¿Qué pasó con nuestra justicia?
Señor Director:
Ad portas de firmar la paz, muchos interrogantes han surgido sobre el posconflicto que se avecina. Preguntas sobre lo que sucederá en dicho escenario, como qué pasará con la educación, la salud, la reinserción y el perdón, pero uno de los temas quizás más preocupantes y que menos se ha tocado es el de la justicia. Sí, la justicia, aquella idílica heroína que permite regir a carta cabal todo Estado, nación y comunidad, esa misma justicia cuyo prestigio en Colombia tambalea cada día más, y parece tener una imagen poluta más que cualquier otra cosa. Es lamentable decirlo, pero debemos aceptar que la justicia en este país es un problema, y es uno muy grande, el cual, de no ser solucionado, puede resultar en detonante de un nuevo conflicto armado.
Para comenzar, la "justicia" parece una quimera en el país donde "el vivo vive del bobo". Actualmente no podría estar más ultrajada, ya que los mismos encargados de ejercerla se han ensañado en aplicarla tan solo a los de ruana. Atiborrada de escándalos por corrupción, criticada por su ineficacia y lentitud, la justicia colombiana ya no goza del respeto y admiración que antes, y es, en cambio, vista como un ente que les permite delinquir a los poderosos. Es entonces el desdén que siente el mismo pueblo lo que ha hecho que la imagen de esta rama se halle por el piso, y el buen nombre del que alguna vez gozó esté destrozado. La gota que rebosó la taza fue el caso del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien presuntamente recibió una gran suma de dinero de Fidupetrol con el fin de fallar a favor de la misma en una demanda que estaba llevando la alta corte. En principio negó todas las acusaciones y se rehusó a abandonar su cargo, pero luego de fuertes presiones y al ver que ya el agua le llegaba al cuello, debió apartarse del cargo. ¡Qué pena! Es inmensamente triste que quienes están encargados de impartir justicia sean los primeros en resquebrajarla, y sin pena ni pudor vendan los fallos al mejor postor.
Además de escándalos como éste, la lentitud de la justicia en nuestro país es descarada, y así se pudo ver con la Ley de Justicia y Paz. En este proceso de paz, relativamente similar al que se desarrolla actualmente, al firmarse la desmovilización de los paras se aceptó una reducción de penas donde los que más pagarían cárcel serían condenados a tan solo ocho años de detención. Alrededor de 3.600 excombatientes quedaban postulados para esta reducción de pena, de los cuales a la fecha tan solo 18 han sido condenados, y el término de los ocho años está por culminar. Es tal la hipocresía de la justicia que saldrán entonces miles de exdelincuentes a las calles sin haber siquiera sido condenados por un tribunal.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando se firme la paz? ¿Vamos a caer nuevamente en un galimatías judicial? No se puede pretender que de un día para el otro la justicia milagrosamente se vuelva eficiente y diligente, atendiendo miles de casos de desmovilizados con agilidad y presteza, porque lamentablemente vivimos en un país donde su hermosa distopía no lo permite. Es imperativo que haya una reforma estructural a la justicia, seria y completa, no como el gol que pretendieron meternos en 2012, y se modifiquen los entes acusadores, se vele por una imparcialidad de los encargados de juzgar y sobre todo se implemente un sistema que trabaje con celeridad y efectividad. Sin una reforma detallista y meticulosa, no podemos esperar que no se saturen los tribunales ni los juzgados, y se debe ser realista y entender que al paso que vamos la justicia no va a dar abasto. ¿Está el gobierno preparado para afrontar la crisis judicial que se avecina? Y si sí, sería pertinente que el presidente Santos dijera cómo, porque ésta acarreará problemas muy severos, como la depuración en el quehacer jurídico y el incremento del hacinamiento en los centros carcelarios, pero, sobre todo, que no vuelva a suceder lo que con la Ley de Justicia y Paz, y sí sean condenados y paguen por sus crímenes.
Pedro Londoño González
A propósito de Cambao
Señor Director:
Con la anunciada vía Cambao-Murillo-Manizales es prudente tener en cuenta varios conceptos que pueden afectar el resultado final.
Entre los aspectos positivos que puede tener la vía se cuentan: a) Mejora la comunicación vial del norte del Tolima. b) Puede ser fuente transitoria de trabajo para la ingeniería local. c) Puede ser vía alterna ocasional a la ruta por Letras o por la Línea, con dificultad especial para tractomulas. d) No le cuesta al erario por ser iniciativa privada.
En lo negativo: a) Exige el pago de dos peajes. b) Cruza la cordillera central a 4.200 metros de altura (actualmente por Letras, 3.640). c) Atraviesa en 25 km "la zona de alto riesgo volcánico" (actualmente por Letras es "zona de bajo riesgo"). d) Bordea en 20 km el Parque Nacional Natural los Nevados, PNNN, con la correspondiente vulneración.
Este último aspecto es el más delicado de todos, porque aunque el constructor alegue que la vía bordea y no cruza el PNNN, no puede eludir el requisito de la licencia ambiental para adelantar la obra. El constructor ha dicho que la carretera seguirá el mismo camino actual, sin variantes, porque la normatividad que regula el Sistema de PNN considera prohibida la ejecución de proyectos de mejoramiento y ampliación de vías en sus áreas. Así se hable de que la vía es solo un "mejoramiento", el Decreto 2820 de 2010 ordena tramitar la licencia ambiental, aun para "los proyectos, obras o actividades en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales", entendiendo por zonas amortiguadoras las áreas periféricas y circunvecinas, destinadas a amortiguar las perturbaciones en los PNN. Las áreas de especial importancia ecológica están sometidas a un régimen de protección más intenso que el resto del medio ambiente. Entonces, sin rectificación de lo existente, sin variantes, sin tractomulas, a semejante altura, sin atraer tráfico nuevo, con peajes, será una inversión muy riesgosa para el constructor.
Pero no se puede estar muy seguro de lo dicho porque en el nuevo Plan de Desarrollo que el gobierno sometió recientemente a la aprobación del Congreso, con el fin de mostrar obras así sea construidas con dineros de particulares, aparece un artículo destinado a la legalización express de las licencias ambientales, cuando se atraviesen obstáculos de cualquier medida. Es decir que prima el propósito efectista del gobierno, aunque se maltrate el ambiente, así aparezca en la Constitución Nacional que el Estado debe proteger su integridad.
Jaime Guzmán Mejía
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