De la justicia... y otras perlas
Señor Director:
Quienes en alguna oportunidad tuvimos el honor y la responsabilidad de hacer justicia y con fortuna nuestra conciencia duerme tranquila ante Dios y ante nuestra sociedad, nos preguntamos quiénes y cómo están aplicando ese Honor?
Hemos visto con gran sorpresa la condena aplicada al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, frente a otros hechos. Comparemos y saquemos conclusiones: En los asaltos al Distrito Especial, donde se apoderaron de miles de millones de pesos, con la constitución de diferentes delitos, como: Asociación para delinquir, peculado, falsedad en documentos, contratación administrativa sin el lleno de los requisitos legales, cohecho y no sé cuántos delitos más, fueron condenados a penas irrisorias de cuatro, seis u ocho años y condenas económicas entre doscientos y mil millones de pesos (ver sentencia a los Moreno Rojas, alcalde y senador), a los concejales, personeros, secretarios distritales, etc.
Pero veamos otro de los casos que alarmaron la opinión pública (pero no a nuestros jueces capitalinos), en otra oportunidad y que hoy se vuelve a presentar por cuanto ya se están adelantando los trámites para una nueva licitación, para el “Dragado del río Magdalena”, negocio conocido como “Dragacol”, negocio donde fue condenado por el Consejo de Estado al pago de 13.000.000.000 de pesos, pero ni un día de cárcel y que goza de la absoluta confianza del gobierno del presidente Santos, pues es ni más ni menos el ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor Mauricio Cárdenas Santamaría, y que aún no han devuelto ni un solo peso, ni Dragacol, ni Cárdenas Santamaría (será un pago de favores del presidente al papá del ministro Cárdenas, por haberlo mantenido como representante de la Federación de Cafeteros varios años en Londres?).
Pero en realidad, de verdad había que condenar al exministro Arias a 17 años de presidio y 30.000 millones de pesos como sanción económica, a pesar de que el exministro Arias no recibió ni un solo peso, no falsificó un solo documento y que a pesar de todo lo dicho tenía una supervisión de una entidad conocida como Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura “LICA”.
Preguntémonos: ¿A cuántos años fueron condenados los empresarios que falsificaron los documentos, que recibieron dinero?
¿Podemos hablar con la frente en alto defendiendo una justicia como la que acabo de relacionar?
Pablo Hoyos Mejía
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