Reforma a la salud, con más contradictores que defensores

No solo no gustó sino que disgustó. La reforma a la salud que propuso el Gobierno Nacional tiene más contradictores que defensores entre las asociaciones y entidades que intervienen en el manejo del sector en Colombia.

Ni la aparición de la nueva figura de los Gestores de Salud, ni la posibilidad de la intermediación financiera en los primeros niveles de atención o bien, la supuesta eliminación casi total de las EPS o la forma de administrar los recursos son de agrado para estas asociaciones que, en pocas palabras, consideran que la Reforma es un “adefesio”.

Tal vez el punto que más preocupa a los especialistas tiene que ver con un supuesto 'mico' que tendría el texto del proyecto de ley ordinaria, que finalmente se conoció luego de ser radicado en el Congreso de la República el martes de la semana pasada.

La principal denuncia entre los especialistas se dio en que la reforma que propone el Gobierno Nacional cambiaría la naturaleza de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al volverlos de carácter privado una vez sean traspasados desde el fondo único, llamado Salud -Mía, a los nuevos Gestores de Salud.

El punto problemático es el numeral X del artículo cuatro de la Reforma, que dice textualmente en su última oración: “los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados a las prestaciones individuales son públicos hasta que se transfieren desde Salud-Mía a los agentes del Sistema”.

Para la Federación Médica Colombiana y los representantes de los pacientes de alto costo, este párrafo privatiza cerca de 32 billones de pesos del Sistema. Lo grave de este hecho, es que el supuesto cambio de naturaleza anularía la posibilidad de un eventual control por parte de la Contraloría General de la República.

El vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Germán Fernández, dijo a Colprensa, que esta disposición va en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ha señalado que los recursos de la salud son públicos.

“Hay más de 15 sentencias del Consejo de Estado que dicen que esos recursos son públicos y seguirán siendo públicos y una ley no puede derrumbar una jurisprudencia constitucional en el sentido de cambiar la destinación especifica de los recursos públicos”, señaló Fernández, al considerar que se trata de quitarle al Estado potestad de hacer control y vigilancia a esos dineros.

Sobre la naturaleza de los recursos de la salud, cabe recordar por ejemplo, el proceso disciplinario que se desarrolló contra el expresidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino, quien fue inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos -aún siendo un particular- precisamente por la malversación de los recursos del sistema, entre otros.

Durante el proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación desvirtuó la tesis de Palacino, según la cuál los recursos no eran públicos sino privados y de libre uso de las EPS y que por eso no constituía falta alguna que fueran utilizados para inversiones en clínicas, entre otros.

En el mismo sentido, se pronunció el Consejo de Estado , cuando tumbó la conciliación entre la Superintendencia de Salud y SaludCoop y, por tanto, obligó a la EPS a recuperar 650 mil millones de pesos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que utilizó en inversiones distintas a las establecidas por ley.

El fallo de julio de 2012 afirma que los dineros de las EPS son del sistema y no de estas entidades. Específicamente se recuerda una sentencia de 2007, de esa misma Corporación, que dice: “los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud pertenecen al sistema y no a los entes que por disposición legal los administran”

De acuerdo con Fernández, lo que permitiría realmente la Reforma es que los Gestores se apropien por vía legal de los recursos de la salud.

El vocero de los pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, aseguró no existe en un cambio real al hablar ya no de EPS sino de Gestoras, porque cuando reciban el dinero, éstas últimas podrán direccionar a que integrante de su red de servicios se le debe pagar por determinado servicio.

“Si no hay un control adecuado la plata se va a perder igual. Lo único es que ya no me hecho la plata al bolsillo pero puedo decir a quién se la entreguen”, señaló.

En este sentido, se rechazan otros dos puntos: que se haya mantenido la integración vertical en la atención básica (que las Gestoras administren los servicios dentro de su propia red de prestadores) y la forma de auditoría que establece la Ley.

“Estas entidades gestoras ahora pueden ser la dueñas del 80 por ciento de los servicios básicos. Además, se va a impedir que asciendan a los niveles superior de atención”, dijo Fernández, al cuestionar entonces que sean las mismas Gestoras las encargadas de hacer la auditoría de los servicios que aprobó o negó que se hicieran en sus redes de prestadores.

