere a una denuncia pública que hizo en un consejo de seguridad contra el exalcalde del municipio. "Conté lo que él hizo contra mí y mi familia, por lo que interpuso esa demanda en la Fiscalía", puntualizó.

Óscar Luis Henao Castaño, Pácora: 1 en la Fiscalía y 1 en la Procuraduría
1 En indagación: abierto en el 2011 por presunta corrupción al sufragante

En la Procuraduría
Queja contra el alcalde y la asesora jurídica por solicitarle la renuncia y perseguir políticamente a un funcionario. Está en investigación disciplinaria desde el 28 de diciembre del año pasado.

En contexto:
LA PATRIA se comunicó con el alcalde, quien dijo que solo hablaría de los casos personalmente y a pesar de dejarle mensajes no respondió. A principios del año pasado este medio lo consultó por la denuncia sobre presunta compra de votos a una comunidad cristiana. Se asegura que en septiembre del 2011, en plena campaña política, Henao le dio al pastor un millón 500 mil pesos para recibir a cambio la lista con cédula de los miembros de la congregación.
“Eso es absurdo. Por principio nunca he comprado ni compraría un voto, jamás. Soy respetuoso de la pluralidad y la diversidad ideológica que proclama nuestra Constitución", respondió el alcalde el año pasado.

Jairo Antonio Ríos Carmona, alcalde de Pensilvania: 7 casos en la Fiscalía y 3 en la Procuraduría.
7 En indagación: Abiertos el año pasado por incurrir presuntamente en hechos de peculado culposo, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso.

En la Procuraduría
- Solicitan investigación contra el alcalde por dejar cancelar las pólizas de vida de los concejales. Se interpuso el 31 de octubre. Evaluación de investigación disciplinaria.
- Extralimitación de funciones por abstenerse a nombrar gerente de la ESE. Interpuesta en diciembre de 2012, está en indagación preliminar.
- Solicitan investigación por los movimientos presupuestales sin autorización del Concejo. Abierta el 29 de octubre de 2012, está en evaluación de investigación disciplinaria.

En contexto
El alcalde Jairo Antonio Ríos, conservador línea yepista, venció al Partido de La U, que tenía la hegemonía política de la Alcaldía. La situación ha producido denuncias por contrataciones relacionadas con maquinarias donadas por Acción Social con un uso diferente, traslados presupuestales, demora en contratación de pólizas. Contratistas, que según la oposición, son multipropósito y otros profesionales de prestación de servicios que están por cortos periodos.
Según el mandatario, todo se debe al juego político. "Se ha actuado con la más buena intención, pero no deja de ser desgastante. Uno está todos los días pensando en que lo van a denunciar. Ya me notificaron de las investigaciones de la Procuraduría, en la Fiscalía me tienen como 15, me tienen volteando de arriba para abajo", declara.

Abel David Jaramillo Largo, alcalde de Riosucio: 2 en la Fiscalía.
2 En indagación: Uno abierto en el 2012 por incurrir presuntamente en contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otro del 2011 por peculado por apropiación

En contexto:
"Ese proceso no me lo abrieron como alcalde, ya venía en camino en el 2011", explica Jaramillo Largo. Añade que empezó por una denuncia por un contrato entre el Estado y el resguardo indígena del que era gobernador. "En ningún momento hice un contrato, porque nosotros no contratamos ni somos empleados públicos, era un líder comunitario", declaró.

Olga Constanza Duque Chica: 2 investigaciones en Fiscalía
2 en etapa de indagación: Abiertos el año pasado por incurrir en posible contrato sin cumplimiento de requisitos legales y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En contexto:
La mandataria estuvo de viaje y no contestó su celular. Sin embargo, en la Fiscalía de Salamina figuran tres casos. Uno por una denuncia contra el alcalde anterior por un contrato de exploración de pinos y urapanes. La alcaldesa rindió interrogatorio asistido por abogado, el lunes 14 de enero de este año.
El segundo, por contrato sin requisitos legales, se relaciona con las obras de señalización vial del municipio. Fue denunciado por la veeduría ciudadana, ante el Contraloría Departamental de Caldas. El tercero, también por contrato sin cumplimento de requisitos, es sobre el mejoramiento y mantenimiento de la carretera entre Medio de los ríos y La Portada.

Juan Eduardo Caicedo Hoyos, alcalde de Victoria: 1 investigación en la Fiscalía y otra en la Procuraduría.
1 Querella abierta en el 2012 por presunta intervención en política.

En la Procuraduría:
Presuntas irregularidades por no contestar derecho de petición. Se abrió el 8 de octubre del año pasado y está en indagación preliminar.

