Aplicar justicia con transparencia
Señor Director:
El presidente Santos en su generoso y democrático discurso pronunciado con motivo del histórico triunfo obtenido el pasado quince de junio, se refirió ligeramente al impulso que se le debe dar a las instituciones que velen por el respeto integral de los derechos ciudadanos.
Esta sugerencia es importante porque la administración debe contar con organismos que actúen como cancerberos de la moral y que puedan llegar a exigir seriamente el despido de aquellos servidores públicos a quienes se les comprobare que no estaban procediendo bien. No sobra recordar que en este mismo medio de comunicación he sugerido a ciertas autoridades sobre la urgencia de que existan tales cargos y posteriormente he escrito explicando la importancia y con alusiones a estudios de fondo del profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, quien preparó un libro sobre el tema. Continúo creyendo en su conveniencia.
Sin embargo, me doy cuenta de que pasará mucho tiempo antes de que se llegue a la certidumbre de su necesidad, pero que en esta oportunidad sí creemos que el presidente y los asesores se resuelvan a cristalizar la iniciativa para ayudar a sanear la administración, ante la corrupción que está tocando las puertas de Cortes y de los altos funcionarios del Estado. Mientras tanto la Procuraduría puede hacer mucho si no se limita a acusaciones que se pierden en la maraña de los procedimientos y ejerce el magisterio de la admonición con base de la honestidad y la prudencia, y si todos le ofrecemos apoyo y acatamiento.
Cabe aquí recordar la lección republicana que una vez diera el expresidente Carlos Lleras Restrepo cuando ejercía la presidencia de la República, de aceptar con modestia las observaciones del procurador Aramburo, que no puede olvidarse, sino que ha de ser recogida y practicada siempre con austeridad democrática. Por otra parte, en manos de la Corte Suprema y del Tribunal Disciplinario, así como del gobierno -según la Constitución- está que se administre pronta y cumplida justicia.
Mucho se está realizando ya, a veces en la discreta penumbra de las oficinas de magistrados, jueces y fiscales, sin ruido y sin propaganda; en otras, cuando los hechos por su extravagancia constituyen noticia, bajo los destellos de la publicidad. Pero todos ellos deben comprometerse en la cruzada gigantesca, arrogante y avasalladora que el país reclama contra el delito, contra la perversión de las costumbres, con cuántos caminan por entre las líneas blancas del Código Penal, contra los burócratas que aprovechan sus posiciones y se enriquecen, contra los que aceptan dádivas de los negociantes inescrupulosos, contra los que pretenden influir en las conciencias de los demás a través del poder aparente o real de sus oficios, contra los que solo cumplen su deber a cambio de propinas. En estos casos las armas son menos efectivas que el ejército de magistrados, de jueces y de delegados de la Procuraduría y que deben ser comandados aplicando -¿por qué no?- tácticas de guerra por la precisión y cumplimiento que son indispensable y por los castigos que deben imponerse a cuantos resulten inferiores al cometido que se les asigna cuando el Estado peligra.
Mario Amariles Ruiz
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