La gratuidad. Un camino con espinas
Señor Director:
En nuestro país la mayoría de los actores de las políticas públicas comparten la idea del fortalecimiento de una sociedad pacífica, alimentada por libertad, justicia y solidaridad; hay presencia de un pensamiento reformista que promueve la participación ciudadana, la protección del medio ambiente y la inclusión de las minorías; la oposición, brazo imprescindible en una estructura democrática, denuncia y censura todo acto de inmoralidad y corrupción, (que aún campean), y hostiga permanentemente para que los sanos programas ofrecidos en campaña, se cumplan por el gobierno de turno; desde otro ángulo, la prensa hablada y escrita, se ha focalizado en hacer periodismo de denuncia; el movimiento sindical, que de alguna manera se ha fortalecido, defiende en los diferentes escenarios, los derechos de las clases marginadas y promueve la concertación de negociaciones colectivas; el derecho al voto, es quizá la fuerza más poderosa de nuestro sistema que permite a los ciudadanos de bien elegir a quienes nos representarán en los poderes ejecutivo y legislativo.
Cada protagonista formula propuestas para prevenir y curar las enfermedades que puedan debilitar el gobierno socialdemócrata de nuestro país.
Hacer crecer la economía y ponerle techo a la inflación, frenar el alza en el precio de los productos y servicios, racionalizar el cobro de los impuestos, cultivar el desarrollo empresarial al ofrecer estímulos tributarios para beneficiar el empleo; legislar e invertir a favor de las actividades agrícolas, la salud, la educación y la vivienda, entre otras, son apuestas que a mediano y largo plazo garantizan el crecimiento de la economía.
Todo país tiene un marcado nivel de pobreza que surge de la inequidad en la distribución de los recursos, del desempleo, de los bajos salarios y la corrupción y, el nuestro, no es la excepción; y cuando el gobierno tiene la caja menor llena de dinero se corre el riesgo de intentar solucionar esta crisis con beneficios sociales gratuitos para optimizar las necesidades básicas de una población, en algunos casos gastando más de lo que se tiene y que conduce irremediablemente, a problemas difíciles de erradicar, (así lo ha registrado la historia en repetidas ocasiones incluyendo países hermanos), esas prácticas de estado que se han implementado en Colombia, muy peligrosas, y que inclinan la balanza dejando a un lado las políticas que a largo plazo garantizan el desarrollo económico, pueden someter al país al recorte de dichos beneficios, a incursionar en un proceso de austeridad, a devaluar la moneda, al pago de las deudas con los ahorros y pensiones de los ciudadanos, a protestas en las calles, al sostenimiento del poder por la fuerza para continuar haciendo ajustes que intentan revertir el declive económico y el empobrecimiento; las buenas intenciones iniciales inducen a un debilitamiento del sistema de gobierno.
Orlando Salgado Ramírez
www.orlandosalgado.com
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