Más disgustos

Para el consultor de seguridad social de la Federación Nacional de Municipios, Julio Rincón, la reforma es un divorcio con la salud como tal, al dedicarse estrictamente a temas administrativos y dejar de lado el debate sobre qué salud es la que necesita Colombia.

“Define quien organiza, quien maneja los recursos y se aleja de garantizar salud a los colombianos. Además, el ministerio está presentando el Plan Decenal de Salud Pública en el que trabajó dos años y el cual no vemos reflejado en la reforma”, dijo Rincón.

En ese sentido, lo que propone Fedemunicipios es que la reforma no pase en el Congreso sino que más bien se haga por parte del Estado en General un 'mea culpa' y un debate público sobre qué sistema de salud se necesita.

El director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, dijo a Colprensa que la “salud ha pasado por tantas dificultades y reformas que esta no puede convertirse en una más. Consideramos que hay que hacer un diagnóstico que permita que reconozcamos los errores cometidos”.

La Federación, igualmente, considera que no se debe dar la posibilidad a las EPS del régimen subsidiado de convertirse en Gestoras de Salud, ya que eso sería un premio para unos agentes que han puesto muchas trabas a los usuarios y que den recursos a los hospitales.

En contraparte, la presidenta de GestarSalud (las EPS de régimen subsidiado), Elisa Torrenegra, cuestionó la motivación de la Reforma a la Salud que indica el mal funcionamiento de las EPS.

“Se ha tenido una garantía de acceso a todos los servicios y eso no se le puede desconocer al sistema como estaba. Si bien se quiere cambiar la figura por problemas de legitimidad y de desconfianza -que han sido propiciados por el propio gobierno-, no tiene porque desvalidar este sistema con expresiones desobligantes para los actores”, dijo Torrenegra

Ahora bien, Torrenegra está de acuerdo con la Reforma en buena parte, salvo algunos aspectos claves. Por ejemplo, rechaza que se mantenga la separación del régimen subsidiado y el contributivo, ya que esta diferenciación profundiza -en su criterio- las barreras de acceso a las personas que no tienen capacidad de pago.

“La diferencia no debe existir. El derecho a la salud debe ser único y con eso la gente que no tiene capacidad de pago no tiene porqué obligarla a que tenga que acceder a servicios a través de hospitales públicos que no tienen la capacidad resolutiva todos”, dijo.

Pero tal vez uno de los argumentos más interesantes que la mujer expuso a Colprensa es la posibilidad que los entes territoriales tengan la posibilidad de ser Gestores de Salud, ya que su administración dependería de los procesos electorales y, con esto, se dejaría el servicio de la salud a los votantes.

“Cuando son entidades públicas de gobierno locales que están sujetas a periodos electorales, se traen consigo cambios burocráticos. Los aprendizajes se pierden y nos exponemos hasta que el funcionario llegue y el funcionario aprenda”, señaló.

Departamentos, a favor

En contra parte, quienes sí están de acuerdo con la Reforma son las entidades territoriales. Carlos Alberto Botero, Gobernador de Risaralda y Coordinador de la Mesa de Salud de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que una oportunidad de eliminar las EPS del Régimen Subsidiado es precisamente la posibilidad de convertirse en Gestores de Salud.

“Los Gestores pueden ser públicos o privados pero si el departamento tiene la capacidad técnica y financiera para hacer eso, pues que lo haga. Creo que es un avance importante. Podemos ser los promotores, monitorear y articular el tema y los recursos pasarían de Salud-Mía mía a los prestadores”, dijo.

Botero alabó igualmente la creación de Salud-Mía por considerar que elimina a los intermediarios y, con el giro directo, permite que el dinero efectivamente llegue a los hospitales públicos que, cabe decir, son a quienes más dinero les deben las EPS.

“La salud como está no funciona de forma adecuada y tenemos que apoyarla con algunas modificaciones y ajustes y hacer planteamientos más concretos”, contó Botero a Colprensa. Para esto, se va a trabajar en un documento que se le entregará al Congreso de la República.