En contexto:
LA PATRIA llamó en repetidas ocasiones a la Alcaldía y al celular del mandatario, pero no hubo respuesta.

Jairo Antonio Valencia, alcalde de Villamaría: 1 investigación en la Fiscalía y 2 en la Procuraduría
1 En indagación: Abierta el año pasado por incurrir en presunto prevaricato por acción.

En la Procuraduría
- Denuncia contra el alcalde de Villamaría, al personero y otra funcionaria, por prevaricato por omisión y constreñimiento. Estudio preliminar, interpuesta el 26 de octubre de 2012.
- Queja en contra del alcalde por supuestas irregularidades en pedir la renuncia del gerente de Aquamaná. Investigación disciplinaria interpuesta el 3 de octubre de 2012.

En contexto
El alcalde Jairo Antonio Valencia explicó que el cambio de gerente de Aquamaná fue una decisión de la junta directiva de la que también es miembro, no una determinación personal. "Esos puestos son de libre nombramiento y remoción. El señor me demandó ante la Fiscalía y ahora insiste en la Procuraduría", explicó. Añadió que la denuncia en la Procuraduría contra él y el personero no la conoce.

Jair Tabares Chica, alcalde de Chinchiná: 2 denuncias en la Procuraduría
-  Denuncia por actuar a pesar de estar incurso en incompatibilidades. Es una investigación preliminar abierta el 27 de julio.
- Denuncia por posible prevaricato por acción, abuso del poder, conflicto de intereses y falta gravísima por nombrar al concejal electo Cristian Camilo López en un cargo de la Administración. El caso se abrió el 12 de diciembre de 2012, y está en investigación disciplinaria.

En contexto:
"Los dos son el mismo caso y  ahora se está pidiendo que se unifiquen las quejas. Ya nos notificaron y vamos a prestar versión libre", declaró Tabares Chica. Añadió que cuando nombró al concejal electo Cristian Camilo López, ya se le había extinguido el periodo como concejal el 31 de diciembre de 2011 y que para el periodo siguiente a pesar de obtener la curul no se posesionó. "De eso informó a la Registraduría, por lo que no estaba inhabilitado para ocupar un  cargo público", agregó. Contó que López trabajó hasta junio del año pasado en su administración y que el exconcejal enfrenta dos demandas en el Tribunal Administrativo por pérdida de investidura.

Héctor Jaime Osorio Henao, alcalde de Marmato: 1 investigación en la Procuraduría
- Queja por omitir respuesta a una resolución en contra de un demandante de Mineros Nacionales. El caso se abrió el 17 de diciembre y está en investigación disciplinaria.

En contexto
El mandatario explicó que el caso lo maneja su asesor jurídico. "Se debe a una resolución dictada por la administración pasada y que no se acató por problemas entre las compañías y los mineros. Ahora se está solucionando ese problema". Añadió que están recogiendo pruebas para presentar versión libre en la Procuraduría.

Luisandro Giraldo, alcalde de Marquetalia: 1 investigación en la Procuraduría
- Denuncia por contratar a una persona incursa en inhabilidad. El caso se abrió el 12 de octubre de 2012 y está en indagación preliminar.

En contexto:
LA PATRIA se comunicó al celular del alcalde en repetidas ocasiones, pero no respondió. En el despacho de la Alcaldía se dejó recado con la secretaria, pero no hubo respuesta.

Carlos Alberto Piedrahita, alcalde de Palestina: 4 investigaciones en la Procuraduría
- Queja en contra del alcalde por falsa motivación en la revocación de un auxiliar administrativo en el corregimiento de Arauca. El caso se abrió el 13 de julio y está en estudio preliminar.
- Queja contra el alcalde por tratos irrespetuosos a funcionarios de la Alcaldía. El caso se abrió el 13 de noviembre y está en evaluación de investigación disciplinaria.
- Solicitud de investigación por presunta acción y omisión en actos en contra del Código Disciplinario por el nombramiento de personal. Se abrió el 21 de noviembre del año pasado y está en investigación disciplinaria.
- Queja contra el alcalde por no nombrar al jefe de control interno que sí cumpla con los requisitos para ejercer el puesto. Abierto el 18 de diciembre.

En contexto:
El alcalde Piedrahíta responde que el caso del corregidor no lo conoce. "Sobre la queja por tratos irrespetuosos se debe a una reacción de una funcionaria a la que le ordené responder oportunamente un derecho de petición. Solicité que fuera investigada al comité disciplinario y la señora sencillamente tomó la decisión de renunciar y denunciar que la estaba acosando laboralmente".
Sobre el caso de nombramiento de personal explica que la denuncia se basa en que debió nombrar 28 funcionarios y no 29. "Fui quien creó el manual de funciones con una planta con 28 servidores, pero cuando recibí la Alcaldía encontré que había 31, así que le terminé contrato a dos", explica.
Sobre el caso del encargado de control interno declara que quien estaba en el cargo no cumplía con los requisitos de ley, así que lo retiró. "A la vez lo denuncié a la Procuraduría por no cumplir los requisitos. Y luego me metió una denuncia porque lo había destituido. La semana pasada en la Fiscalía instauré una denuncia por falsedad ideológica en documento público, porque el señor se quiso aferrar al cargo", manifiesta. Añade que el actual encargado de control interno es profesional, tiene dos especializaciones y experiencia como gerente, pruebas que ya le entregó a la Procuraduría.

Francisco Javier Pérez, de Risaralda: 2 investigaciones en la Procuraduría
- Denuncia por no pagar cesantías al secretario del Concejo. Abierta el 31 de octubre del año pasado.
- Solicitud de investigación por movimientos presupuestales sin autorización del Concejo. Estudio preliminar 12 de diciembre

En contexto:
La primera investigación se remite a cuando yo era presidente del Concejo. El que llegó en el 2012 no quiso pagar las cesantías, por lo que el secretario lo llevó a la Procuraduría y cobijó a todos los concejales desde el 2008 hasta el 2011", explica.
Añade que la segunda investigación la está manejando el asesor jurídico, pues dice tener argumentos para sustentar que sí tenía las facultades para hacer traslados presupuestales.

Glosario:
- Delitos contra la administración pública: actos ilegales cometidos por los funcionarios del Estado cuando abusan de la confianza depositada en ellos para apropiarse o usar determinados bienes encargados a ellos. También cuando influencian en determinaciones de adjudicación de contratos o asuntos que ellos u otros funcionarios conozcan como resoluciones o sentencias a cambio de un favor o dinero. O cuando cometen arbitrariedades contra particulares en uso de su cargo y así obtienen un beneficio propio o para un tercero.
- Prevaricato por acción: cuando el servidor profiere una resolución o toma una decisión contraria a la ley.
- Prevaricato por omisión: cuando el servidor omite, retarda, se rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones.
- Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto: cuando el funcionario saca provecho de su cargo o autoridad para excederse contra otros.
- Contrato sin cumplimento de requisitos legales: cuando el empleado oficial tramita contratos sin observar los requisitos legales esenciales o los celebra o liquida sin verificar el cumplimiento de los mismos, aprovechándose del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para él mismo, para el contratista o para otra persona.
-Tráfico de influencias: cuando una persona invoca influencias reales o simuladas para recibir, hacer dar o prometer para él mismo o para otro dinero o regalos, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de un servidor en un asunto que éste sepa o vaya a conocer.
- Peculado por aplicación oficial diferente: cuando el servidor encargado de administrar o custodiar bienes, empresas o instituciones del Estado les da una aplicación oficial diferente de aquella a la que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste.
-Peculado por apropiación: el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes, empresas, instituciones, fondos parafiscales del Estado o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.
-Peculado por uso: cuando el servidor usa indebidamente o permite que otro use bienes, empresas o instituciones del Estado o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones.
- Interés indebido en la celebración de contratos: cuando el empleado oficial tiene un interés en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.
- Concusión: el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.
-Concierto para delinquir: cuando varias personas se unen para cometer delitos.
- Injuria: hacerle a otra persona imputaciones deshonrosas
-Calumnia: imputarle o acusar falsamente a otro de un delito.
- Falsedad ideológica en documento público: cuando el empleado oficial al tramitar un documento público que pueda servir de prueba, consigne en él una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.
- Falsedad material en documento público: falsificar un documento público que pueda servir de prueba.
- Fraude al sufragante: el que pague dinero, o entregue dádiva a un elector para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo.
- Lesiones culposas: causar daño no intencional a otro en el cuerpo o en su salud.
- Fraude a resolución judicial: el que por cualquier medio no cumpla la obligación impuesta en una resolución judicial o administrativa de policía.
- Etapas de indagación: Se recibe la denuncia y se sopesan las pruebas para pasar a etapa de investigación.
- Etapa de investigación: Se recolectan más pruebas para formar un caso
- Etapa de imputación de cargos: Se llama al denunciado ante un juez de control de garantías y se le acusan los cargos formalmente para pasar a la etapa de juicio.